Un organismo regulador de Australia acusó este jueves a grandes compañías tecnológicas, con especial énfasis en Apple y Microsoft, de «no hacer lo suficiente» para combatir la explotación sexual infantil en sus plataformas.

El Comisionado de Seguridad Electrónica, una oficina creada para proteger a los usuarios de internet, indicó en un informe que estas compañías actúan de manera «inadecuada e insistente» para detectar el material que contiene abuso infantil; y que cuando los usuarios denuncian este material sus tiempos de respuesta son «lentos».

El organismo, conocido como eSafety, envió en agosto una serie de solicitudes de información a las gigantes tecnológicas (que incluye además a Meta -matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp-, Snap -Snapchat- y Omegle) sobre cómo estaban abordando este problema, en base a nuevas leyes de transparencia aprobadas en 2021.

«Este informe nos muestra que algunas empresas están haciendo un esfuerzo para abordar el problema con el material de explotación sexual infantil en línea, mientras que otras están haciendo muy poco», señala la comisionada de eSafaty, Julie Inman Grant.

En su estudio, el primero de este tipo en todo el mundo, el organismo australiano señala directamente a Apple y Microsoft por «no intentar detectar de manera proactiva el material de abuso infantil almacenado en sus servicios iCloud (Apple) y OneDrive (Microsoft)» a pesar de tener herramientas tecnológicas para ello.

Además, incide que ambas compañías «no usan ninguna tecnología para detectar la transmisión en vivo de abuso sexual infantil» en sus aplicaciones de videochat como FaceTime (Apple) o Skype (Microsoft).

Por otro lado, el informe subraya que Meta admitió que si una cuenta está bloqueada en Facebook, el mismo usuario no siempre está suspendido en Instagram, por ejemplo, y que además no tiene un sistema de prevención contra la reincidencia de los usuarios que proveen material ilegal.

«¿Qué impide que todos esos delincuentes creen nuevas cuentas en Facebook o Instagram y continúen abusando de los niños?», incide la comisionada.

El estudio también resalta la disparidad en la rapidez con que las empresas responden a los informes de los usuarios sobre abuso o explotación infantil en sus servicios, y apunta que en promedio Snap tarda unos cuatro minutos frente a hasta los dos días que suele tardar Microsoft, mientras indica que Apple y Omegle no tienen servicios de denuncia.

«La velocidad no lo es todo, pero cada minuto cuenta cuando un niño está en riesgo», insiste Inman Grant.

eSafety recalca que a pesar de que la actuación de las tecnológicas es «preocupante», este informe puede ayudar a elevar los estándares de seguridad de las compañías y «crear una voluntad colectiva en toda la industria para abordar este problema».

El italiano Francesco Giorgi, novio de la exvicepresidenta de la Eurocámara Eva Kaili, confesó su implicación en la trama de sobornos en el Parlamento Europeo (PE) que salpica a Qatar y Marruecos, y señaló a varios implicados, según informó este jueves el diario belga Le Soir.

Giorgi, de 35 años y padre de una niña de dos años con Kaili, de 44, admitió su culpabilidad ante la policía y ante el juez de instrucción en los interrogatorios a los que fue sometido por las autoridades belgas en el escándalo que estalló el viernes pasado.

El asistente parlamentario, a quien el juez decidió este miércoles mantener en prisión preventiva, señaló como cerebro de la trama al exeuroparlamentario italiano Pier Antonio Panzieri, a quien la policía decomisó 700.000 euros en su domicilio y quien también imputado y se encuentra en prisión provisional.

La esposa y la hija de Panzieri fueron detenidas en Italia y Bélgica solicitó su entrega.

El joven italiano inculpó, además, a otros dos eurodiputados socialdemócratas: el belga Marc Tarabella, cuyo domicilio ya fue registrado por las autoridades en el marco de la investigación, pero quien se encontraba en libertad; y al italiano Andrea Cozzolino, para quien Giorgi trabajaba como asistente.

Kaili, por su parte, se encuentra en prisión provisional y tiene fijada su vista ante el juez el próximo día 22, tras no haber podido comparecer este miércoles por una huelga de funcionarios.

En los registros, la policía encontró cientos de miles de euros en metálico en el domicilio de Kaili y Giorgi, con quien mantiene una relación desde hace cinco años.

Los agentes también sorprendieron al padre de Kaili saliendo de un hotel de Bruselas con bolsas de dinero, circunstancia que les permitió actuar pese a la inmunidad parlamentaria de la política griega, al entender que estaba cometiendo un delito flagrante.

Le Soir, diario que junto con Kanack dio la primicia del escándalo, agrega que Giorgi no imputó a la europarlamentaria belga Maria Arena, a quien no ha alcanzado por ahora la operación policial pero quien hizo público que uno de sus asistentes en la Eurocámara está también inculpado en la trama.

Los nuevos datos revelados por ese periódico apuntan cada vez con más fuerza a Marruecos, no sólo a Qatar, como origen de los sobornos. Señala en concreto al embajador de Marruecos en Polonia, Abderrahim Atmoun, y a dos agentes del servicio secreto marroquí a los que no identifica.

El Gobierno peruano declaró este miércoles el estado de emergencia en todo el país por 30 días, lo que implica la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad del domicilio y libertad de tránsito, entre otros, mientras evalúa la posibilidad de declarar un toque de queda.

«Se ha acordado el estado de emergencia a todo el país, debido a los hechos vandálicos y violentos, toma de carreteras y caminos que ya son actos que se están estabilizando (…) y requieren de una respuesta contundente y de autoridad», dijo el ministro de Defensa, Alberto Otarola, en respuestas a las protestas antigubernamentales en las que han muerto al menos siete personas.

El Gobierno decretó esta medida tras las manifestaciones y disturbios en los últimos días en diversos puntos del país en los que, por ahora, se han confirmado siete víctimas mortales de protestantes y más de un centenar de policías heridos.

«Se requiere una respuesta contundente y la autoridad de parte del Gobierno», dijo el ministro en el patio del Palacio de Gobierno en una breve comunicación ofrecida mientras se desarrollaba una reunión del Consejo de Ministros.

Explicó que en unas horas se oficializará en una edición especial del diario oficial El Peruano la norma por la que se decreta por 30 días el estado de emergencia a nivel nacional, lo que significa que la Policía Nacional de Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

«Quiero recordar que la declaratoria del estado de emergencia nacional significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión«, indicó Otárola.

El ministro señaló que esta medida ha sido motivada «para que la ciudadanía pueda tener la seguridad y la certeza de que estamos controlando el orden interno y luego vamos a asegurar el libre tránsito y la paz para todos los ciudadanos», dijo al añadir que es necesario proteger las infraestructuras estratégicas para asegurar el bienestar y paz de ciudadanos.

Además añadió que existe la posibilidad de también decretar toque de queda pero que tienen que definir el marco legal de la norma.

Las protestas producidas en los últimos días sobre todo en el sur del país piden la convocatoria de una asamblea constituyente, el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso, la dimisión de la presidenta Dina Boluarte y la liberación del exmandatario Pedro Castillo, detenido desde hace siete días tras el autogolpe de estado fallido.

Este lunes, manifestantes invadieron el aeropuerto de la segunda ciudad del país, Arequipa, y una central láctea. Este martes, protestantes tomaron una planta de gas en el departamento de Cuzco y se han sucedido numerosos cortes de carreteras, saqueos de comercios o incendios a instituciones públicas en diversos puntos del país.