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Mesa DC rechaza propuesta de Pizarro de reconfigurar directiva de Goic

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Senador advirtió que Goic no puede “ser juez y parte” del proceso electoral. Vicepresidente Matías Walker dijo que no existen incompatibilidades ni inhabilidades.

Fuertes réplicas al interior de la Democracia Cristiana generó el planteamiento del senador Jorge Pizarro de reconfigurar la actual mesa directiva del partido o, incluso, evaluar la permanencia de Carolina Goic en su presidencia si ella es proclamada por la junta nacional como candidata presidencial de la tienda. En entrevista con La Tercera, el ex timonel del partido argumentó que, a su juicio, la persona que tome las decisiones al interior de la colectividad de cara a la elección de noviembre no puede ser “juez y parte”.

“Si Carolina Goic es elegida como candidata por la junta de manera unánime, no va a poder hacer una gestión y conducción política unitaria con esa mesa directiva que tiene”, señaló Pizarro, agregando que Goic debería “incorporar a los distintos sectores que tienen vocería en el partido” para evitar que algunos se sientan marginados.

Desde la propia mesa directiva de la colectividad calificaron como “lamentables” y de “mal gusto” los dichos de senador.

El diputado y vicepresidente de la DC, Matías Walker, destacó que “en primer lugar, esta no es una aventura personal de Carolina Goic, esta es una candidatura institucional que nace de las bases del partido”.

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INTERNACIONAL

Fiscal de EEUU autorizó registro a casa de Trump en Florida y pide permiso para publicar orden

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El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, autorizó personalmente la decisión de solicitar la orden de registro del pasado lunes a la residencia del expresidente Donald Trump en Florida y ha pedido este jueves autorización a un tribunal del sur de este estado para que haga pública dicha orden.

 

En una breve declaración tras la cual no aceptó preguntas, el fiscal de EEUU, Merrick Garland, defendió la legalidad del registro y señaló que este tipo de decisiones no se toman “a la ligera”.

Siempre que es posible, aclaró, se opta por medios “menos intrusivos” como alternativa.

La orden de registro fue autorizada por un tribunal federal y el inventario de propiedad es un documento que la ley federal exige que las fuerzas del orden dejen al dueño del lugar.

Según indicaron medios estadounidenses, los abogados de Trump tienen hasta el viernes a las 15.00 hora local (19.00 horas GMT) para presentar objeciones ante la Corte a la petición para que se haga pública la orden.

El primero en informar de la redada a la mansión de Florida había sido el propio Trump en sus redes sociales: “Es su derecho”, dijo el fiscal general, según el cual los abogados del exmandatario republicano (2017-2021) recibieron ese mismo día una copia de la orden de registro y del inventario del FBI.

Garland destacó que la adhesión al estado de derecho es el “principio fundamental” del Departamento de Justicia y de la democracia estadounidense, y apuntó que nadie está por encima de la ley.

“Defender el estado de derecho significa aplicar la ley de manera uniforme sin temor ni favoritismo. Bajo mi supervisión, eso es precisamente lo que está haciendo el Departamento de Justicia”, dijo en esa breve intervención televisada, en la que criticó los ataques y amenazas lanzados contra las fuerzas del orden.

El registro a la casa de Trump en Palm Beach buscaba recuperar documentos de seguridad nacional que el expresidente no entregó a agentes federales durante una reunión en junio en la que el FBI ya se llevó más material en cumplimiento de una orden judicial.

Así lo apuntan varios medios estadounidenses como CNN y The New York Times, que citan a fuentes conocedoras del caso.

El periódico menciona a dos personas que aseguran que los documentos que permanecían en la residencia de Trump y que no debió llevarse de la Casa Blanca eran “tan sensibles” en materia de seguridad nacional que el Departamento de Justicia tuvo que actuar esta semana.

Aunque Garland no dio detalles de las razones del registro, los medios estadounidenses apuntan que está relacionado con la investigación iniciada a principios de año y solicitada por los Archivos Nacionales para recuperar la documentación que Trump se había llevado.

Christina Bobb, una de las abogadas del expresidente, ha dicho en varias entrevistas esta semana que estaba en Mar-a-Lago cuando se produjo la redada y que el FBI se llevó aproximadamente doce cajas de la residencia.

A lo largo de este jueves, antes y después de la comparecencia de Garland, Trump se ha limitado a acusar en redes sociales al también expresidente Barack Obama de haberse llevado documentos cuando dejó el poder.

“¿Qué pasó con los 30 millones de páginas de documentos que Barack Hussein Obama se llevó de la Casa Blanca a Chicago? ¡Se negó a devolverlos! ¿Qué está pasando? Este acto estaba fuertemente en desacuerdo con los Archivos Nacionales. ¿Irrumpirán en la “mansión” de Obama en Martha’s Vineyard?”, espetó..

Según Trump, Obama envió 30 millones de páginas de los registros de su Administración a Chicago con la promesa de digitalizarlos y eventualmente ponerlos en línea y más de cinco años después de que terminara su presidencia, la web de los Archivos Nacionales “revela que no se han digitalizado ni divulgado páginas”.

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INTERNACIONAL

Trump pide la publicación «inmediata» de la orden de registro a su casa

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El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017 – 2021) aceptó este viernes la petición hecha por el fiscal general, Merrick Garland, y, en un nuevo giro de guion, animó a la publicación «inmediata» de la orden de registro a su casa.

En dos mensajes publicados en la red social Truth, el exmandatario respondió a Garland, quien unas horas antes había solicitado autorización a un tribunal del sur de Florida para que hiciera pública dicha orden, algo a lo que Trump podría haber presentado objeciones si así lo hubiera deseado.

«No solo no me voy a oponer a la publicación de documentos relacionados con la redada impropia de EE.UU., injustificada e innecesaria de mi casa en Palm Beach (Florida), sino que voy un paso más allá y animo a su publicación inmediata», escribió Trump.

El exmandatario tildó lo ocurrido de uso político de la fuerza de la ley, sacó pecho por el supuesto apoyo que tiene en las encuestas y acusó la operación de estar orquestada por la izquierda radical y por sus enemigos políticos.

El registro en casa de Trump el pasado lunes tenía como objetivo encontrar documentos clasificados sobre armamento nuclear que el exmandatario sacó de la Casa Blanca, según publicó este jueves el diario The Washington Post.

El Post, que citó a fuentes anónimas cercanas a la investigación, indicó que la redada responde a la preocupación en el Gobierno estadounidense de que los documentos que Trump se llevó consigo al dejar la Presidencia y que contienen información sensible caigan en malas manos.

Las fuentes no aclararon si la información que supuestamente se encontraba en casa de Trump era referente a armamento nuclear en posesión de EE.UU. o de potencias extranjeras, y tampoco detallaron si efectivamente se encontró este material.

Por su parte, Garland reveló el jueves que autorizó personalmente la decisión de solicitar la orden de registro del pasado lunes a la residencia de Trump en Florida y pidió autorización a un tribunal del sur de este estado para que haga pública dicha orden.

En una breve declaración tras la cual no aceptó preguntas, Garland defendió la legalidad del registro y señaló que este tipo de decisiones no se toman «a la ligera».

Siempre que es posible, aclaró, se opta por medios «menos intrusivos» como alternativa.

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PAÍS

Corte Suprema decretó expulsión del país de condenado por tráfico de drogas en Osorno

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La Corte Suprema decretó la expulsión del país de un ciudadano extranjero condenado por el delito de tráfico de drogas en la comuna de Osorno, en la Región de Los Lagos.

En una decisión unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal determinó rebajar la condena en contra de John Castrillón de tres años y un día de presidio a la expulsión del país, medida que tendrá una vigencia de 10 años.

«Las razones esgrimidas por el tribunal para descartar esta circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, después de aceptados los hechos que la constituyen, esto es, la falta de anotaciones prontuariales pretéritas en Chile como en su país de origen, resultan contrarias a derecho y por lo tanto, representan efectivamente el yerro denunciado», afirma el fallo.

La PDI y el Ministerio del Interior tendrán un plazo de 90 días para hacer efectiva esta medida, mientras que el condenado permanece recluido en un recinto determinado por Gendarmería.

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