En medio de la recta final de la tramitación del Presupuesto 2026 en el Congreso, las agrupaciones de trabajadores del sector público comenzaron a definir los lineamientos de su próxima negociación salarial. Este miércoles, representantes de organizaciones como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el Colegio de Profesores, la Asociación Nacional de Funcionarios de Junji (Ajunji), la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam) y la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) llegaron hasta el Ministerio de Hacienda para entregar formalmente sus demandas al Gobierno.
Tras la entrega del documento, la coordinadora de la Mesa del Sector Público, Laura San Martín, recalcó la necesidad de avanzar en un reajuste significativo. “En el ámbito económico, exigimos un reajuste real de un 2% para el periodo de diciembre de 2025 y noviembre de 2026, aplicable a la totalidad del sector público sin exclusiones ni regímenes”, afirmó la dirigenta, señalando además que esta solicitud contrasta con “las exorbitantes ganancias de la banca y el retail”.
La representante añadió que también solicitan un bono mensual de 63.502 pesos para quienes perciben rentas inferiores a 798.000 pesos, junto con la elevación inmediata de los ingresos mínimos por estamento. Según indicaron las organizaciones, las exigencias buscan garantizar justicia económica y estabilidad laboral para todos los funcionarios, en un contexto donde el IPC acumulado del año ya alcanza el 3,4%, a la espera del dato de noviembre. La proyección de las organizaciones apunta a un reajuste total que esperan se sitúe entre el 5 y 6%.
La primera reunión formal entre el sector público y el Gobierno para iniciar el proceso de negociación quedó fijada para el jueves de la próxima semana en las dependencias del Ministerio de Hacienda. Por parte del Ejecutivo, se espera la participación del ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, junto a autoridades de otras carteras.
Paralelamente, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, llamó a la responsabilidad fiscal frente al escenario económico actual. “Espero el máximo de responsabilidad, tanto de los funcionarios públicos como del Gobierno, porque esto repercute en las cuentas fiscales del próximo año”, señaló, advirtiendo que el país enfrenta una “situación fiscal muy compleja” asociada a la sobreestimación de ingresos en años previos.
Jiménez agregó que esta condición obliga a un análisis cuidadoso de cualquier incremento de gasto. “Ponerle más presiones de gasto al fisco y a las cuentas del Estado para el próximo año es un tema que hay que analizar en su mérito, con responsabilidad y mucha conciencia de que debemos ser muy cuidadosos con los dineros que son de todos los contribuyentes y de todos los chilenos”, concluyó.
