Particular denuncia usurpación de tierras por parte de la comunidad colla Piedra Luna que se ha ido instalando en el terreno desde 2013. Ya son más de 15 casas las que se ven en el lugar.

Mario Olivares  vive junto a su mujer en la comuna de Tierra Amarilla, trabaja como guardia de seguridad y en sus días libres pasa el tiempo en su casa de material ligero instalada en el Fundo Santa Luisa, terrenos privados ubicados en Piedra Colgada y que fueron tomados por la Comunidad Colla Piedra Luna, constituida en noviembre de 2013 con 22 miembros llegando en la actualidad a 36.

La toma abarca unas 123 hectáreas. Olivares afirma que el “80 por ciento de las personas que pertenecen a Piedra Luna se incorporaron después de haber sido estafadas por Ramón Robles”, presidente de la comunidad colla Serranía Poblete, constituida en noviembre de 2004, y asentada en 101 hectáreas -a cinco kilómetros del predio tomado- en terrenos fiscales cedidos por Bienes Nacionales e inscritos en enero de 2010.

Olivares y otros comuneros de Piedra Luna acusan a Robles de instigar la toma en los terrenos privados, esto luego de “meter” en Serranía Poblete a gente que no era colla, razón por la cual muchos descendientes de esta Etnia han quedado fuera de las tierras que la Conadi entregó exclusivamente a los familiares directos de Gerónina Alcota, la primera colla que se asentó en el lugar en 1925 de acuerdo a lo señalado por el “Diagnóstico socio cultural de la Comunidad Colla Serranía Poblete” preparado en 2006 por la Universidad de Atacama que sirvió de base para la entrega de las 101 hectáreas que ocupan hoy.

“Yo le pagué 700 mil pesos a Robles por entrar ahí pero nunca me lo permitió y no me devolvió el dinero. Hace dos años me aburrí y busqué donde instalar mi casa. Si no fuera por esa pillería no estaríamos aquí”, indica el fundador de Piedra Luna mientras muestra un recibo de “cuota por incorporación”.

Esta acusación es respaldada por Marcos Robles, sobrino de Ramón y quien a pesar de ser descendiente de Gerónima Alcota no tiene ni una hectárea dentro de la comunidad. “Cómo es posible que mi familia y yo no tengamos donde instalarnos. Ramón Robles le vendió terrenos a cualquiera para ubicarse y nos dejó fuera de algo que nos pertenece”, afirma mostrando un documento que señala que en febrero de 2014 Ramón Robles declaró en la Fiscalía de Copiapó que “yo soy presidente de la comunidad indígena Serranía Poblete y se nos han asignado 3.500 hectáreas”. “Nosotros somos dueños solo de las 101 hectáreas otorgadas, pero Ramón Robles habla de 3.500 no sé de dónde lo saca y en base a ese dato falso engaña y les asigna terrenos en distintos lugares a otras personas”, retruca Marcos Robles.

Por su parte, Ramón Robles niega haber cometido alguna irregularidad y afirma que las críticas lo fortalecen. “Todo lo que dicen de mí es falso, no han podido demostrar nada y si es así que acudan a la justicia a denunciarme”, indica.

Robles al ser consultado por «Maray»,  si uno como ciudadano común y corriente puede instalarse en estos terremos sostuvo que efectivamente lo puede hacer por que estos terrenos no son de nadie. Agregó que Bernales se hizo en forma ilicita de varios terrenos.

Frente a las acusaciones que hacen comuneros en contra de Robles, Claudio Araya, representante de Conadi en Atacama señala que “los reclamos son situaciones cotidianas entre las comunidades, pero nadie lo expone formalmente. No pienso que se lo hayan inventado porque ha sido reiterativo, son varios los que se han quejado, pero nadie lo ha denunciado”.

Comunidad sin tierra

Los terrenos tomados en Piedra Luna pertenecen desde 1985 a dos empresas agrícolas representadas legalmente por Eugenio Bernales, que aportó detalles a “Radio Maray”.

Ese año fueron adquiridos a la familia Aguirre, quienes eran dueños de estas tierras desde 1895 y que formaban parte de la Hacienda Ramadilla, cuya existencia se remonta a 1745, como lo demuestran títulos y planos antiguos. Según los títulos de dominio vigentes que muestra Bernales, sus tierras se encuentran inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de Copiapó, “con planos georreferenciados que permiten apreciar la ocupación ilegal. Debido a esto, se presentó y fue acogida una querella criminal por usurpación en mayo de 2014.

“A pesar de la querella se han seguido instalando construcciones y cercos en forma impune. Además destruyeron un letrero que pusimos que indicaba que se trataba de una toma ilegal. No es bueno traer a Atacama un conflicto de estas características que nos recuerda lo que ocurre en el sur”, dice Bernales.

Aunque se trata de un terreno privado, los comuneros de este asentamiento no tuvieron problema en constituirse como comunidad en la Conadi. Según funcionarios del organismo público “para constituir una comunidad indígena no es necesario ser propietario del lugar, solo basta con pertenecer a una Etnia, pero en ningún caso esto los acredita como dueños del terreno”.

“Se dice que estas tierras tienen un dueño, pero a mí todavía no me han podido sacar. Ahora supongamos que este terreno es de alguien, la ley dice bien claro que el Estado debe comprarnos esas tierras o ubicarnos en otro sitio donde nosotros queramos”, afirma Olivares quien insiste en que el lugar le pertenece por el hecho de ser Colla y que no teme a enfrentarse a Bernales en tribunales, pues “la ley indígena me protege”.

Finalmente, el Fiscal de Copiapó, Luis Miranda, precisó que en vista de los antecedentes “emitimos una solicitud a la Asesoría Jurídica para que se realice un peritaje topográfico que nos indique los deslindes, lotes y en qué parte se encuentra cada morada a lo largo del terreno y posteriormente seguir investigando esta causa. El peritaje debería durar entre 20 y 30 días”.