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Zona Norte: La crisis migratoria que desbordó al Gobierno

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Una explosiva combinación de factores ha incrementado la tensión en el norte de Chile, al punto de que el Gobierno saliente del presidente Sebastián Piñera anunció un estado de excepción en cuatro provincias fronterizas con Bolivia y Perú, como parte de un acuerdo para inducir al gremio de los transportistas a poner fin a una paralización y bloqueo de carreteras en la región.

La muerte de un camionero, en la que presuntamente estuvieron implicadas tres personas, entre ellas dos venezolanos, fue el detonante inmediato de esta nueva crisis, que en realidad no es nueva, porque ha venido fraguándose y manifestándose con bastante claridad desde hace tiempo. Brotes de xenofobia, protestas contra los migrantes y fuerzas del orden desbordadas han sido las expresiones más visibles.

«Hemos venido advirtiendo hace ya más de un año que esta una variable que iba a estallar alguna vez. Y las autoridades fueron absolutamente indolentes», dice a DW el analista político Gabriel Gaspar, quien conoce muy bien la región.

«En los últimos años han entrado al país, según los datos oficiales, cerca de 1,5 millones de inmigrantes legalmente. Si les sumamos los que han entrado de manera ilegal, tenemos que a Chile ha entrado, en los últimos años, más o menos el equivalente a un 10 por ciento de la población», explica.

Y pide imaginar qué habría sucedido, por ejemplo, en Alemania, si hubieran llegado 8 millones de inmigrantes. Gráfica así las dimensiones del problema, puntualizando que «se está llegando al límite de la capacidad para poder asimilarlos con relativa comodidad, como siempre había sido».

«Pólvora que estalló»

El mayor grupo de inmigrantes lo conforman los venezolanos, pero también hay colombianos, haitianos, dominicanos y gente de otros países que busca una vida mejor en Chile, pero se ha topado con más precariedad y un creciente rechazo.

De una «inacción prácticamente total del gobierno central» habla el sociólogo Luis Eduardo Thayer, académico de la Universidad Católica Silva Henríquez, de Santiago. «Ha habido bastante displicencia, y eso ha contribuido al enojo de la gente», afirma.

Pero diagnostica también un «cambio de la cultura con la que nos enfrentamos a la inmigración, que se ha impulsado desde la política». Se refiere a una instrumentalización del problema, en el marco de la cual se ha adjudicado a los migrantes la responsabilidad por las deficiencias en múltiples materias, ya sea de salud, de trabajo o de cobertura de la educación preescolar, canalizando hacia ellos el malestar.

«Y si a eso le sumamos situaciones de hecho muy complejas, como las que se están viviendo en el norte, tenemos una combinación que es pólvora y que estalló», dice a DW.

El problema de fondo, a su juicio, es que el Gobierno se ha centrado en una política de fronteras irrealista, y no ha desarrollado una política de integración. Por eso, considera que la nueva ley de migraciones, que acaba de entrar en vigor con la publicación de sus reglamentos, no reportará una solución.

«La crisis que se está viviendo no tiene que ver con vacíos legales, sino con la ausencia de políticas. Se va a requerir una política que permita retomar el control de la frontera y hacerse cargo de la situación de irregularidad desbordada que existe no solamente en el norte, sino también en el centro del país», considera.

La nueva ley de migraciones

Entre los aspectos de la nueva ley, aprobada ya el año pasado, se cuenta la obligación de que quienes deseen inmigrar deban pedir un visado en el consulado chileno antes de llegar a Chile, cosa que en la práctica no ha funcionado bien.

Hay retrasos en la tramitación de solicitudes y muchas se deniegan. Pero eso no necesariamente hace desistir a los migrantes, sino que muchos intentan entonces entrar por otras vías. A ello se suma el cierre de los pasos habilitados formalmente, debido en la pandemia.

«Las personas buscaron otros caminos. Así lo demuestra el crecimiento de las denuncias por ingreso clandestino que tiene la Policía de investigaciones, que se han disparado y en el último año han llegado a cerca de 50.000», indica Thayer.

Otro de los puntos de la nueva ley tiene que ver con la expulsión. «Se consagra esta idea de las expulsiones ‘en caliente’, o las reconducciones o devoluciones en la frontera. El problema es que no tienen bien trazado el mecanismo de reconducción», dice el académico chileno. «Entregan a una persona supuestamente a la Policía boliviana, pero la Policía boliviana tiene que tener la disposición de recibirla, y eso no está ocurriendo», explica.

Ambos expertos entrevistados coinciden en criticar la inacción del Estado en el asunto. Y este es uno de los muchos problemas que heredará el próximo Gobierno, que asumirá el 11 de marzo. Según Gabriel Gaspar, «están dejando un país totalmente desarticulado», Así que, advierte, «el nuevo gobierno de Gabriel Boric va a tener que enfrentar una situación de restaurar el orden público, el estado de Derecho y el pleno funcionamiento institucional en cuanto recién asuma. No va a tener ninguna luna de miel».

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Minsal anunció el fin de la homologación de vacunas para ingresar al país

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El Ministerio de Salud anunció esta jornada que terminará con la homologación de vacunas contra el Covid-19 para los turistas que quieran ingresar al país.

La simplificación para el ingreso a Chile regirá desde el próximo 1 de septiembre, pudiendo llegar al territorio chileno con un certificado de vacunación entregado por el país donde se otorgó la dosis contra el coronavirus, además del respectivo documento de identidad.

Dicho certificado funcionará también como pase de movilidad, permitiendo el ingreso a hoteles, restaurantes, cines, etc.

La ministra Begoña Yarza explicó que, para entrar a Chile, «este certificado de vacunación es el que se va a presentar en la línea aérea para hacer todo el trámite del ingreso».

En tanto, las personas no vacunadas deberán presentar un PCR con resultado negativo, realizado en el lugar de origen 48 horas antes de llegar al país.

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Contraloría: Ministro Jackson «no se ajustó a la necesaria prescindencia»

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La Contraloría General de la República (CGR) estableció este viernes que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, «no se ajustó a la necesaria prescindencia» de cara al plebiscito constitucional de salida del próximo 4 de septiembre.

La resolución responde a un oficio ingresado la semana pasada por los diputados de la Democracia Cristiana (DC) Joanna Pérez y Eric Aedo, que reclamaron una presunta «vulneración a los principios de juridicidad y probidad» respecto a la responsabilidad que desplegaría el secretario de Estado al recibir las propuestas para modificar la nueva Carta Fundamental en caso de aprobarse en el referéndum.

En un informe de cuatro páginas firmado por el contralor, Jorge Bermúdez, el ente fiscalizador señaló que, «como puede advertirse, el legislador le entregó al Ministerio Segpres, entre otras, la función de asesorar en temas de relevancia política al presidente de la República y a sus ministros, y le asignó el rol de coordinador del gobierno con el Congreso Nacional y los partidos políticos, en temas legislativos y normativos. Por ello, se ajusta a las funciones propias de esa Cartera de Estado el que su ministro se reúna con los partidos y líderes políticos con el fin de analizar temas de relevancia nacional, y legislativos y normativos».

«En el caso en estudio, se tuvieron a la vista antecedentes consistentes en declaraciones a noticiarios y notas de prensa que hicieron de público conocimiento las expresiones vertidas el 2 de agosto de 2022 por el ministro Secretario General de la Presidencia. En ellas se aprecia que el Ministro comunicó en los medios que lo que se está pidiendo es que, en el caso de la opción Apruebo, los partidos puedan hacer llegar propuestas a su Cartera de Estado, añadiendo que van a recibir todas las ideas para sacar los mínimos comunes, y que el objetivo es tener claridad de los elementos y los escenarios que enfrentará el Gobierno en conjunto con el Congreso a partir del 5 de septiembre«, indicó la CGR.

Sin embargo, el organismo «advierte que en forma previa a la realización del plebiscito, se hizo presente a ciertos partidos que se identifican con una de las opciones plebiscitadas -Apruebo-, la posibilidad de formular proposiciones para modificar la propuesta de nueva Constitución en caso de ser aprobada, y sin que conste de los antecedentes tenidos a la vista ni de lo informado por esa Cartera de Estado, que esa autoridad haya adoptado medidas parecidas en relación con la opción Rechazo».

«De este modo, la manera y la oportunidad en que el ministro Secretario General de la Presidencia efectuó la aludida comunicación, si bien se enmarcan dentro de las funciones que le corresponden a esa Secretaría de Estado, no se ajustó a la necesaria prescindencia que se requiere frente al plebiscito, por lo que esa autoridad deberá tener presente las consideraciones antes expuestas en el ejercicio de sus funciones, en lo sucesivo«, concluyó.

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PDI incauta más de 100 kilos de Cannabis lista para su venta en precordillera de Río Hurtado

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La Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado La Serena realizó las últimas diligencias, tras la Operación Amanecer que, hace 3 meses, incautó 2 toneladas de la droga y dejó a una banda en prisión.

A más de 2 mil metros de altura sobre el nivel del mar, en la precordillera de la comuna de Río Hurtado, los detectives volvieron a desarrollar diligencias que corresponden a la continuidad del trabajo que realizaron en la localidad de Chacay, hace más de tres meses.

El pasado 9 de mayo, la Brigada Antinarcóticos y Contra El Crimen Organizado La Serena daba cuenta de su investigación y los resultados de la Operación “Amanecer”, que dejó más de 2 toneladas de cannabis lista para su comercialización, 11 detenidos y la incautación de una serie de evidencias como armas, municiones, explosivos, dinero en efectivo, vehículos y relojes.

“Detectives de esta unidad especializada volvieron al sitio del suceso, una zona cordillerana de difícil acceso, a 2 mil metros de altura sobre el nivel del mar, donde la labor de análisis criminal e inteligencia policial, permitió encontrar más de 10 sacos con cannabis, en total incautamos 101 kilos de sumidades floridas. Esta es la continuidad de una investigación que desarrollamos con éxito hace unos meses y que nos permitió desbaratar una banda que se dedicaba al cultivo, producción, resguardo, venta y distribución de la droga”, señaló el comisario Juan García de la Brigada Antinarcóticos y Contra El Crimen Organizado.

Fueron cerca de cuatro horas de traslado desde La Serena hasta el interior de la comuna de Río Hurtado para ubicar nuevamente el terreno donde operaban hombres y mujeres, que desde mayo están en prisión preventiva, entre otras medidas cautelares, formalizados por tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas.

“Estos sacos con cannabis estaban ocultos entre unos árboles, precisamente. Este es un remanente de la droga incautada anteriormente que ubicamos en una zona de acopio, con la droga seca y lista para ser comercializada. Esta investigación la trabajamos en coordinación con la fiscalía local de Ovalle”, señaló el comisario García.

Antecedentes que se suman a la causa de la Operación Amanecer, en contra de esta banda criminal que, pese a la lejanía de su centro de operaciones, pudo ser ubicada y desarticulada hace tres meses por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado La Serena.

 

 

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