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Ministro Larraín pide al Sename no llamar a Carabineros en casos de «descompensación»

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El ministro de Justicia, Hernán Larraín, intervino el miércoles en una sesión del Senado, donde se refirió al caso de agresión en contra de un menor en una residencia del Sename en Providencia.

Larraín indicó que se contactó con la directora del Sename, Rosario Martínez, para pedirle que las residencias no llamen a Carabineros, aunque al actual protocolo así lo indica, hasta que se tenga claridad de cuál es la función que deben cumplir los funcionarios policiales.

“Le he pedido que (…) mientras no tengamos claro la forma cómo tiene que actuar Carabineros, no sean convocados a la residencia del Sename 
que presenten este tipo de dificultades”, aseguró.

El secretario de Estado expuso que independiente de la actuación de Carabineros en los operativos, la sola presencia de los funcionarios puede afectar a los niños.

“Puede que Carabineros actúe de la mejor manera posible, de la manera más razonable y prudente, y, sin embargo, su presencia a veces es lo que genera reacciones impropias, o en un momento de descompensación de niños, indebida, y genera por lo tanto episodios que no terminan bien, como éste, que aparentemente ocurrió en ese proceso”, expuso.

Igualmente, Larraín expuso que están trabajando en una comisión con el Ministerio de Desarrollo Social para regular los protocolos de uso de la fuerza y la participación de las policías en una residencia.

“Esperamos que esas nuevas pautas, sean las que se apliquen para convocar a Carabineros, mientras tanto espero que no se les convoque”, agregó.

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Ministerio Público reveló que al menos 110 causas son indagadas contra la CAM

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Al menos 110 hechos que revisten carácter de delitos por parte de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) han sido instruidos para su investigación por las fiscalías de la Macrozona sur, informaron desde el Ministerio Público.

Los fiscales regionales de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos entregaron estos datos luego del oficio presentado el pasado 7 de septiembre por la Primera Sala del Tribunal Constitucional (TC), solicitando el envío de «información del eventual desarrollo de procesos penales en que se investigue o se haya investigado la presunta responsabilidad penal de miembros de la organización denominada Coordinadora Arauco Malleco y de Héctor Llaitul».

Según informó el diario El Mercurio, el TC solicitó también que «de ser afirmativo lo anterior, especificar el o los procesos penales involucrados, sus intervinientes, estado actual de tramitación y, de ser procedente, las imputaciones penales respectivas«.

En cuanto a la respuesta de los fiscales a esto, se dio cuenta que revelaron que del total de investigaciones, 90 se realizan en La Araucanía10 en el Biobío y otras 10 en Los Ríos, mientras que cuatro de las causas en desarrollo las diligencias han permitido individualizar a imputados.

El oficio se dio tras el requerimiento presentado el pasado 31 de agosto por el excoordinador de seguridad de la Macrozona Sur durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Urquízar, quien busca que se declare inconstitucional esta organización violentista.

Para realizar este requerimiento, el abogado advirtió -según el medio antes citado- que «esta organización política tiene objetivos y ha desarrollado actos y conductas que no respetan los principios básicos del régimen democrático y constitucional, ya que hacen un expreso uso de la violencia, la propugnan e incitan a ella como método de acción política».

«Ha tenido participación en los hechos que ameritan la declaración de inconstitucionalidad«, puntualizó, en tanto, sobre la situación específica de Llaitul, líder de la CAM, y que se encuentra en prisión preventiva por los delitos de robo de madera, usurpación y atentado contra la autoridad.

Se trata del segundo requerimiento realizado por parte de Urquizar, dado que julio pasado la Primera Sala del TC desestimó declarar como inconstitucionales a la CAM, Weichan Auka Mapu (WAM), Resistencia Mapuche Malleco (RMM) y Resistencia Mapuche Lavkenche (RML).

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Corte rechaza recurso de diputadas oficialistas contra el test de drogas a legisladores

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La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó este lunes la orden de no innovar presentada por diputadas del oficialismo, que buscaba evitar la difusión de los test de drogas que se aplicaron en el Congreso.

Originalmente, se esperaba que este lunes se conocieran los resultados a los test de drogas a los que se sometieron 78 diputados en primera instancia, pero este recurso retrasó la difusión de dichos resultados.

Pero la Corte se pronunció y decidió rechazar el recurso presentado por diputadas del oficialismo, Marisela Santibáñez, Ana María Gazmuri, Clara Sagardía, Marcela Riquelme y Lorena Fries.

En el recurso, las legisladoras sostenían que el reglamento aprobado para aplicar el test de drogas vulneraba garantías constitucionales.

Según las recurrentes, se trata en concreto de la vulneración de garantías Constitucionales. Entre ellas, “el derecho a la integridad física y psíquica de la persona (artículo 19, N°1, CPR); el derecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona, y la protección de sus datos personales (artículo 19, N°4, CPR)”.

Con la decisión de la Corte, se espera que esta semana se conozcan los resultados de los primeros 70 diputados que se sometieron a un test de drogas.

En el caso que un diputado arroje positivo en el test, se levantará el secreto bancario de aquel parlamentario, además que su nombre será de conocimiento público.

Luego, en el caso en que la o el diputado tenga ingresos por mes superiores a los cerca de 27 millones de pesos, y no pueda acreditar su origen, se enviarán los antecedentes a la Comisión de Ética del Congreso.

Será en esta instancia en donde se penalizará al político con una sanción que puede variar entre el 2% y el 15% de su dieta.

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Oficialismo tiene «un 90% de acuerdo» en su propuesta para el proceso constituyente

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Con más de un 90 por ciento de acuerdos terminó la reunión llevada a cabo este lunes por representantes de los partidos del oficialismo por el avance del proceso constituyente.

Tras más de dos horas, los partidos de izquierda y centroizquierda definieron presentar una propuesta de convención completamente electa, con paridad y escaños reservados para pueblos indígenas, además de participación de independientes.

Los puntos que aún quedan por definir son los mecanismos para el ingreso de estos pueblos originarios e independientes a la convención.

El diputado Marcos Ilabaca (PS) comentó que «hoy día se ha sentado la base de lo que va a ser el documento que va el oficialismo a presentar al país, porque creemos que lo último que podemos hacer es agotar el proceso de diálogo y conversación».

«Creemos que tenemos que llegar a un gran acuerdo transversal y por eso no queremos entrar en un proceso de discusión respecto a los bordes, porque los bordes los va a dar la ciudadanía en el proceso constituyente», recalcó.

El parlamentario añadió que «no somos nosotros los llamados a desarrollar la discusión en específico, porque eso vulnera la democracia. Lo que nosotros queremos hacer es facilitar un proceso de diálogo para entregarle certidumbre a un país».

Los partidos esperan entregar un texto con sus definiciones en la reunión de todas las fuerzas políticas que se llevará a cabo este jueves en la sede de Santiago del Congreso Nacional.

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