Macri firmó decreto para endurecer el control migratorio en Argentina
La polémica medida aprobada por el presidente trasandino también incluye procedimientos para acelerar la expulsión en caso de delitos y de ingreso clandestino de extranjeros.
A través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, aprobó polémicas medidas que endurecen el control migratorio y aceleran los procesos de expulsión en caso de delitos y de ingreso clandestino de extranjeros.
El gobierno justificó en «recientes hechos de criminalidad organizada» la nueva reglamentación, que también busca apurar las deportaciones, sin requerir una condena firme, a través de un «procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo» de no más de dos meses.
Las autoridades alegaban que actualmente concretar órdenes de expulsión «puede llegar a siete años de tramitación».
El decreto firmado por Macri y todo su gabinete precisa que el procedimiento sumarísimo se aplicará a extranjeros involucrados en hechos delictivos y «a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional».
«Ponemos límites a quienes vienen a delinquir. Trataremos de expulsarlos. Antes había controles pero no había una política clara del Poder Ejecutivo en este tema», declaró el director de Migraciones, Horacio García, al canal Todo Noticias.
Eso sí, descartó que Argentina esté cerrando sus fronteras y aseguró que «215.000 personas ingresaron en 2016 y obtuvieron su radicación».
¿QUÉ ESTABLECE LA NUEVA NORMA?
La nueva norma establece que no podrán ingresar al país personas que presenten documentación falsa u omitan informar de antecedentes penales por delitos graves, que van desde tráfico de armas y personas hasta «actividades terroristas». También pueden cancelarse las residencias otorgadas en el pasado «cualquiera fuese su antigüedad».
Según el decreto, la cantidad de extranjeros bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal «se incrementó hasta alcanzar en 2016 el 21,35% de la población carcelaria total«.
También sostiene que el 33% de las personas detenidas por delitos relacionados con la narcocriminalidad tienen nacionalidad extranjera, mientras que del total de la población, sólo 4,5% es de otro país.
El decreto presidencial fue cuestionado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que advirtió sobre la parcialidad de las cifras debido a que se refieren al Servicio Penitenciario Federal que representa solo el 15% de la población carcelaria total.
LEGISLACIÓN ACTUAL
Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del CELS, explicó que los supuestos por los que se prohíbe el ingreso o se puede expulsar de Argentina a un extranjero ya estaban contemplados en la Ley de Migraciones aprobada por unanimidad en 2004, una norma que da derecho a residencia al habitante de Latinoamérica «como sujeto privilegiado».
La ley contempla la expulsión a condenados por delitos con penas de más de cinco años de prisión pero la reforma agrega otros como los que figuran en el código contravencional.
«Esto puede alcanzar situaciones de venta en la vía pública, personas que están en una casa tomada o los que corten la calle», afirmó Morales al diario Página/12.
EFE
