El expresidente de Bolivia Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y el exministro de Gobierno Carlos Romero serán citados a declarar en calidad de testigos por el caso conocido como «golpe de Estado I».

Martín Camacho, el abogado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que está con detención preventiva por la causa, informó que a raíz de un memorial que presentó la defensa, que fue aceptada por el Ministerio Público, se pidió la declaración de Morales, García Linera y Romero.

El abogado indicó que el Ministerio Público ha pedido a través de un «requerimiento fiscal» al Servicio General de Identificación Personal (Segip) y al Servicio de Registro Civil (Sereci) datos para conocer los «domicilios de los testigos» para que próximamente puedan brindar «sus declaraciones testificales».

El jurista manifestó que es importante que las tres exautoridades brinden su declaración, ya que el Ministerio Público señala que hubo un «preacuerdo» entre Camacho y la Policía para que «le brinde una seguridad especial a su arribo a la ciudad de La Paz», en medio del conflicto político y social de 2019 en el país.

Camacho indicó que es relevante que Romero declare porque él en «calidad de ministro de Gobierno» en ese entonces garantizó la seguridad del gobernador cruceño para entregar una carta al entonces presidente Morales.

«Esto desbarata y tira por tierra la hipótesis del Ministerio Público en su imputación que dice que había un acuerdo previo entre Camacho supuestamente a través de su padre con los policías para que le brinden seguridad especial, es por eso que es importante que el señor Carlos Romero preste su declaración», recalcó el abogado.

«DECISIÓN VOLUNTARIA DE RENUNCIAR»

Sobre la declaración de Morales y García Linera, sostuvo que será importante cuando den a conocer su «decisión voluntaria» de renunciar a sus cargos.

«No ha existido ninguna presión que hubiese ejercido el señor Luis Fernando Camacho directamente ni sobre Evo Morales ni Álvaro García Linera para que renuncien a su cargo y posteriormente ellos mismos de su propia voluntad decidan abandonar el país para crear un vacío de poder», enfatizó el jurista.

Camacho está acusado por los supuestos delitos de terrorismo, cohecho activo y seducción de tropas, por los hechos de la crisis de 2019 que derivaron en la renuncia del entonces presidente Morales y está detenido en una cárcel de máxima seguridad en el altiplano de La Paz desde diciembre del año pasado.

El oficialismo señala que en 2019 hubo un «golpe de Estado» contra Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.

Once presidentes y expresidentes conservadores de Latinoamérica y España fundaron este viernes en Chile el grupo Libertad y Democracia, un nuevo foro de discusión que nace en un momento en que la mayoría de los países de la región están gobernados por la izquierda.

«Este grupo nace porque creemos que es absolutamente necesario organizarnos y agruparnos para defender la libertad y la democracia en nuestro continente. Muchos de los retrocesos que ha tenido la democracia no es tanto por quienes odian la democracia, sino más bien por la falta de defensa de quienes somos sus partidarios», manifestó el expresidente Sebastián Piñera, anfitrión de la cita.

El paraguayo Mario Abdo y el ecuatoriano Guillermo Lasso son los únicos integrantes en ejercicio del grupo, que también está formado por los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox; los colombianos Iván Duque y Andrés Pastrana; el boliviano Jorque Quiroga; el argentino Mauricio Macri y los españoles Mariano Rajoy y José María Aznar.

«Este no es un debate de izquierda y derecha. Este es un debate entre demagogos y pedagogos. Es sorprendente cómo en nuestros países le vendieron a la juventud que todo estaba mal», apuntó Duque.

Aznar, por su parte, señaló a «los populistas y los falsos profetas» como los grandes enemigos de la democracia, mientras que Rajoy defendió la importancia de la «estabilidad institucional»: «Dar la vuelta a todo cuando cambia el gobierno es algo tremendamente negativo», añadió.

Quiroga y Pastrana fueron los únicos que asistieron presencialmente al acto, celebrado en la Universidad Andrés Bello, y durante el que se suscribió la declaración fundacional del grupo. El resto intervino de manera telemática, y Lasso y Abdo mandaron un mensaje grabado.

Lasso, contra quien la oposición activó un proceso de juicio político por presuntamente proteger a cercanos suyos en un supuesto entramado de corrupción en empresas públicas, criticó «las oscuras intenciones de desestabilizar la democracia» en su país y aseguró que su gobierno «se mantendrá firme».

OLA PROGRESISTA

La creación del Grupo Libertad y Democracia coincide con un hecho inédito: por primera vez en la historia, las cinco principales economías latinoamericanas están gobernadas por la izquierda.

Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández son los que más tiempo llevan en el poder y presiden México y Argentina desde 2018 y 2019, respectivamente.

Gabriel Boric y Gustavo Petro asumieron las Presidencias de Chile y Colombia, respectivamente, en 2022, y Luiz Inácio Lula da Silva se puso al frente de Brasil el pasado enero.

«La izquierda que está controlando la región y destrozándola es un grupo que sí planea, que sí se sienta, que sí se organiza internacionalmente y no cesa en su empeño de destruir las libertades que tanto debemos defender«, apuntó Calderón.

«Lo que estamos viviendo es muy duro y por fin nos hemos unido para afrontarlo juntos», agregó Macri.

La izquierda iberoamericana está articulada en el Grupo de Puebla, un foro de discusión creado en 2019 en el que participan Lula da Silva y Fernández y expresidentes como la brasileña Dilma Rousseff, el español José Luis Rodríguez Zapatero o el ecuatoriano Rafael Correa.

La derecha tradicional no contaba con una instancia de este tipo, a diferencia de la ultraderecha, que recientemente fundó el Foro de Madrid, impulsado por el partido español VOX y con la participación del bolsonarismo o el argentino Javier Milei.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, como «presunto responsable» de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que supone un crimen de guerra según el tratado de este tribunal, el Estatuto de Roma.

La sala de cuestiones preliminares de la CPI también emitió una segunda orden de detención contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.

Ambas órdenes de detención son las primeras de su tipo que emite la CPI en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania y la primera vez en la historia que el tribunal ordena el arresto contra el presidente de un país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó al tribunal autorización para emitir estas dos medidas el pasado 22 de febrero, según comunicó hoy la CPI.

La Corte también detalla que estas órdenes son generalmente secretas para proteger a las víctimas, los testigos y la investigación en curso sobre Ucrania, pero aceptó hacer públicos los nombres de los sospechosos porque «la conducta abordada en la presente situación supuestamente continúa» y hacer pública esta información podría contribuir a la prevención de nuevos delitos.

Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que no es miembro de este tribunal, como tampoco lo es Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de guerra durante la invasión rusa.

¿QUÉ DICEN LAS ÓRDENES DE ARRESTO?

«Vladímir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia«, dice la acusación formal que argumenta la emisión de la orden de arresto.

Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el «territorio ocupado de Ucrania», señaló la CPI, que considera que hay «motivos razonables» para creer que Putin tiene «responsabilidad penal individual» por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.

La responsabilidad individual de Putin, como jefe de Estado y responsable superior, podría traducirse tanto en «haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros», o por «no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos o permitieron su comisión y estaban bajo su control y autoridad efectiva«, según se explica en el artículo 28 del tratado fundacional de la CPI.

En lo que respecta a Lvova-Belova (1984), la CPI considera que tiene «responsabilidad penal individual» por el mismo tipo de crimen de guerra tras «haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros» desde el 24 de febrero del año pasado, fecha en la que comenzó la invasión rusa de Ucrania.

KIEV APLAUDE: «LA JUSTICIA ESTÁ EN MARCHA»

Ucrania había iniciado varios procesos contra Rusia en La Haya por los más de 70.000 crímenes de guerra rusos que dice haber documentado en el territorio.

«Agradezco personalmente al fiscal de la CPI Karim Khan esta histórica decisión», escribió en su cuenta de Twitter el jefe de la Fiscalía ucraniana, Andriy Kostin, que recordó que la justicia ucraniana está investigando la deportación forzosa a Rusia de más de 16.000 niños ucranianos de territorios ocupados por Moscú.

«Tememos que los números reales sean mucho más altos», agregó el fiscal general ucraniano, que explicó también que las autoridades de Kiev han compartido con La Haya más de 40 volúmenes y un millar de páginas de pruebas que documentan estos casos.

Kostin recordó que la orden dictada por La Haya obliga a los países que forman parte del tribunal a detener y entregar al presidente ruso a la CPI. «Los líderes del mundo deben pensárselo dos veces antes de darle la mano o sentarse con Putin», remachó el fiscal ucraniano.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, celebró hoy la orden de arresto internacional dictada contra Putin: «La Justicia está en marcha», manifestó.

«Aplaudo la decisión de la CPI de emitir órdenes de arresto para Vladímir Putin y María Lvova-Belova por el traslado forzoso de niños ucranianos», señaló el canciller.

«Los criminales internacionales pagarán por secuestrar niños y por otros crímenes internacionales», remachó el jefe de la diplomacia ucraniana, que lleva meses movilizándose para conseguir que la comunidad internacional enjuicie a Putin