PAÍS

Violencia escolar: Municipio de Antofagasta deberá entregar protocolo de seguridad tras fallo

La suspensión de clases se mantiene este lunes en tres establecimientos municipalizados de la comuna de Antofagasta, debido a diversos episodios de violencia. La medida fue tomada por los docentes al invocar el Artículo 184 bis del Código del Trabajo, que permite interrumpir labores cuando existe un riesgo grave e inminente para la vida y salud del personal.

Los establecimientos afectados son el Liceo Comercial A12, el Liceo Marío Bahamonde Silva 15 y el Liceo Técnico A14, donde se han registrado agresiones y desórdenes en el marco de las manifestaciones por el incidente ocurrido el 7 de junio, cuando un perro fue lanzado desde un tercer piso en el primero de los mencionados liceos.

El Tribunal Laboral de Antofagasta acogió una demanda de los trabajadores contra la Corporación Municipal de Educación, otorgando cinco días hábiles a la institución para que presente un protocolo de seguridad adecuado. Sin embargo, el tribunal rechazó la petición de los funcionarios de suspender las clases como medida de protección.

Ramón Miranda, abogado del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación de Antofagasta, señaló: «El tribunal le está dando la oportunidad a la Corporación de que utilice esos cinco días para elaborar protocolos suficientes para proteger a los trabajadores, pero lamentablemente nos han entregado protocolos insuficientes. Nos han proporcionado protocolos de evacuación para sismos y tsunamis, que no son útiles en el contexto de protestas, donde el peligro es de origen humano y puede ser dirigido de manera inteligente».

Cerca de 4.000 estudiantes permanecen sin clases debido a esta situación.

El seremi de Educación de Antofagasta, Alonso Fernández, destacó que «nosotros seguimos con nuestro Plan Antofagasta, una iniciativa regional que obtuvo recursos del Gobierno Regional y nos permitirá contratar a un equipo multidisciplinario, incluyendo psicólogos, psiquiatras, abogados, entre otros, para intervenir en aproximadamente 209 establecimientos educacionales». Este plan cuenta con un presupuesto de 300 millones de pesos y se ejecuta en coordinación con instituciones como la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Corporación Municipal de Desarrollo Social.

Ivette Gareca, presidenta del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación de Antofagasta, lamentó que «en la mesa de trabajo integrada por la Corporación y la Seremi de Educación no se haya convocado a los gremios, quienes conocemos de primera mano las situaciones que afectan a los trabajadores». Gareca criticó que «esto se ha trabajado casi a puertas cerradas entre ambas autoridades y no hay comunicación oficial de la Corporación hacia nuestro sindicato».

 

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