El proyecto de Ley de Seguridad Municipal fue finalmente aprobado luego de una extensa tramitación legislativa. Tras el fracaso de la sesión realizada durante la mañana por falta de quórum, la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para votar la iniciativa que modifica la ley N° 18.695, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito, una demanda transversal de alcaldes de todo el país.
La propuesta representa un hito en la modernización de la gestión local orientada a la prevención del delito. Durante la votación, todas las indicaciones del tercer trámite fueron ratificadas, evitando que la iniciativa fuera enviada a comisión mixta.
Uno de los avances más relevantes es la creación de la figura legal del Inspector o Inspectora de Seguridad Municipal, estableciendo requisitos, atribuciones, prohibiciones y controles específicos para su ejercicio. La nueva regulación incorpora funciones preventivas autónomas, además de labores coadyuvantes a las policías bajo protocolos definidos.
La ley también refuerza los mecanismos de coordinación entre municipios, Ministerio Público, Fuerzas de Orden y Gobiernos Regionales. Para ello se establece el Comité Operativo de Seguridad, encabezado por el alcalde o alcaldesa e integrado por el director de Seguridad, Carabineros, la PDI y representantes del Ministerio Público.
Entre otros aspectos, la norma incorpora elementos defensivos y de protección personal para inspectores que participen en tareas coadyuvantes, y contempla recursos del Ministerio de Seguridad Pública —a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito— para municipalidades que no cuenten con capacidad presupuestaria.
Asimismo, se habilita la contratación de personal mediante el Código del Trabajo y se regula la incorporación de funcionarios a través de asociaciones municipales de seguridad, ampliando las alternativas disponibles para fortalecer los equipos locales.
Con la aprobación de la Cámara, el proyecto quedó listo para su despacho, consolidándose como una de las iniciativas centrales del fast track de seguridad 2.0 impulsado por el Ejecutivo.
