La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió al paso de las críticas hacia la titular de Desarrollo Social, Jeanette Vega, quien aseguró que existen «presos políticos» en nuestro país, lo que finalmente desdijo, y señaló que «como Gobierno somos enfáticos en señalar que le corresponde a los tribunales de justicia la calificación de estos delitos«.

«Nosotros podemos respetar y considerar las distintas opiniones políticas legítimas de partidos, parlamentarios y ciudadanos en torno al calificativo o no de un grupo de personas que hoy día están privadas de libertad en las cárceles de nuestro país, pero como Gobierno somos enfáticos en señalar que le corresponde a los tribunales de justicia la calificación de estos delitos«, dijo la ex diputada comunista en la vocería de esta jornada.

Y recalcó que «lo que tenemos en Chile, y lo que ha sucedido en nuestro país, es que en el contexto del estallido social se produjeron situaciones que derivaron en detenciones de personas que han estado privadas de libertad por un tiempo que ha sido excesivo, y están privadas de libertad por delitos que se le ha imputado, que algunos no se han comprobado, otros si han terminado en condena, pero los que no han tenido juicio y que no ha derivado en condena siguen privados de libertad por un periodo que no es sostenible».

Además, reiteró el compromiso por el proyecto del indulto y dijo que «seguimos dialogando en el Congreso para avanzar hacia un indulto que permita resolver esta situación bajo el compromiso que hemos establecido».

Por su parte, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, matizó con que «el país no necesita que nos enfrasquemos en una guerra de cuñas, acá lo importante no es la cuña sino que abordar los temas de fondo, lo que el país necesita es una agenda de seguridad, es lo que está haciendo el Gobierno».

Desde el Poder Judicial, la ministra de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, aclaró que «lo del preso político en realidad es una teoría al caso que tiene que formular la defensoría penal, la defensoría que está defendiendo y, en el caso concreto, una vez que se rinden las pruebas que tanto la defensoría como el Ministerio Público formular las preguntas, el tribunal recién ahí tiene que analizar si el caso concreto se trata de un delito común o un delito político«.

El cineasta nacional Nicolás López recibió una sentencia de cinco años de cárcel por los dos delitos de abuso sexual que cometió contra mujeres en noviembre y diciembre de 2015 en la Región Metropolitana.

A cuatro años del reportaje de la revista Sábado que destapó las denuncias, y tras seis semanas de juicio, este lunes el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Viña del Mar comunicó la sentencia contra el director y productor.

A fines de abril, López fue declarado culpable por dos delitos de abuso sexual, en tanto que resultó absuelto por un caso de violación -presuntamente ocurrido en 2004 en la Ciudad Jardín, a raíz del cual el proceso radicó en ese tribunal-, y otro de ultraje público.

El Ministerio Público, que inicialmente buscaba 15 años de cárcel, tras conocerse el veredicto condenatorio, solicitó una pena cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo.

La defensa, por su parte, pidió considerar algunas atenuantes para que se interpongan dos penas de 61 días, que podrían ser cumplidas en libertad. Y si el tribunal descartaba las atenuantes, solicitaba dos penas de 541 días, o bien, una pena única que pueda cumplirse bajo libertad vigilada.

Las atenuantes discutidas eran una irreprochable conducta anterior y colaboración en la causa, ya que, según sus representantes legales, López entregó sus teléfonos para que fueran peritados. Versión que la Fiscalía rechazó ya que, planteó, los aparatos fueron puestos a disposición sólo meses después de iniciada la investigación y con más de 2.700 mensajes borrados que finalmente fueron recuperados por la Policía de Investigaciones.