Presidente Boric acusó a Bolivia y Venezuela de entorpecer la expulsión de migrantes irregulares
El Presidente Gabriel Boric, en su visita por la zona fronteriza de la Región de Tarapacá, acusó a Bolivia de entorpecer la expulsión de migrantes irregulares que son sorprendidos atravesando la frontera, como también apuntó a Venezuela de no abrir el espacio aéreo para los mismos fines.
«He mandatado a nuestro nuevo canciller (Alberto van Klaveren) a retomar las conversaciones con nuestros países vecinos, especialmente con Bolivia, con quienes no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978 y que hoy en día no está llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera«, dijo el Mandatario.
«Tenemos que solucionarlo«, añadió Boric desde la comuna de Colchane, epicentro de la crisis migratoria y hasta donde llegó esta jornada para anunciar medidas de seguridad en la zona.
Además, el Jefe de Estado puntualizó que «cuando llegamos al Gobierno había una cola muy grande de expulsiones sin ejecutar, que se ha ido alargando producto de las dificultades. Lo decía el director nacional de Migraciones, cada una de las expulsiones cuesta 2,7 millones de pesos, pero esto no es solamente un problema de recursos, es un problema de que no se abre el espacio aéreo, por ejemplo, en Venezuela«.
«Es un problema -continuó- en los trámites administrativos para poder realizar el procedimiento de expulsión son muy engorrosos y muchas veces dificultan el encontrar a la persona que es objeto de la expulsión«.
Asimismo, sostuvo que «tenemos que trabajar en diferentes frentes: el frente interno, para facilitar la expulsión de quienes hayan cometido delitos, pero además una labor diplomática intensa, tanto con Bolivia como con Venezuela, para que reciban a los ciudadanos que sean deportados».
La ministra del Interior, Carolina Tohá, reveló que aún hay 21 mil expulsiones pendientes de ejecutar y pidió también cambiar la ley para agilizar los procesos. «Hoy, para hacer una expulsión efectiva, hay una ventana de 48 horas desde que se decreta hasta que se ejecuta. Si no se ejecuta en 48 horas, pierde vigencia el decreto de expulsión y la persona es soltada y después hay que buscarla nuevamente para expulsarla. En 48 horas no se alcanza», apuntó.
