El juez supremo Juan Carlos Checkley dictó este jueves 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre.

«Dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado Pedro Castillo (…) quien se encuentra con mandato de detención preliminar que se computa desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 6 de junio de 2024«, leyó Checkley tras una exposición legal que se prolongó durante más de dos horas.

De este modo, aceptó la petición realizada por la Fiscalía que había considerado que «existe periodo procesal de fuga» y en la que tuvo un peso específico que, minutos antes de su destitución, hubiera intentado acudir a la Embajada de México en Lima para pedir asilo.

En el requerimiento fiscal se ha incluido al ex primer ministro y asesor jurídico de Castillo Aníbal Torres, y se presentó luego de que el Poder Judicial autorizó el pedido del Ministerio Público para iniciar la investigación preparatoria a Castillo.

Sin embargo, el juez no aceptó esa solicitud y, en cambio, impuso una «medida de comparecencia con restricciones».

Castillo será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

La investigación ha sido calificada de «compleja» por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.

ABOGADO DE CASTILLO ACUSA DESTITUCIÓN «ILEGAL»

Castillo fue detenido el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso poco después de que anunciara el cierre del Congreso, la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto y a reorganizar el sistema de justicia, lo que ha sido calificado mayoritariamente como un intento de golpe de Estado.

Ni Castillo ni ninguno de sus abogados se presentaron este jueves al inicio de la audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva durante 18 meses que ha presentado la Fiscalía de Perú.

Al inicio de la audiencia, convocada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, se informó que Castillo, quien cumple arresto preventivo, se negó a recibir la notificación del requerimiento fiscal.

En ese sentido, el juez Checkley informó que la defensa del exgobernante sería asumida por el abogado de oficio Italo Díaz, ya que ninguno de sus defensores acreditados se presentó a la audiencia.

Al respecto, el abogado Ronald Atencio, uno de los defensores de Castillo, informó en Twitter que ni él ni su colega Raúl Noblecilla iban a participar en la audiencia de prisión preventiva.

«Son muchos los argumentos que, en conversación con Pedro (Castillo) nos impulsaron a tomar esa decisión», indicó antes de señalar que entre ellos figura una «vacancia (destitución) ilegal y exprés».

Agregó que el Congreso también ha realizado un «levantamiento del antejuicio», al que tiene derecho el exgobernante, «ilegal y exprés» y que la audiencia también se ha programado «para seguir manteniendo detenido a Pedro Castillo Terrones».

Los precios al consumidor en Argentina experimentaron en noviembre pasado una subida interanual del 92,4 por ciento, situándose 4,4 puntos porcentuales por encima de la variación registrada en octubre, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el décimo primer mes del año, los precios al consumidor crecieron un 4,9 por ciento en comparación con octubre pasado, una leve reducción respecto a la tasa del 6,3 por ciento que se había registrado el mes anterior.

Los bienes tuvieron el mes pasado una variación positiva mensual del 4,5 por ciento, mientras que los servicios subieron un 5,8 por ciento, unos datos que ascienden al 88,2 por ciento y el 77,7 por ciento, respectivamente, en la comparación interanual.

Entre las divisiones que sufrieron mayores subas mensuales en noviembre se destaca la de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (8,7 por ciento) debido al incremento en los servicios de luz y gas a raíz de la segmentación tarifaria que impulsó el Gobierno de Alberto Fernández en agosto pasado.

En el marco de políticas orientadas a reducir el déficit fiscal para bajar la carga de subsidios que el Estado paga por medio de un registro de consumidores que pedían mantener la asistencia en sus facturas de servicios públicos.

La siguiente categoría con mayores avances fue la de comunicación (6,4 por ciento), sobre la que incidió principalmente el aumento en los servicios de telefonía e Internet, seguido por las bebidas alcohólicas y tabaco (6,3 por ciento) debido al impacto que tuvo la suba de los cigarrillos.

Por otra parte, los precios en los alimentos tuvieron la menor incidencia en todo el país con un incremento del 3,5 por ciento con respecto al mes anterior (6,2 por ciento).

«RELATIVA CALMA»

Estos resultados son fruto de la política de congelamiento lanzada en noviembre con fabricantes de productos de consumo básico y supermercados para mantener montos fijos en 1.700 artículos durante 120 días.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, adelantó -previo a que sea revelado el informe inflacionario- que el contexto económico de Argentina se encuentra en con «relativa calma«.

«Entramos en un proceso de descenso de la inflación. No es un tema de índices, sino que es algo que estamos notando todos los que vamos al supermercado, efectivamente hay una desaceleración de precios en el último mes», dijo Cerruti durante su conferencia de prensa semanal.

«Estamos entrando en un contexto de relativa calma y esperemos que de descenso continuo con respecto a la inflación. Vamos a trabajar, por ahora, con esta hipótesis», concluyó.

Este tipo de programas para intentar contener los precios no es una novedad, sino que sustituye a otro similar que, con algunas variantes, se vienen renovando desde finales de 2013 y cuya efectividad es constantemente cuestionada.

POLÍTICA FISCAL

El propio ministro de Economía argentino, Sergio Massa, había afirmado al momento de lanzar este programa que no se resolvía el problema de la inflación por sí solo, sino que requiere de una política fiscal en orden y una acumulación de reservas monetarias.

Los precios al consumidor habían acumulado el año pasado una subida del 50,9 por ciento, denotando una aceleración respecto al 36,1 por ciento verificado en 2020.

En octubre pasado, el Fondo Monetario Internacional y Argentina corrigieron la proyección de inflación para fin de 2022, con un rango que podría variar entre el 90 y 100 por ciento, un avance de más de 30 puntos porcentuales respecto a las estimaciones que tenían en junio (52-62 por ciento).

De hecho, los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central señalan que Argentina cerrará el año con una inflación del 99 por ciento acumulado, un 2023 con 99,7 por ciento y esperan que recién en 2024 caiga al 76 por ciento.