El abogado Francisco Cox destacó que en el país existe una «política de limpieza social» luego de las declaraciones emanadas de la Policía Nacional Bolivariana.

El integrante de la Misión Internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de investigación sobre Venezuela, Francisco Cox, aseguró que en dicho país existe una «política de limpieza social», hallazgo que se sustenta en declaraciones de las fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana.

«Hay una política de limpieza social, persecución al delito que incluye ejecuciones extrajudiciales; el sustento de eso son declaraciones con miembros de fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana, y que dan cuenta de que tenían luz verde para matar«, aseguró el abogado chileno en conversación con Radio Cooperativa.

Cox aseveró que se trata de «verdaderos operativos que se hacían en zonas de barrios más populares, los que se iniciaban supuestamente con el intento de detener a algún líder de alguna organización criminal que efectivamente existía, pero que rápidamente se pasaba a tener que traer muertos y se hacían ejecuciones extrajudiciales«.

Por último, aseguró que son las Fuerzas de Acciones Especiales quienes ejecutan esta «política criminal, y las cifras de muertes por ‘resistencia a la autoridad’, que es como las oficializa el Estado venezolano, son sumamente altas para cualquier estándar de país».

Justicia británica analiza el recurso de Maduro sobre el oro de Venezuela

El Tribunal de Apelaciones de Londres analiza a partir de mañana, martes, el recurso de la Administración del presidente venezolano, Nicolás Maduro, contra el fallo que dio al equipo «ad hoc» del líder opositor Juan Guaidó el control sobre las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra (BoE).

Tras escuchar a las partes hasta el jueves, los jueces Kim Lewison, Stephen Males y Stephen Phillips decidirán, en una fecha por concretar, si su colega Nigel Teare, de la división Comercial y de la Propiedad del Tribunal Superior, acertó cuando el 2 de julio se pronunció a favor de Guaidó.

Teare dictó entonces que es la junta «ad hoc» del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Juan Guaidó, presidida por Ricardo Villasmil, y no la oficial designada por Maduro y encabezada por Calixto Ortega, la que puede acceder a los 31 lingotes de oro venezolanos, valorados en unos 1.300 millones de dólares.

El juez consideró que el Gobierno británico ha reconocido «inequívocamente» a Guaidó como «presidente interino constitucional» del país sudamericano y es por tanto la junta nominada por él -que ha sido declarada ilegal en Venezuela y cuyos miembros viven en el extranjero- la que tiene autoridad sobre las reservas.