La Cámara Baja aprobó el informe de la comisión mixta, por lo que la iniciativa finalizó su tramitación.

La Cámara de Diputados aprobó este martes el informe de la comisión mixta del proyecto de protección al empleo propuesto por el Gobierno y que apunta a evitar despidos en medio de la crisis por la pandemia del Covi-10, permitiendo a empresas con dificultades económicas seguir pagando sólo las cotizaciones legales, en tanto los salarios son cubiertos por el seguro de cesantia.

De esta manera, y tras su aprobación previa en el Senado, la iniciativa finalizó su tramitación en el Congreso.

El texto final define que, frente a medidas de las autoridades que impliquen la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país y que impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo que cumplan con las condiciones establecidas, excepcionalmente tendrán derecho al uso de esta prestación.

El proyecto sufrió varios traspiés ante de su aprobación en ambas Cámaras, ya que el viernes el Senado había rechazado las modificaciones realizadas por la Cámara Baja: por ello, debió ir a una comisión mixta donde ayer, luego de 10 horas de debate, finalmente lograron despachar el texto que finalmente recibió el visto bueno hoy.

Puntos claves de la iniciativa

Entre los puntos que permitieron el acuerdo entre senadores y diputados se introdujeron modificaciones permitiendo que los trabajadores que, en coordinación con sus empleadores, se acojan a esta ley estén mejor protegidos, y se dispuso que llegue a más trabajadores y se mejoró la tasa de reemplazo de quienes ganan menos.

De esa forma, según explicó previamente el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, un trabajador que esté cerca del salario mínimo va a tener una tasa de reemplazo del 70 por ciento durante los primeros tres meses, mientras que en el cuarto mes pasará a ser 62 por ciento.

Además, durante la vigencia de la suspensión temporal de la relación laboral, el empleador estará obligado a pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social, tanto de su cargo como aquellas del trabajador, con excepción de las cotizaciones del seguro social, las que se calcularán sobre el 50 por ciento de la remuneración que sirve de base para el cálculo de la prestación del seguro de cesantía.

Durante la vigencia de la suspensión, el trabajador mantendrá su derecho a licencia médica por enfermedad o accidente y a los subsidios por incapacidad laboral derivados de las. Asimismo, tendrán cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia, se hayan o no pagado las cotizaciones.

En el caso de que empleadores y trabajadores hayan pactado continuar con la relación laboral durante el estado de catástrofe, deberán continuar, dentro de dicho período, pagando y entregando las cotizaciones previsionales y de seguridad social.

También contempla normas especiales para las trabajadoras y los trabajadores de casa particular, y regula la opción de suscribir pactos entre empleadores y trabajadores, bajo ciertas condiciones.

Los compromisos asumidos por el Gobierno

Además, el Ejecutivo asumió una serie de compromisos, entre ellos, solicitar a la Dirección de Trabajo un nuevo dictamen que interprete o precise los alcances del polémico documento que establece que las empresas pueden ver exoneradas sus obligaciones de los contratos laborales en el marco de la emergencia por el Covid-19, el cual había ensombrecido el debate del proyecto.

Otra promesa es que el Gobierno deberá buscar mecanismos para apoyar a los trabajadores independientes con boletas a honorarios, que no está incluidos en el proyecto.

El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, Juan Pablo Letelier (PS), destacó que «este protocolo permite comprometernos a ver a los que no estén en esta ley, trabajadores independientes, a honorarios, por cuenta propia, colectiveros, pescadores artesanales«.

«Hay varios sectores que están fuera de esta ley porque no están cubiertos por el seguro de cesantía. El compromiso es seguir trabajando tal como lo hicimos con esta ley para buscar una solución para ellos», expresó.

Con el fin de contribuir a la sustentabilidad del Fondo de Cesantía Solidario, el proyecto aprobado contempla el ingreso de aportes adicionales del Estado, que serán determinados por la Dirección de Presupuestos en la magnitud que lo defina un estudio, pero que en ningún caso podrá ser superior a 2.000 millones de dólares.