Una decena de países condenaron este jueves el acoso y los abusos sexistas producidos en internet contra las mujeres y niñas iraníes, así como la «extrema violencia» a la que se enfrentan las que lideran las protestas por la muerte de Mahsa Amini, quien fue arrestada por no llevar bien el velo.

En un comunicado conjunto, los encargados de Exteriores de Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Canadá, Islandia, Nueva Zelanda, Chile, Corea del Sur y Suecia llamaron la atención sobre la «brutal represión» que están sufriendo las manifestantes en Irán, incluso a través de internet.

Estos países, agrupados en la Alianza Mundial para la Acción contra el Acoso y los Abusos de Género en Internet, criticaron que las autoridades iraníes cometen acoso en línea contra las mujeres que «exigen respeto por sus derechos humanos y libertades fundamentales».

Además, condenaron el uso abusivo de la tecnología en forma de campañas coordinadas de acoso y desinformación en línea, diseñadas para «desacreditarlas y silenciar sus protestas».

«La violencia de género facilitada por la tecnología amenaza la vida», aseveraron en el comunicado, en el que también invitaron a la comunidad internacional a unirse a su condena y a «trabajar urgentemente con las empresas tecnológicas para que hagan todo lo que esté en sus manos para permitir el acceso de las mujeres y niñas a información en línea».

En los casi tres meses de protestas han muerto más de 400 personas y al menos 15.000 han sido detenidos, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo.

Las autoridades iraníes anunciaron este jueves la primera ejecución de un preso condenado a muerte por participar en las protestas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó este jueves que los buscadores de Internet, como Google, deben retirar los enlaces que redirijan a páginas con información «manifiestamente inexacta», siempre y cuando lo demuestre la persona solicitante.

Tras una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de lo Civil y lo Penal de Alemania, los jueces europeos estiman que debe prevalecer el llamado ‘derecho al olvido’ (para la supresión de contenidos digitales) cuando haya pruebas de que «al menos una parte» de la información de un enlace es inexacta.

En Internet, los enlaces sirven para vincular, por ejemplo, partes del contenido de un texto de una página web con un contenido similar de otro portal diferente, permitiendo al usuario desplazarse de una página a otra con tan solo un clic.

Los jueces europeos consideran que, si hay información falsa en alguno de estos enlaces, es responsabilidad de la persona afectada acreditar esa inexactitud, o bien demostrar que la parte errónea tiene más importancia que el conjunto del contenido.

El Tribunal de Luxemburgo sostiene que el demandante solamente debe aportar pruebas «que pueda razonablemente exigírsele que busque», a fin de no obstaculizar su derecho a retirar enlaces con información manifiestamente exacta.

De este modo, el solicitante no estará obligado a presentar, antes de ir a juicio, una resolución judicial anterior dictada a instancias suyas contra el editor de la página web en cuestión.

En su sentencia, el TJUE pide, eso sí, que cada causa judicial que examine un caso sobre enlaces con información inexacta tenga en cuenta el papel que desempeña en la vida pública el demandante.

Pues los magistrados europeos estiman que el derecho a la protección de datos personales «no es un derecho absoluto», y su prevalencia depende del «interés público» de que la sociedad disponga de esa información.

El Tribunal de Luxemburgo también contempla, en su sentencia, las fotos mostradas en forma de imágenes de previsualización (thumbnails), y que pueden servir, por ejemplo, para enlazar a páginas web desde el buscador de Google Imágenes.

Los jueces europeos alertan que puede conllevar «una injerencia mucho mayor» al derecho a la privacidad y a la protección de los datos cuando, tras una búsqueda por nombre, aparezcan en forma de previsualización imágenes del interesado que demanda eliminar un enlace con información inexacta.

Por esta razón, el TJUE insta a los magistrados a evaluar si para cumplir con el derecho a la información de los internautas es realmente necesario que se muestren estas fotos, teniendo en cuenta, también, el papel del demandante en la vida pública.

Toda esta sentencia del TJUE nace por la demanda de dos directivos de un grupo de sociedades de inversión, que reclamaron a Google que retirara de los resultados de una búsqueda efectuada a partir de sus nombres propios las publicaciones que incluían vínculos a artículos con una visión crítica hacia su compañía.

Los demandantes alegaron que los artículos recogían «alegaciones fácticas inexactas», pero Google se negó a atender a sus solicitudes, argumentando que no sabía si la información recogida en los artículos era o no inexacta.

El Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania, que conoce el litigio, pidió a la justicia europea una cuestión prejudicial para que interpretara el caso, teniendo en cuenta la legislación comunitaria, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el Reglamento de Protección de Datos que regula el derecho al olvido.

Con esta sentencia, el Tribunal de Justicia de la UE devuelve el caso al Supremo alemán, pero sin resolver el litigio de fondo, dando la última palabra a los jueces germánicos, que tendrán que emitir un veredicto aplicando, eso sí, la interpretación emitida por el TJUE en el veredicto de hoy.

La Fiscalía de la Nación (general) de Perú realizó el miércoles operativos simultáneos en el Palacio de Gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros y varios ministerios, en busca de pruebas contra el expresidente Pedro Castillo, al que investiga por rebelión y conspiración.

Según informó el Ministerio Público a través de Twitter, el objetivo de los operativos es «recabar elementos de convicción respecto a la investigación que se le sigue al expresidente» por la presunta comisión del delito de rebelión.

Hasta la sede presidencial, ubicada en el centro histórico de Lima, llegaron la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la fiscal superior Marita Barreto, quien coordina el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, acompañadas de varios agentes policiales.

Según precisó el Ministerio Público, el fiscal adjunto supremo Marco Huam

Por su parte, el fiscal adjunto supremo Elmer Ríos Luque, coordinador del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, está a cargo de la diligencia de exhibición de documentos en las instalaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Las diligencias comenzaron alrededor de las 21:00 hora, mientras Castillo estaba siendo trasladado hacia el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, en el que el también expresidente Alberto Fuijimori cumple su condena de 25 años de cárcel.

Poco antes, el Ministerio Público había anunciado la apertura de diligencias preliminares contra el exmandatario por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración, tras el anuncio del cierre del Congreso y la instauración de un «gobierno de emergencia» en su país.

El exmandatario hizo este anuncio horas antes de que el Congreso debatiera un tercer pedido de destitución en su contra, que finalmente fue aprobado por 101 de los 130 legisladores que integran el hemiciclo peruano.

La medida, percibida mayoritariamente como un golpe de Estado, no obtuvo el aval de la mayoría de los ahora exintegrantes de su Gobierno, ni tampoco de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.

Tras ser destituido por el Legislativo, Castillo fue detenido en un operativo supervisado por la fiscal general, Patricia Benavides, quien horas antes ya había condenado la decisión del ahora exjefe de Estado, la cual calificó de «quebrantamiento del orden constitucional».

Con la apertura de esta nueva investigación preliminar, ya son siete las diligencias abiertas por la Fiscalía general contra Castillo, quien entre otros delitos está acusado de presuntamente encabezar una supuesta organización criminal durante su mandato para obtener dinero ilícito de licitaciones fraudulentas de obras públicas.

án es quien dirige la diligencia en el Palacio de Gobierno, «donde se están lacrando documentos y algunos equipos de cómputo, como parte de la investigación«.