Presidente de Ecuador decreta disolución de Asamblea Nacional y solicita la convocatoria de elecciones
En un movimiento sin precedentes, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado la disolución de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y ha solicitado la convocatoria de nuevas elecciones. Esta decisión se basa en el mecanismo constitucional conocido como «muerte cruzada» y tiene como objetivo superar los obstáculos que, según el presidente, la Asamblea ha impuesto a su capacidad de gobernar.
El presidente Lasso ha negado rotundamente las acusaciones de malversación de fondos públicos que se le imputan y ha calificado el juicio político en su contra como una maniobra política destinada a desestabilizar su gobierno. La «muerte cruzada» es una disposición constitucional que permite al jefe de Estado disolver la Asamblea Nacional si considera que esta está obstaculizando su capacidad de gobierno.
Al ejercer esta opción, el presidente Lasso también está asumiendo el riesgo de perder el poder, ya que se deben convocar nuevas elecciones legislativas y presidenciales en un plazo de seis meses. Por lo tanto, tanto el presidente como la Asamblea Nacional perderán sus atribuciones, de ahí el término «muerte cruzada».
En un mensaje al pueblo ecuatoriano, el presidente Lasso afirmó: «Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones».
Este es el primer uso de la «muerte cruzada» desde su introducción en la Constitución en 2008 durante el gobierno de Rafael Correa.
El presidente Lasso continuará en su cargo gobernando por decreto mientras las autoridades electorales determinan la fecha de las elecciones. Según lo establecido en la Constitución, el tribunal electoral de Ecuador debe fijar la fecha de las nuevas elecciones en un plazo de siete días posteriores a la disolución de la Asamblea Nacional.
En cuanto a las acusaciones en su contra, el presidente Lasso ha sostenido que no tenía conocimiento de la supuesta malversación de fondos públicos relacionada con contratos de transporte de petróleo. Ha afirmado que dichos contratos se firmaron durante la administración anterior y que su gobierno solicitó una revisión de los mismos a la Contraloría. Presentó un informe de la Comisión de Fiscalización que recomendaba desechar el juicio político debido a la falta de pruebas, informe que fue rechazado por el parlamento. El presidente Lasso ha argumentado que este proceso es una maniobra política malintencionada dirigida a desestabilizar su gobierno.
El presidente Lasso se enfrentaba a una posible destitución si la Asamblea, dominada por la oposición, obtenía una mayoría de más de dos tercios de los asambleístas, es decir, al menos 92 de los 137 miembros.
