El intenso frente de mal tiempo que afectó a la región ha vuelto a poner en el debate el tema de las lluvias y sus efectos en esta zona desértica, en especial sobre el rol que le compete a la autoridades locales y nacionales.

Si los aluviones del 25 M fueron la señal de alerta, el nuevo desborde del río Copiapó y del río Salado son la confirmación más evidente que las cosas están cambiando. Dos eventos hidrometereológicos en un periodo de 2 años han producido inundaciones, bajadas de quebradas y aluviones. Los habitantes de Chañaral, Diego de Almagro, Copiapó y Tierra Amarilla vuelven a ser golpeados por la fuerza de la naturaleza, cuando todavía no se terminaba el proceso de reconstrucción del 2015, que además ha estado envuelto en la polémica. Todo indica que más allá de la emergencia, esta será la nueva realidad a la que nuestra tierra tendrá que adaptarse, y enfrentar con resolución. En lo que respecta a los vecinos y la sociedad civil, todo indica que han ido paulatinamente asumiendo el desafío, desde repensar la forma de hacer construcciones hasta la preparación previa a un evento de esta naturaleza. La gran pregunta es cómo se está adaptando el Estado. Y aquí el diagnóstico no es prometedor.

La burocracia se caracteriza por la rigidez de sus instituciones y procedimientos, y la regla general es que se resista a los cambios o que los realice a menor velocidad de lo necesario. En el caso de las obras de mitigación, pareciera que se trata de la segunda situación, pues en dos años casi nada se ha avanzado en materia de obras en el cauce, defensas de quebradas o modificaciones a los planos reguladores. Todas estas medidas son de iniciativa exclusiva del Estado, y a pesar de ello el avance es casi nulo. La reflexión de fondo, si el Estado no es capaz de hacer aquello para lo que tiene facultades y recursos, ¿podrá hacerse cargo de otros temas como educación, salud y pensiones, como algunos quieren?

Los aluviones y las lluvias pueden ser una oportunidad no solo para mejorar la infraestructura regional, sino que también, para evaluar y repensar el rol del Estado en Chile.

Escrito por: Álvaro Iriarte – Director de Investigación Instituto Res Publica