OPINIÓN

«Identidad de imputados: Una garantía procesal penal» Por Alexis Rogat Lucero (Fiscal Regional de Atacama)

Como es de público conocimiento, en atención a las reiteradas dificultades presentadas en la individualización de imputados extranjeros indocumentados que cometen delitos, el Fiscal Nacional, haciendo uso de las facultades que le otorga la ley orgánica que rige al Ministerio Público, estableció como criterio de actuación para todos los fiscales una serie de medidas destinadas a evitar espacios de impunidad respecto de quienes, luego de ser detenidos por su participación en un hecho punible, no cuenten con un documento oficial que permita corroborar su identidad o su calidad migratoria en nuestro país y, en consecuencia, no pudieren establecerse medidas cautelares eficientes para asegurar los fines del procedimiento, proteger a la víctima, evitar su fuga ni formularle correctamente cargos en la audiencia de formalización de una investigación, por no existir certeza sobre su verdadera identidad.

Ante tales situaciones, en cumplimiento de la instrucción general, los fiscales adjuntos deberán someter a estos imputados a control de detención por existir peligro cierto de fuga y solicitar al juez de garantía respectivo la ampliación de la detención e incluso, la prisión preventiva, mientras se encuentre pendiente la asignación de RUN provisorio por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación que permita individualizar al detenido.

Transcurrido un mes desde que la Fiscalía de Atacama comenzó a aplicar el denominado “Criterio Valencia”, podemos señalar que los resultados de tales medidas en nuestra región han sido satisfactorios, destacándose la coordinación entre la Fiscalía de Atacama, la Dirección Regional del Servicio de Registro Civil y las policías, con la finalidad de obtener la identificación oficial de aquel extranjero indocumentado autor de un ilícito, gestión que valoramos por la importancia que reviste el trabajo mancomunado de los servicios que intervienen en el proceso de persecución penal de los delitos y el aporte a la seguridad pública.

Si bien los imputados extranjeros indocumentados sometidos a audiencias de control de detención en la región, no representan una cifra significativa en comparación al resto del país, los fiscales de Atacama han dado cumplimiento a las instrucciones superiores con estricto apego a la Constitución y a la Ley, con el único propósito de asegurar que el proceso penal se centre en una persona cierta y determinada, evitando espacios de impunidad por falta de certidumbre de la identidad del imputado que debe ser objeto de una persecución penal seria y objetiva.

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