En último trámite, la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó los cambios efectuados por el Senado y despachó la ley «CATI», sigla de Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, que fortalecerá la fiscalización de la velocidad de los vehículos.

La norma, una vez entre en vigor, permitirá la instalación de fotorradares en vías públicas y concesionadas. Los lugares donde se ubiquen los dispositivos deberán estar señalizados y, de todas formas, se deberán garantizar derechos como la protección de la vida privada, los datos personales y la inviolabilidad del hogar.

La ley mandata a la Subsecretaría de Transportes a comunicar directamente al propietario de un automóvil las siguientes contravenciones:

• Exceder la velocidad máxima permitida.
• Transitar en un área urbana con restricción por razones de contaminación ambiental.
• Infracción a las normas de transporte terrestre susceptibles de ser captadas mediante estos dispositivos.
• No respetar la luz roja.

De esta repartición dependerá la nueva División de Fiscalización del Transporte y Tratamiento Automatizado de Infracciones de Tránsito, cuyas funciones serán:

• Gestionar el sistema informático y administrativo que permitirá la gestión electrónica de tratamiento de infracciones y de los pagos respectivos.
• Mantener la operación y desarrollo del equipamiento, sistemas y aplicaciones necesarios para el procesamiento automatizado de las infracciones de tránsito que sean susceptibles de ser captadas mediante equipos de registro automáticos.
• Cursar y tramitar las infracciones a los propietarios de los vehículos que sean detectados contraviniendo las disposiciones de la presente ley por la red de dispositivos de tratamiento de infracciones.
• Definir, organizar y publicar las zonas de control mediante la red de dispositivos.
• Coordinar con diversos organismos los lugares y la instalación del equipo para la fiscalización automatizada.

Las infracciones cometidas se comunicarán en forma física o digital. Los conductores podrán entregar su correo electrónico para que le llegue la información. También podrán consultar el registro. El sistema deberá evitar el acceso masivo de estos datos.

El Gobierno anunció este miércoles que congelará la tarifa adulta del transporte público regulado durante «al menos» todo el primer semestre de este 2023, mientras que el pasaje escolar y el adulto mayor conservarán su precio actual durante todo el año.

«Nuestra prioridad como Gobierno son las chilenas y los chilenos. Sabemos que la tarifa del transporte público impacta directamente en los bolsillos de quienes más lo necesitan y usan. Por eso, hemos decidido mantener el congelamiento durante al menos todo el primer semestre, y durante todo el año, para los escolares y adultos mayores», sostuvo el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

«Queremos apoyar a las familias y darles la tranquilidad que la tarifa del transporte público regulado se mantendrá en sus actuales valores», agregó.

El precio del pasaje se ubica en 700 pesos en buses del sistema red y entre 640 y 800 pesos en el Metro y el Metrotren dependiendo del horario. Para los estudiantes de educación medica y universitario el valor estándar es de 230 pesos.

Los montos se encuentran congelados desde el 2019, cuando se intentó subir 30 pesos, lo que finalmente dio paso al estallido social; pero el panel de expertos volvió a recomendar una pronta alza en sus últimas reuniones, ya que este año se destinaron casi 700 mil millones de pesos para que subsistiera el sistema de transportes.