Estamos sumidos en un marasmo de situaciones contingentes de alta complejidad en materias como la economía y la seguridad que concentran de forma excluyente la atención y las energías de los decisores. De manera subyacente, se ha fraguado una crisis de magnitudes inconmensurables para el presente y el futuro en la Educación, la que intuíamos desde hace tiempo pero que fue siendo postergada en su análisis y su abordaje ante la premura de atender lo relacionado con la pandemia.

Esta semana conocimos el informe “Panorama social de América latina y el caribe” de la Cepal, la que advirtió que “la región atraviesa un complejo escenario con un impacto silencioso y devastador por la crisis educacional producto de la pandemia. El informe destaca que nuestra región sufrió el apagón educativo más prolongado a nivel internacional, en promedio 70 semanas de cierre de establecimientos frente a 41 semanas en el resto del mundo. En Chile, estudios indican que fuimos uno de los países del mundo que tuvo más tiempo cerradas sus escuelas. En promedio, se estima que perdimos un año escolar especialmente en la educación municipal.

Ante las urgencias, primero de la salud, hoy de la economía, la seguridad y al hecho de que no aparece como prioridad en ninguna encuesta, esta crisis educacional aparece como secundaria. Por tanto, para el mundo político que se afana en buscar acuerdos para una nueva constitución, y para distintas reformas, la Educación, salvo excepciones, no concita el interés para buscar un acuerdo social transversal como el que se necesita para hacerse cargo del daño presente y futuro que ya se evidencia para las nuevas generaciones. Carecemos de un diagnóstico que nos permita elaborar un plan que enfrente las consecuencias que ya se manifiestan en el aumento del ausentismo, las pérdidas de aprendizajes, la falta de habilidades para relacionarse socialmente, la disminución de la entrega de beneficios asistenciales como la alimentación y el aumento de la deserción, entre otras. Asimismo, se requiere que las familias asuman un rol preponderante tomando conciencia de la importancia de algo tan básico como llevar a sus hijos e hijas a los establecimientos de enseñanza parvularia, básica y media. De apoyarles en sus aprendizajes, de colaborar en recuperar la autoridad de los educadores, todo lo que debe complementar el aumento de recursos que se deberá proveer para la implementación de un plan de recuperación del sistema educacional como lo hizo Estados Unidos, que aumentó un 17% su presupuesto dedicado a la Educación.

Aumentar los recursos para la Educación es condición necesaria pero no suficiente. Se requiere el involucramiento de las familias, las instituciones públicas y privadas, los profesores y los propios estudiantes para recuperar, de manera sistémica y sistemática, el rol de la Educación como la columna vertebral de nuestra sociedad.

Hay tantas violencias distintas contra la mujer, pero no hay ninguna más feroz que la pobreza, porque involucra todas las demás.

De esas violencias, como directora de operación social territorial del Hogar de Cristo, conozco más de las que quisiera. A modo de tributo en el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, quiero comentar algunas de ellas, que tienen cara y nombre. Pero antes explico el sentido de este conmemoración que este viernes 25 de noviembre marca el comienzo de la Campaña Únete de la ONU, la que abarca 16 días y culmina con el dedicado a los Derechos Humanos.

“La chica bomba”, Alejandra (48), vive en situación de calle desde la infancia. Su historia parece sacada de una novela de Nicomedes Guzmán. “Yo caí en las drogas, porque yo, señorita, fui abusada por mi propio hermano y quedé embarazada cuando tenía 11 años. Ahí nació mi primera hija, que fue criada por mi tía Sabina con quien nunca más tuve contacto”. Alejandra tuvo otros dos hijos y el día más feliz de su vida fue cuando conoció a uno de ellos, al que ha visto sólo dos veces. De su día a día, en calle, dice: “Quiero tener un baño digno donde poder bañarme como la gente, donde nadie la esté mirando a una, donde uno pueda defecar tranquila. Porque si no se ha dado cuenta, todos defecan por aquí”.

Si el caso de Alejandra impacta, el de Cecilia demuele. “No alcancé a salir, porque, cuando me iba a parar, él me tiró bencina encima. Y, al segundo, me prendió fuego. Fue porque no quise tener relaciones con él. Le dije que éramos sólo amigos, aunque  viviéramos en el mismo ruco. De ahí, no supe más de mí en seis meses”. Así recuerda esa fatídica noche de hace tres años. Cecilia (35) vivió durante diez años de forma intermitente en situación de calle, deambulando entre la casa de su mamá y la intemperie. Hoy está en una hospedería del Hogar de Cristo, tiene el 65% del cuerpo quemado, le amputaron tres dedos de una mano a causa de las quemaduras y espera a un tercer hijo al que piensa dar en adopción.

No existe manifestación más cruda de la pobreza que la vida en calle. Y en el caso de las mujeres esa realidad se amplifica en materia de vulneraciones, porque ser pobre, no contar con un techo, tener problemas de consumo, no saber leer ni escribir, venir de un país aún más pobre y ser mujer es lo que los estudiosos llaman “interseccionalidad”. Una suma de condiciones que profundizan la desigualdad y la violencia. Quizás recuerden a Joane Florvil, una migrante haitiana de 27 años, que murió porque nadie entendió por qué había dejado a su hijita, supuestamente abandonada. Fue injustamente acusada y murió de una crisis hepática, golpeándose contra las paredes de la celda donde la habían encerrado.

La violencia contra la mujer no es solo el golpe que le propina su pareja, o un agarrón en la micro, o la manipulación de un explotador sexual, es sobre todo la pobreza. Los invito a leer el estudio “Ser Niña en una Residencia de Protección en Chile”, que Hogar de Cristo publicó en 2021, porque describe a la perfección de qué hablo.

Según el Banco Central de Chile, la Unidad de Fomento (UF) es un índice de reajustabilidad de acuerdo a la variación que experimenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC), permitiendo preservar el poder adquisitivo del dinero. La UF fue creada en 1967 durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, con el propósito de revalorizar los ahorros de acuerdo con las variaciones de la inflación, así el dinero ahorrado en bancos mantendría su valor (poder adquisitivo). Hoy el escenario es distinto, prácticamente el 30% de los gastos están indexados en UF, tales como créditos bancarios y arriendos, entre otros.

Luego del período 2020-21 (post-pandemia), los chilenos se han visto afectados por la inflación, que ha endurecido el bolsillo de las personas. A septiembre del 2022, la inflación acumulada es del 10,8% y en los últimos 12 meses, este porcentaje llega al 13,7%; el mayor nivel en 27 años. Bajo este escenario, la sensación de las personas es que sus remuneraciones no les permiten acceder a los productos y servicios como años o meses atrás, ya que los precios se han reajustados aceleradamente. Pero, ¿cómo amortiguar sus efectos negativos? ¿pueden las empresas definir las remuneraciones de los trabajadores en UF?

El tejido empresarial chileno, en particular las pymes, por lo general no tienen la capacidad de definir las remuneraciones en UF, ya que esto impactaría directamente en los costos operacionales, trasladando estos costos a los precios de los productos o servicios. Esto último no sería conveniente para la economía por dos razones principales: no se alinea con la generación actual de puestos de trabajo e impacta directamente en los costos, por ende, en los precios finales.

Este escenario inflacionario debería disminuir hacia 2023-24, sin embargo, nada asegura que en un futuro plazo no tengamos nuevamente procesos inflacionarios, por lo que un análisis de medidas que permitan aliviar esta carga y mejorar la sensación de poder adquisitivo, se hace cada vez más urgente.