“El plazo propuesto en el proyecto para que se elaboren los reglamentos –dos años-, que requiere la ley para poder implementarse resulta incomprensible, ya que un país que sufre diversas catástrofes cada año, no puede esperar tanto tiempo para poder contar con un sistema de emergencia”

Como “muy preocupante” calificó el Senador de Renovación Nacional por la Región de Atacama e integrante de la Comisión de Defensa Nacional, Baldo Prokurica, los alcances del proyecto del gobierno –que se encuentra en tramitación-, que busca reemplazar a la actual Oficina Nacional de Emergencia ONEMI y crea el nuevo Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias; esto debido –entre otros aspectos expuestos al ejecutivo-, referidos a la fuente de financiamiento de la nueva institucionalidad y los plazos de su implementación luego de ser aprobado.

Para Prokurica resultan insuficientes los recursos que tendrá el nuevo sistema de emergencia que propone el gobierno, junto aclarar al ejecutivo que los plazos en que se deben estar listos los reglamentos para que pueda operar la ley –tres años luego de ser aprobada-, resultan incomprensibles en un país donde las emergencias nos afectan con gran frecuencia.

De la misma forma, el legislador expuso que el proyecto del gobierno, que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil,  deben estar asegurados los recursos necesarios para que pueda funcionar de manera óptima y garantizarle a la población una atención oportuna en situaciones de catástrofe o emergencias que viva el país.

“El plazo propuesto en el proyecto para que se elaboren los reglamentos –dos años-, que requiere la ley para poder implementarse resulta incomprensible, ya que un país que sufre diversas catástrofes por año no puede esperar tanto tiempo para poder contar con un sistema de emergencia”, enfatizó Prokurica.

De igual forma, destacó el legislador RN “si realmente es urgencia, no se pueden demorar dos años en hacer los reglamentos, con 5 meses deberíamos estar en condiciones de hacer los reglamentos prácticos de un nuevo sistema de emergencia y de catástrofes”.

Como un tema fundamental del proyecto -definió Prokurica-, es poder tener claridad del presupuesto que dispondrán las Fuerzas Armadas para cumplir el nuevo rol que se le asignan.

A juicio de Prokurica, “este nuevo proyecto era una oportunidad para reparar… para mejorar los aspectos que la antigua ONEMI tenía en estas materias, situación que no ha ocurrido, ya que en mi opinión-, el proyecto que ha mandado el gobierno adolece de serios problemas, como es seguir utilizando la ‘política del revote’ para el financiamiento de los gastos, lo que significa seguir diciéndole a las instituciones de las FF.AA que frente a una catástrofe gasten de sus recursos y luego estos serán repuestos”.

“Todos sabemos cómo son esas reposiciones de fondos, lo que se demoran y que en muchos casos no llegan nunca”, indicó el legislador por Atacama.

Prokurica además agregó –que en el proyecto del gobierno-, no hay una disposición que corrija uno de los problemas más serios de la reconstrucción frente a una catástrofe, como es que los órganos del Estado deben abandonar la burocracia estatal que tenemos permanente en Chile para enfrentar una emergencia, realizando los estudios y emitiendo las resoluciones rápidamente –no en plazos de meses e incluso años-, para entregar una solución a la gente afectada que está esperando”.

“No es posible –por ejemplo-, que se le diga a la gente de la Comuna de Diego de Almagro que durante tres años tendrá que vivir como puedan… hasta que la Dirección de Obras Hidráulicas emita un informe que recién se va a licitar el año 2017, que pueda determinar las zonas inundables donde no se podrá volver a construir en dicha comuna”, concluyó Prokurica.

Segundo trámite en el Senado

El proyecto que ingresó al Senado –en su segundo trámite-, el 19 de marzo de 2013, acordándose su paso a la Comisión de Gobierno y al término a la Comisión de Defensa.

El actual gobierno presentó indicaciones sustitutivas, pasando el 11 de agosto de 2015 a su discusión en la Comisión de Defensa. En dicha instancia –en la que se encuentra actualmente-, por unanimidad de los Senadores se acordó solicitar al gobierno, que dicho texto debe de contener plazos acotados, responsabilidades técnicas, políticas expresas y claras, normas de actuación de la FF.AA acotadas a la ley tanto constitucional como ordinaria, un sistema de comunicaciones integrado, recursos para actuar en el ciclo del riesgo desde la prevención, emergencia, respuesta, rehabilitación, reconstrucción y plazos acotados para la actuación del estado en especial en la fase de debilitación y reconstrucción entre otros.

No contempla el proyecto del gobierno:

1.- Un fondo particular de financiamiento para educación, capacitación  y prevención,

2.- Recursos para responder en la emergencia y en la rehabilitación y reconstrucción en base a la prevención previamente diseñada.

3.- Plazos acotados para la elaboración de los planes y programas, así como para la rehabilitación de las zonas y para informes que deben de elaborarse previo a reconstrucción

4.- Modificación al estatuto del JEMCO donde se le entreguen facultades sobre los medios de las FFAA, siendo que son la parte operativa.

Entre los aspectos nuevos están:

1. En todos los ámbitos municipal, provincial, regional y nacional se establece la obligación de establecer los planes de prevención del riesgo, seguridad y planes de emergencia (respuesta a la emergencia) los que serán la parte de ejecución y operativización de la Política Nacional de Riesgo y emergencia. Son los comités en los distintos niveles del ordenamiento, presididos por la máxima autoridad, Ministro del Interior, Intendente, Gobernador y Alcalde los que presiden
2. Dichos planes deberán ser considerados en el Ordenamiento Territorial tanto de manera preventiva como para la rehabilitación y reconstrucción luego de una emergencia.
3. Se establece un jefe de emergencia según la escala del desastre.
4. Las fuerzas armadas son parte integrantes del sistema
5. Se crea el Sistema Nacional de Comunicaciones, donde todas las instituciones públicas y las privadas que participan deberán de coordinar sistemas propios para lograr interoperabilidad previo durante y posterior a la emergencia.
6. Se integran en la estructura del sistema bajo la dirección del Servicio Nacional de Emergencia, las organizaciones de radioaficionados.