El psiquiatra Jaime Eduardo Barros Ortiz transaba estos documentos que estaban previamente confeccionados y sólo faltaba poner nombre y RUT del “paciente” y para ello se valía de “captadoras” que los ofrecían y luego los llevan al local para cerrar el negocio por un pago de $70 mil. Isapres y Fonasa anunciaron querellas en contra del grupo.

El médico detenido por vender licencias en un café con piernas del centro de Santiago causó un perjuicio económico de $300 millones a las isapres y de $100 millones al Fonasa, según se informó este viernes en su audiencia de formalización.

Se trata de Jaime Eduardo Barros Ortiz, detenido este jueves por la PDI en su “oficina” de Huérfanos con Amunátegui. Junto a él cayeron cinco “captadoras” de clientes y cuatro “pacientes” sorprendidos comprando los permisos médicos adulterados.

El psiquiatra fue imputado por el delito de extender licencias médicas sin examinar a los pacientes ni realizarles chequeos de salud que justificaran la emisión de los documentos. Al resto de los detenidos se les formalizó como colaboradores y cómplices.

Según explicó el fiscal Sebastián Gana, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, todas estas personas fueron detenidas luego de que un funcionario de la PDI, que estaba realizando actividades personales en el centro de Santiago, se percató de que diversas personas estaban al interior de un café aportando datos personales y otras llenando licencias médicas.

De acuerdo al fiscal, todas las personas fueron detenidas dado que según el Código Penal, incurren en el delito quienes otorgan, obtienen o tramitan licencias médicas falsas. “Aquí es el doctor quien otorga las licencias médicas falsas, los pacientes son quienes las obtienen y los captadoras quienes las tramitan”, indicó.

En la detención del médico, la PDI incautó $2.180.000 producto de la venta de las licencias médicas a $70.000 cada una. Este jueves, al momento de su captura el médico había entregado alrededor de 30 documentos, mientras tenía una fila de “pacientes” esperando el trámite.

La Fiscalía Centro Norte solicitó al tribunal la medida cautelar de arraigo nacional y la suspensión para Barros Ortiz de la facultad de otorgar licencias médicas durante el periodo que dure la investigación que fue fijado inicialmente en 120 días. En tanto, para el resto de los imputados el fiscal Gana pidió arraigo nacional. Ambas medidas fueron concedidas por el tribunal.

Durante el plazo que dure la investigación, la Fiscalía Centro Norte indagará además a otras personas que pudieron haber comprado documentos fraudulentos al profesional.

La fiscalía explicó que debido a que este delito tiene asignada penas bajas, es posible que se arribe a una suspensión condicional del procedimiento en el caso de los pacientes y captadores.

Sin embargo, esta salida no está contemplada por el momento en el caso del médico, para quien se proyecta una pena que puede llegar a los tres años de presidio y una multa.

Además, según indicó el fiscal, la indagatoria busca establecer si existen más personas compradoras de licencias médicas falsas.

Barros Ortiz vendía licencias principalmente por depresión. Estas ya estaban confeccionados y sólo faltaba poner nombre y RUT del “paciente”, que eran buscados por las “captadoras” y llevados a la “oficina”.

Las Isapres defraudadas y el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) anunciaron querellas en contra de este grupo.

ATON