REGIÓN ATACAMA

Seremis de Gobierno y de Justicia destacan avances para persecución penal del crimen organizado

La Seremi de Gobierno, Sofía Vargas Roberts junto a su par de Justicia y Derechos Humanos, Tomás Garay Pérez valoraron positivamente la promulgación de la Ley Anti Narcotráfico. Esta nueva legislación permitirá regular el destino de los bienes incautados en delitos, y pone el foco en el decomiso de bienes, considerando bienes inmuebles y busca frenar el financiamiento de quienes se dedican al narcotráfico.

Sobre la ley, La seremi de Gobierno en Atacama, Sofía Vargas Roberts mencionó que permitirá “Generar persecución y penas efectivas al narcotráfico y crimen organizado entendiendo que es un negocio. Por lo tanto la inteligencia financiera y cómo se percibe el fenómeno es la clave del éxito de lo que plantea esta nueva ley entendiendo que la delincuencia asociada al narcotráfico va desde las esferas más vulnerables a las más altas. Por tanto, el rol reactivo es importante para hacer justicia, pero también el rol preventivo es fundamental para intervenir en los barrios y en los menores de edad que son utilizados por las bandas criminales y el control de armas. Por ello, el reforzamiento de la reinserción social y la rehabilitación de jóvenes, niñas y niños es una de las bases de esta nueva ley”.

Sobre la iniciativa, el Seremi Tomás Garay añadió “son dos aristas bastante importantes en la lucha contra el crimen organizado. Por una parte, el fortalecimiento del trabajo policial para luchar contra los delitos que están relacionados con el narcotráfico y por otra parte los delitos económicos. En este sentido, se entregan mayores herramientas a los organismos del estado para poder perseguir aquellos delitos de carácter económico que muchas veces pueden estar relacionados también con el narcotráfico”.

Junto a lo anterior, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama destacó que: “se ha materializado además una clara señal de lucha contra la impunidad económica gracias a la aprobación de la ley que amplía la persecución penal de los delitos ‘de cuello y corbata’ y contra el medioambiente, destacando el compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric por tratar este tipo de ilícitos con las herramientas necesarias”.

El proyecto determina cuatro categorías para los delitos económicos: los que atentan contra el mercado de valores; los cometidos en el ejercicio de un cargo o función dentro de una empresa o en beneficio de la misma; los cometidos por un funcionario público y finalmente, el lavado de activos.

Esta ley se suma a las medidas del Gobierno para generar ciudades más seguras. Esta legislación forma parte de las 16 iniciativas de seguridad que el Gobierno le dio urgencia en el Congreso durante el mes de marzo de este año, lo que permitió una rápida tramitación para agilizar la agenda de seguridad.

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