Seis funcionarios de la Policía de Investigaciones quedaron detenidos y a la espera de ser formalizados, tras una investigación iniciada a partir de una causa por contrabando de cigarrillos que apuntaba a la participación de personal policial.
La indagatoria fue desarrollada por el Departamento de Asuntos Internos de la institución, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Occidente, logrando establecer la presunta implicación de los detectives en diversos delitos, entre ellos contrabando, malversación de caudales públicos, tráfico de drogas y falsificación de documentos. Junto a ellos también fueron detenidos varios civiles.
Según los antecedentes recopilados, los funcionarios —actualmente en proceso de desvinculación de la PDI— habrían sustraído droga y otros elementos incautados en operativos realizados en el sector sur de la capital, aprovechando su calidad de miembros de la Brigada de Investigación Criminal de Puente Alto.
El hecho generó inmediatas reacciones políticas. El diputado radical Rubén Oyarzo anunció que citará a la Comisión de Gobierno de la Cámara a diversas autoridades, entre ellas el director de la PDI, Eduardo Cerna; los ministros Luis Cordero y Jaime Gajardo; y el director de Gendarmería, Rubén Pérez, en el marco de otros casos similares que han afectado a instituciones del país.
