Programa de Infraestructura Rural: hacia territorios más inclusivos: Por Francisco Aguirre, Director de Consultorías Agraria.

La política del Gobierno Regional de Atacama es la de favorecer la inclusión de todos los territorios que permita el desarrollo y el bienestar de sus habitantes.

Para ello, en primer lugar, se hace un importante reconocimiento de que la región no es un territorio homogéneo, que hay muchas realidades distintas y que estas deben ser abordadas en forma diferenciada; y en segundo lugar que para hacer eso se requiere de políticas que discrimen positivamente a los territorios más rezagados y con menor inversión.

El Programa de Infraestructura Rural, que es el que pretende abordar lo anterior, ha tenido un fuerte dinamismo en la región con un gran impulso proveniente del Gobierno Regional y del Consejo Regional, quién en definitiva aprueba los recursos para el financiamiento de los estudios y facilita los procesos para el financiamiento de los proyectos de infraestructura y de fomento productivo, que son las iniciativas que van directamente a las localidades, en la forma de caminos, electrificación, agua potable rural y saneamiento, conectividad, obras portuarias y en general una diversidad de iniciativas de fomento productivo.

Todas estas inversiones se realizan en territorios y localidades en que hay una gran riqueza natural.  En la región de Atacama, además de la minería, hay un inmenso borde costero que entrega valiosos recursos marinos, existe un paisaje y una flora y fauna autóctona que cada día atrae más turistas y unos pequeños espacios agrícolas que reúnen tradiciones ancestrales y formas de producción que se hace necesario preservar en una mirada general de desarrollo territorial.

Sin embargo, la experiencia en muchos lugares de Chile y de otros países, indica que no necesariamente la existencia de riquezas naturales y la inversión pública, beneficia a los habitantes de las localidades. La mayor inversión permite mejor acceso de actores externos, la mejor conectividad baja los costos, el acceso a agua potable hace atractivas inversiones privadas que antes se hacían impensables. ¿Qué aporta este proyecto para que sean los habitantes actuales los principales beneficiados con la inversión?

En primer lugar el proceso de construcción y priorización de la cartera de proyectos que forman parte del Programa de Infraestructura Rural. Todo el proceso es participativo y son los propios habitantes los que deciden en qué invertir. Con esto se le entregan las capacidades a los habitantes locales para abordar y resolver el conjunto de trabas que puedan existir para los emprendimientos, como son los estudios técnicos para realizar las obras, los estudios legales para sanear la propiedad de los terrenos en los que se realizarán las inversiones (problema de primera magnitud en la región) y la gestión para hacer que estos proyectos pueden ser financiados.

Para asegurar que todo este proceso sea sostenible, la mayor garantía es el fortalecimiento del capital social del territorio, es decir la capacidad de las organizaciones para apropiarse del beneficio de las inversiones y asegurar que estas inversiones se traduzcan en bienestar para la comunidad. En el sector pesca existe en la actualidad un importante capital social expresado en sindicatos fuertes con buena representación, por lo que el camino es más expedito. Más difícil, y en consecuencia hay que invertir más en capacidades individuales y colectivas, es en los sectores turismo y agricultura.

También el proyecto promueve y estimula la mayor capacidad del capital institucional, a través de la colaboración de las instituciones para cumplir los fines que se persiguen y los acuerdos público-privados que viabilizan los proyectos productivos.