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OPINIÓN

“Inversión: un pésimo legado” Por Sofía Cid Versalovic (Diputada por Atacama)

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Atacama he pasado en los últimos 8 años por periodos económicos buenos y por periodos malos. Si en la primera administración del presidente Piñera liderábamos en los indicadores positivos de crecimiento, inversión y empleo, en el segundo mandato de la ex presidente Bachelet pasamos a estar entre las regiones más golpeadas por las malas reformas económicas.

Más allá de los ciclos de la minería, este cambio radical en los resultados en Atacama se debe a que las reformas implementadas por la ex Nueva Mayoría repercutieron directamente en la inversión, y, en consecuencia, en la generación de empleos.

Entre 2014 y 2017 la inversión a nivel nacional disminuyó un 2% y el efecto de esta mala política pública lo han debido sentir los miles de atacameños que no pudieron poner en marcha proyectos o emprendimientos, así como aquellos hombres y mujeres que perdieron su trabajo o que simplemente no logran encontrar un empleo para mantener a sus familias.

Es una necesidad apremiante reactivar la economía regional y nacional, para que miles de compatriotas puedan aspirar a mejor su calidad de vida y la de sus familias. Y para ello se deben tomar una serie de medidas, de carácter administrativo y también legislativo.

El Gobierno de Presidente Sebastián Piñera, haciendo eco de la ciudadanía, ha ingresado al Congreso el Proyecto de Ley Pro Inversión, cuyo objetivo principal es facilitar algunos procedimientos y trámites para atraer nuevamente la inversión Chile. Entre las medidas propuestas se encuentran reforzar el sistema de ventanilla único para obtener permisos y autorizaciones, mantener actualizado catastro de concesiones mineras para disponer de información oportunamente y digitalizar una serie de trámites en distintos servicios.

En la línea legislativa, el Congreso tiene una oportunidad como pocas, de mostrar su preocupación por los temas que realmente importan a la gente: la generación de empleos y mejora en los salarios reales necesariamente requieren de más y mejores inversiones. Más inversiones, es decir, revertir la tendencia a la disminución que se ha heredado del gobierno anterior. Mejores inversiones, es decir, proyectables en el tiempo, que repercutan positivamente en las comunidades donde se realizan y que permitan mejorar el capital humano.

Es verdad que se trata de una tarea difícil: hay sectores políticos que con tal de defender sus consignas ideológicas están dispuestos a negar los números y señalar que no es necesario hacer modificaciones para facilitar la inversión. Será una buena ocasión para saber que parlamentarios estamos realmente enfocados en el objetivo de apoyar la reactivación la economía y generación de puestos de trabajo.

Como mujer y madre, nacida y jugada por Atacama, tengo la firme convicción que nuestra región tiene todo el potencial para ser una verdadera tierra de oportunidades para todos aquellos hombres y mujeres. Con inversión y empleo podemos convertir esta tierra en un lugar donde la gente pueda perseguir sus sueños, y en donde con esfuerzo y trabajo podamos forjar un mejor futuro para las futuras generaciones.

Como diputada por Atacama, quiero reiterar a todos los atacameños mi compromiso con todas las iniciativas que permitan sacar del estado de letargo la economía regional. Es mi prioridad que las inversiones regresen a la región, y que la gente tenga trabajo y oportunidades. En esto soy categórica: no hay mejor política social que el empleo para combatir la pobreza, el subdesarrollo y mejorar la calidad de vida.

Soy Sofía Cid Versalovic, diputada por Atacama.

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OPINIÓN

Necesidades concretas frente al crimen organizado ( Fiscal Regional de Atacama, Alexis Rogat Lucero)

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La Región de Atacama si bien está lejos aún de realidades delictuales de otras zonas del país, no es menos cierto que también está viviendo un presente desconocido hasta hace pocos años, por cuanto la comunidad está siendo afectada por delitos cada vez más violentos que van de la mano con la preocupante proliferación y uso de armas de fuego convencionales y de confección artesanal. Es esta una cuestión que nos causa suma preocupación como Fiscalía y que redobla nuestra inclaudicable determinación de perseguir y reprimir los delitos desde el mismo momento de su ejecución.

Adicionalmente, debe considerarse que, hoy en día, la expresión del fenómeno criminal ha superado la antigua imagen del delincuente solitario, al conformar agrupaciones de criminalidad organizada que obligan al Estado a adoptar nuevas formas de actuación para neutralizar y desarticular su nefasto accionar, lo que en el caso del Ministerio Público se ha expresado a través del trabajo que desarrollan fiscales especializados y las Unidades de Análisis Criminal y Focos Investigativos, que han integrado eficientemente la labor de inteligencia, el análisis de información y detección de agrupaciones delictuales con el aspecto jurídico-operativo, al llevar ante Tribunales de Justicia a sus responsables e instar por una condena penal.

Es en esa dirección que se valoran las medidas anunciadas por las autoridades centrales y que forman parte del Plan Nacional de Seguridad.

Sin embargo, cuando la lucha del Estado contra la criminalidad organizada carece de un profundo análisis de las diferentes realidades regionales, de los requerimientos institucionales y de la dinámica delictual, pierde toda razonabilidad y fuerza. En efecto, la creación de unidades policiales especializadas de poco sirve si no se les dota de herramientas tecnológicas y contingente preparado para asumir estos nuevos desafíos; de nada sirve recurrir a las figuras de fiscales preferentes o exclusivos, si quienes son destinados a esta tarea, son los mismos fiscales que –hace años- acusan un déficit de personal versus el nivel de ingreso de denuncias que ha llegado desde hace tiempo a niveles críticos en algunas partes del país, sin que exista voluntad de aumentar el número de fiscales y sus respectivos equipos de trabajo. Ese fiscal preferente o exclusivo, es el mismo que arrastra una sobrecarga de investigaciones que, además, debe extremar sus esfuerzos para participar de las audiencias judiciales diarias, asumir turnos telefónicos, confeccionar órdenes de investigar a las policías, análisis de sus resultados, atención de víctimas y testigos, alegar ante las Cortes de Apelaciones, preparación de Juicios Orales, entre muchas otras tareas, las que podrían optimizar su distribución si existiera un mayor número de fiscales y así dar prioridad y enfocar su esfuerzo a aquella tarea exclusiva de persecución penal de quienes cometen delitos.

Asimismo, de poco o nada aporta a la seguridad país la generación de proyectos de ley contenedores de figuras penales con altas sanciones, si no se asigna a las instituciones mencionadas los mínimos recursos técnicos y de personal para asegurar la ejecución de su función y las medidas de seguridad que les permita reaccionar ante las acciones de grupos de delincuentes que, en otras partes de América, en lo que va de 2022, ya ha cobrado la vida de varios fiscales a manos de organizaciones criminales.

En ese orden de ideas, resulta muy importante centrar la atención en las medidas de Estado que lleven a un aumento efectivo de la dotación policial para el país, así como un incremento de la planta del Ministerio Público, con la especialización y las herramientas tecnológicas que faciliten una persecución penal más eficiente y efectiva, junto a una tarea legislativa en materia de seguridad que se transforme en un punto de encuentro contra la criminalidad organizada.

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OPINIÓN

¿Por qué se ataca a la minería chilena?   ( Por: Dominique Viera Peñailillo, VPO Metaproject Chile , Vicepresidenta Cámara Minera de Chile , Directora de APRIMIN y AIC)

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Chile por años ha sido el primer productor de cobre del mundo, quizás uno de los pocos títulos en donde los chilenos debemos sentirnos orgullosos. La minería es el que presenta los mejores indicadores socio económicos, también en educación, salud, bienestar y según el informe de las Organización de las Naciones Unidas, Chile es el país que ocupa el primer lugar en la región de desarrollo humano, donde el máximo es uno y el país obtiene un valor IDH de 0,84. Nuestro país también es el campeón mundial como primer productor de cobre del mundo, cada minuto Chile produce 10 toneladas de cobre fino para el mundo. Además, más de 2,5 millones de chilenos dejaron de ser pobres gracias en gran parte a la minería, generando mayores empleos de calidad y es la industria que mejor remunera, logrando disminuir la extrema pobreza de cerca de 40% en los años ´80, a solo 6,4%. Sin embargo, hoy en día está enfrentando una serie de ataques desproporcionados y amenazas que la ponen en alerta y peligro con sus productores, inversionistas y la gran masa de trabajadores que gozan de empleos de calidad.

 

Complementando lo anterior, “el Litio y las tierras raras, serán más importantes que el petróleo y el gas”, avisaba la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, en su discurso sobre el estado de la Unión. Sus referencias a los combustibles fósiles al hablar de los materiales que deben sostener la transición energética fueron constantes. “Debemos evitar volver a ser dependientes, como nos pasó con el petróleo y el gas”, insistió.

 

En LATAM están los mayores jugadores del Litio, Argentina con un gran portafolio de proyectos y grandes inversiones, Chile con su política zigzagueante y poco clara, Bolivia que ha logrado acuerdos significativos para desarrollar su industria de Litio, a continuación, está Perú con su gran yacimiento, pero aún en desarrollo. Si Chile y el mundo político no despierta no solo nos quedaremos atrás, sino que llegaremos tarde a todo. En Chile no hay otra industria tan importante como la minería, entonces ¿por qué se ataca?, ¿Cuáles son las razones?

 

Algunas críticas y ataques infundados a las que está expuesta: Que es solo extractivista, cuya razón es más ideológica que técnica, que no se paga impuestos equitativos con royalty, que destruyen los glaciares, que consume toda el agua, que es sucia, que contamina, que no es amigable con la naturaleza, etc.

 

Quizás a las mineras les ha faltado socializar más las actividades de sustentabilidad, llegar más a la sociedad cada vez más caprichosa que exige mayor cooperación y ser tomada en cuenta. Pero todo tiene solución, si se hacen políticas públicas, inteligentes, sustentables, comprometidas con cuidar la naturaleza, entonces ¿por qué se sigue atacando?

 

Entendemos que Chile es el campeón mundial de la crítica y el chaqueteo y empareja hacia abajo, pero porque no apoyar a la minería y mejorar lo que se tenga que mejorar y desarrollarla para que siga siendo el sueldo y el pan de cada día de los chilenos.

 

Por eso, Chile se da un verdadero disparo a los pies.

 

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OPINIÓN

Criterios para una nueva instancia constituyente (Emilio Oñate Vera, Decano Facultad de Derecho y Humanidades UCEN)

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Teniendo en cuenta la discusión político-jurídica por la que atraviesa el país, parece adecuado considerar algunos de los siguientes criterios:

Las reglas del juego que determinarán el funcionamiento de la nueva instancia constitucional -esto es el reglamento para su funcionamiento- debería elaborarse antes de la elección de quienes redactarán el nuevo texto.

También parece prudente conformar una instancia constituyente más reducida. Una alternativa podría ser con 50 integrantes para equipararlo al número actual de Senadores o el doble de ello, es decir 100, si el mecanismo de elección es por listas cerradas, lo que facilitaría que las colectividades políticas estructuraran dichas listas, siempre paritarias, con independientes y especialistas en las temáticas propias de una Constitución.

En relación con el plazo para la elaboración de la propuesta del nuevo texto, estimo indispensable que sea más breve, 6 a 8 meses, teniendo especialmente en cuenta que en el año 2024 tenemos elección municipal y en 2025 elección parlamentaria y presidencial. Por consiguiente, el espacio para elegir la instancia constituyente y para que esta entregue una propuesta, la que debe ineludiblemente ser ratificada vía plebiscito con voto obligatorio por la ciudadanía, es el 2023 y no después.

Muy ligado a la cuestión de los plazos, también parece adecuado considerar varias de las cuestiones tratadas en el texto constitucional anterior, así como la propuesta presentada en las postrimerías del segundo gobierno de la presidenta Bachelet y también recoger elementos propios de la tradición constitucional chilena; es decir, proponer un texto que más que refundar permita tener un mejor diseño institucional que reconozca y reconfigure los derechos fundamentales, para lo cual el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho resulta indispensable.

 

 

 

 

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101.9 MHZ: Caldera, Bahía Inglesa, Bahía Salada, Barranquilla, Puerto Viejo, Ramada, Rodillo, Obispito, Aeropuerto, Ruta 5 y el litoral.

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