En su primer pronunciamiento desde el fallo de la Corte Suprema, la Asociación de Isapres aseguró que «es posible» cumplir con su mandato, que ordenó a las aseguradoras aplicar la nueva tabla de factores -dictada en diciembre de 2019 por el regulador- a todos sus afiliados y, además, restituirles los cobros en exceso tras implementar la adecuación.

El comunicado del gremio comienza sosteniendo que la resolución del máximo tribunal «es consecuencia de la postergación de una reforma integral al sistema de aseguramiento privado, mandatada hace más de una década al Ejecutivo y los poderes colegisladores. La judicialización que ha enfrentado el sector obedece a dicha falta de respuesta y no a un incumplimiento de normas por parte de las Isapres».

En cuanto al contenido del dictamen, apunta que está «bajo responsabilidad del regulador su correcta aplicación, para no arriesgar la supervivencia operacional de las Isapres (…) dependiendo de las decisiones que adopte la Superintendencia de Salud el resultado será, o la transformación a un modelo más uniforme, o el caos, que tendrá como resultado la falla del sistema privado de salud, en un escenario de postpandemia y crisis económica».

Después de que la Superintendencia negara comenzar una operación de «salvataje» del sector, la asociación indicó que «vemos con preocupación la falta de urgencia en la toma de decisiones por parte del regulador; el centro de la discusión debe estar en generar soluciones inmediatas y sostenibles, que den claridad y certeza a las personas sobre la continuidad de sus coberturas, tratamientos y licencias médicas, permitiendo la operación del sector».

«Lo que no puede suceder, y algo que debe resguardar la Superintendencia de Salud, es que una errada aplicación de la sentencia ocasione el golpe final al sistema de aseguramiento privado, con un daño directo no sólo a los afiliados, sino a la mitad de la población del país que se beneficia con el uso de la red de prestadores privados», emplazó.

Al cierre, el gremio dijo tener «la convicción de que es posible cumplir con el mandato de la Corte Suprema sin afectar a los pacientes y beneficiarios, lo que depende exclusivamente del mecanismo que defina la Superintendencia de Salud y que debe ser fiel al espíritu de un dictamen que buscó el mejoramiento y no la eliminación del sistema privado de salud».