La defensora del pueblo ucraniana, Lyudmila Denisova, alertó hoy sobre la «creciente crisis humanitaria» en la región de Jersón, que dentro de dos semanas podría quedarse sin medicamentos y donde todavía queda más de la mitad de su casi un millón de habitantes.

«Los residentes de la región no tienen posibilidad de ir al territorio controlado por Ucrania y la capacidad de moverse por la región está prácticamente restringida. Los ocupantes no permiten el acceso de voluntarios con ayuda humanitaria y saquean los cargamentos humanitarios», denunció en su cuenta de Telegram.

Denisova cita al alcalde de Jersón, Igor Kolyjaev, según el cual la ciudad «se quedará sin medicamentos en dos semanas, ya no hay soluciones para las vías intravenosas, la medicación para enfermedades cardiovasculares es insuficiente y falta oxígeno».

«En todos los distritos de la región de Jersón, sin excepción, existe una importante necesidad de medicamentos», advirtió.

Agregó que quedan unas 500.000 personas de alrededor del millón de habitantes que tenía la región antes de la guerra.

Indicó que «en los primeros días de la ocupación de la región sur, los ocupantes saquearon un gran número de cadenas de alimentación y farmacias» y los productos ucranianos fueron exportados a Crimea y Rusia.

Denunció que como «ayuda humanitaria», los rusos distribuyen productos de hace cinco años y medicamentos caducados y exigen, a cambio, datos personales, listas de pensionistas, trabajadores sociales y de las personas que viven en una determinada comunidad.

Denisova hizo un llamamiento a la comisión de la ONU para la investigación de las violaciones de los derechos humanos durante la invasión militar rusa de Ucrania «para que tenga en cuenta estos hechos de violación de los derechos humanos en Ucrania».

La agencia Ukrinform recuerda que tropas rusas tomaron el edificio del ayuntamiento de Jersón el 25 de abril y que el alcalde de la ciudad declaró que se negaba a cooperar con la «nueva administración» nombrada por los rusos.

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, pidió este lunes a sus socios europeos que avancen «definitivamente» en la ratificación de los acuerdos comerciales de la Unión Europea (UE) con Chile, México y Mercosur.

«No existe en el planeta una región más eurocompatible que América Latina y Europa le da la espalda con demasiada frecuencia. (…) Hoy voy a insistir en que es necesario concluir, ratificar, avanzar definitivamente con los acuerdos comerciales con Chile, con México y por supuesto, con Mercosur», dijo Albares a su llegada a la reunión que los ministros de Exteriores celebran hoy en Bruselas.

Un encuentro en el que tratarán de dar un impulso al sexto paquete de sanciones contra Rusia, que incluye principalmente un veto a las importaciones de petróleo ruso en seis meses y petróleo refinado en ocho meses y que Hungría, Eslovaquia y la República Checa bloquean por su alta dependencia.

Estos tres países piden que se les dé un año extra que al resto de sus socios (hasta el 31 de diciembre de 2023) para completar la transición y que Bruselas financie las infraestructuras necesarias para adquirir el crudo desde otros países distintos a Rusia.

En la reunión de hoy, no obstante, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, informará al resto de ministros sobre su reciente viaje a Panamá y a Chile.

Será en este contexto en el que Albares pedirá al resto de países de la UE que avancen en la modernización de los acuerdos comerciales con Chile, México y los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

La UE y Chile negocian desde 2017 una modernización del acuerdo de libre comercio que entró en vigor en 2003.

Bruselas y México alcanzaron un acuerdo a nivel político en 2018 para actualizar el anterior acuerdo comercial del año 2000, pendiente aun de ratificación.

El pacto con Mercosur se logró en 2019, pero su ratificación está estancada porque países como Francia o Austria han vetado el proceso, alegando que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, no respeta el Acuerdo de París sobre cambio climático, con sus políticas de deforestación del Amazonas.