En el marco del debate sobre la legalización del aborto de niños y niñas con S. de Down, no es posible avalar definiciones restrictivas, inhumanas y fuera de los acuerdos sobre derechos humanos. En las últimas décadas la vida de las personas en situación de discapacidad, entre ellas, niños, niñas, jóvenes y adultos con Síndrome de Down, se ha visto favorecida gracias a las políticas públicas y las prácticas de las organizaciones en el mundo entero. Ejemplo es el primer tratado internacional del siglo XXI con la Convención Internacional de derechos humanos de personas con discapacidad del 2006 y en Chile, con la Ley de Inclusión social N° 20.422 del 2010, acentuando el pleno acceso a las distintas esferas de la vida, entre ellas la salud, la educación y el trabajo.

En este contexto, la existencia del Programa de formación socio laboral, Prufodis de la UCEN, que desde el año 2006 recibe a jóvenes mayores de 18 años, permite mostrar a la sociedad que jóvenes con S. de Down y otros, presentan intereses y necesidades equivalentes, con inquietudes y capacidades que se van desarrollando con el debido acompañamiento profesional y familiar, y donde la diferencia radica principalmente en las barreras del medio y los prejuicios, que muchas veces detienen o limitan mayores avances.

Ingresar a la educación superior y compartir un espacio de diversidad de personas, permite ver el aporte de una comunidad y de un programa que aun no contando con el reconocimiento equivalente a un programa regular para optar a los apoyos estatales, transforma la vida de las personas, quienes avanzan notablemente en su autonomía, independencia y calidad de vida en general, para optar a un puesto de trabajo o continuar estudios, aprendiendo a desenvolverse por sí solos, conociendo más de sus derechos y deberes y le enseña a la propia comunidad universitaria, la relevancia de formarnos, no solo en conocimientos, sino en una convivencia social inclusiva.

Actualmente el debate de cómo logramos ciudades más inclusivas para todos/as se ha vuelto un tema creciente en la planificación urbana y en la discusión ciudadana. Sin embargo, a pesar de la irrupción con fuerza de la reivindicación de los derechos de las mujeres a ser parte de la esfera pública – evidente a través de diversos movimientos feministas y avances teóricos – persiste la inequidad en el acceso femenino a los procesos urbanos y socioculturales que construyen el espacio que cohabitamos.

Las ciudades históricamente se han erigido desde un punto de vista androcéntrico, pensado para un usuario tipo (hombre, joven y sin problemas de movilidad), invisibilizando y marginando la experiencia y el derecho de participar a un espacio que debiese acoger todas las diversidades.

En este sentido, abordar la planificación de los asentamientos urbanos, considerando una perspectiva de género, nos ayudaría a tener ciudades más heterogéneas y seguras, sobre todo para las mujeres y niñas, que son las que vivencian actualmente, sus barrios, plazas y calles, desde el miedo e inseguridad.

De acuerdo con la última encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana (INE,2021), este grupo es el que percibe mayor inseguridad en estos lugares y son proporcionalmente más víctimas de delitos que los hombres. A nivel nacional un 71,2% de mujeres dice sentirse vulnerable, con miedo a caminar por la calle cuando ya está oscuro.

Los desafíos desde la academia, particularmente en la carrera de arquitectura apuntan a proyectar incluyendo un enfoque de género, particularmente en las asignaturas de taller arquitectónico y urbano. Por ejemplo, diseñando vías de circulación peatonal que consideren espacios visualmente despejados, iluminados y con accesibilidad inclusiva. No solo lo público debe ser repensado, la vivienda también, ya que es en ella donde se siguen perpetuando roles de género que han sido impuestos por la sociedad y la cultura.

En este sentido es relevante sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre estas problemáticas, partiendo de la base de que los espacios públicos no son neutros. Hay que avanzar en la superación de las barreras que impiden su uso y disfrute, orientándonos a una ciudad más amigable para todas y todos.

La Declaración de los Derechos del Niño -proclamada por las Naciones Unidas- fue aprobada el 20 de noviembre de 1989, determinando la fecha como el Día Internacional de la Infancia. Esta conmemoración tiene como objetivo la promoción del bienestar de los menores de edad. En este contexto, desde el primer momento que nos hicimos parte de la Convención como país, nos comprometimos a una serie de acciones para realizar como Estado. Una transformación de la situación de la infancia y adolescencia en Chile.

Esta transformación parte por tener la convicción de que las personas menores de 18 años precisan atención y protección especiales. El cambio de perspectiva que se debe generar, con miras a la infancia plena, indica, a partir de este tratado, que niños y niñas ya no deben considerarse propiedad de los padres y madres, ni beneficiarios indefensos de una obra de caridad. Son seres humanos titulares de sus propios derechos.

Por y para ello se les debe asegurar el acceso a la salud y a la educación, generar todo lo necesario para que puedan desarrollar plenamente su personalidad, habilidades y talentos. Para que crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión y reciban información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en dicho proceso de una forma accesible y activa.

Uno de los principios fundantes que es transversal a las medidas que debemos tomar como Estado es la no discriminación. En este sentido, se ha problematizado el bullying transfóbico y homofóbico en los centros educativos, así como en otras instancias de la vida cotidiana de niños niñas y adolescentes en nuestro país. Se ha encontrado una forma de discriminación activa y preocupante en estos espacios. Estas dinámicas discriminatorias han tenido consecuencias desastrosas en el desarrollo de la infancia y adolescencia en Chile.

Para ahondar en el análisis, puedo mencionar que no sólo se vulnera el principio de no discriminación sino también el derecho a la educación de los afectados y afectadas. A partir de esta evidencia, se están gestando diversas iniciativas que involucran a las comunidades educativas y docentes, desde un enfoque de derechos humanos.

Es fundamental la incorporación de conceptos y la reflexión en torno a ésta y otras temáticas emergentes y urgentes de abordar. Para respetar la diversidad sexual debemos adquirir conocimientos y superar estigmas y prejuicios personales, comprendiendo finalmente el impacto de las acciones discriminatorias en nuestros niños, niñas y adolescentes, para facilitar el desarrollo pleno e integral, en un ambiente inclusivo y de paz. Se lo debemos.