La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que no habrá «perdonazo» a inmigrantes con órdenes de expulsión que han caducado e insistió en la necesidad de dialogar con Bolivia, en medio de la tensión por la reconducción de indocumentados que llegan a Chile desde el país vecino.

«Las personas que estaban expulsadas y que tienen un decreto no van a tener ningún ‘perdonazo’, en lo más mínimo. Se está trabajando para recuperar esa lista de espera, que no se acumuló en esta administración», dijo la secretaria de Estado.

Tohá abordó el tema luego de que el Presidente Gabriel Boric acusara a La Paz de entorpecer la expulsión de indocumentados que son sorprendidos atravesando la frontera, como también apuntó a Venezuela de no abrir el espacio aéreo para los mismos fines, por lo que aseguró que hay que trabajar en una «labor diplomática intensa» con ambas naciones para que «reciban a los ciudadanos que sean deportados».

Desde Bolivia, el viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani, resaltó que no existe «ningún acuerdo, convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación» de reconducir a los ciudadanos.

Al respecto, la titular del Interior destacó que la crisis migratoria es un asunto que le importa a las dos naciones y sostuvo que «ahora hay mejores condiciones» para que el país vecino «también tenga interés en avanzar en un trabajo colaborativo».

«Estamos muy afanados en eso, lo hicimos con la canciller (Antonia) Urrejola y lo vamos a hacer con el canciller (Alberto) Van Klaveren para que esto se intensifique en la próxima etapa y tengamos resultados y podamos reconducir también con Bolivia», señaló.

Más de un año después de que huyera a Argentina, Miguel Vega Pérez, conocido como «el Chuma», fue extraditado este jueves, acusado de acribillar a un padre de 26 años junto a su hija de seis, el 23 de enero de 2022 en la comuna de Ovalle.

Una vez que se percató de su entrada irregular al país trasandino, la PDI generó una notificación roja a través de la Interpol, que implica solicitar la extradición del sujeto, y tomó contacto con la Policía argentina con el fin de hallarlo.

Aunque fue detenido en Buenos Aires en junio pasado, estuvo sólo dos días bajo custodia, pues logró escapar intercambiando su ropa con la de una persona que iba a ser dejada en libertad.

Finalmente, las autoridades lo recapturaron una semana después, viabilizando el proceso de extradición.

Para el subprefecto Gerardo Ravento, de la Oficina Central Nacional de Interpol, «es un sujeto que no solamente expresa la violencia de manera verbal o intimidatoria, sino que de manera real, porque protagoniza una persecución detrás de su víctima, le da alcance a tiros, logra hacerlo descender del vehículo, con una niña de seis años en brazos, y los acribilla a ambos, que por lo menos recibieron dos tiros».

«El Chuma» pasará a control de detención y a su respectiva formalización en la Región de Coquimbo, hasta donde será trasladado en las próximas horas.

Después de que el Tribunal Constitucional (TC) no llegara a acuerdo este jueves durante la revisión de los requerimientos opositores por los indultos del Presidente Gabriel Boric, el Consejo de Defensa del Estado informó que existe otra solicitud de perdón en tramitación.

Según relató La Tercera, una vez concluidos los alegatos, los abogados respondieron preguntas de los miembros del TC. Entre ellos, el ministro Christian Letelier consultó al consejero Raúl Letelier -encargado de defender la constitucionalidad de los beneficios- si cuenta con información sobre «otras solicitudes de personas que han sido condenadas por hechos en el contexto del estallido social» que no hayan sido cursadas.

El jurista se limitó a contestar que «hay una petición en actual tramitación que no ha sido resuelta, sólo una».

Por el momento, el Ministerio de Justicia declinó responder sobre el tema mientras siga en curso el litigio en el TC.

Desde La Moneda apuntan que estas solicitudes se caracterizan por destacar «la dimensión humana de la privación de libertad, identificando sus condenas con un contexto de crisis social iniciado en 2019″.

«Las solicitudes contienen difíciles historias de vida, de jóvenes que cuando niños no tuvieron la protección del Estado y que hoy requieren la reinserción social. Asimismo, en otros casos se destaca la necesidad de retomar su vida familiar y laboral, restableciendo la relación con sus hijos, madres y padres», agregan en Palacio.