Aislar a apologistas de la violencia y aprobar proyectos clave: Los objetivos de La Moneda con su nuevo llamado a acuerdo

Pese a que la idea ya fue criticada por la oposición, desde el Ejecutivo pretenden reactivar las conversaciones con la centroizquierda.

«Lo que el país necesita con urgencia es un gran acuerdo nacional contra la violencia y en defensa de la democracia», dijo ayer el Presidente Sebastián Piñera, fijando la recuperación del orden público como la principal prioridad de su Gobierno de cara al inicio de marzo, mes en el cual se especula con un recrudecimiento de los hechos vandálicos.

Según el Mandatario, dicho pacto debe condenar “a los que no condenan la violencia y a los que no defienden la democracia”. A su juicio, «esto no es un tema de Gobierno u oposición, este es un tema entre los que creemos que la violencia no es el camino y los que creen que la violencia es el camino».

Asimismo, Piñera sostuvo que para concretarlo es clave que la agenda social que impulsa el Ejecutivo tras el estallido del 18-O tenga avances en el Congreso, además de progresos en los proyectos de seguridad pública, como la ley que modernizará a Carabineros, la que mejora el sistema nacional de inteligencia y la ley de infraestructura crítica.

Sin embargo, y antes de entrar en detalles de cómo lograr que todos los sectores se alineen detrás de este nuevo llamado a acuerdo, desde la oposición cuestionaron sus intenciones, apuntando que es responsabilidad el Gobierno llegar a consensos para sacar adelante esos proyectos y resguardar el orden público.

«No se entiende el sentido de este llamado, es el Gobierno el responsable de mantener el orden público. Por tanto, parece que el Presidente está buscando excusas para justificar que no está haciendo su trabajo”, comentó el líder del PS, Álvaro Elizalde, coincidiendo con la opinión expresada también por su par del PPD, Heraldo Muñoz.

No obstante, desde La Moneda confían en contar con el respaldo de la centroizquierda. Para ello, según cuentan desde Palacio, reactivarán las conversaciones con sus líderes, apuntando principalmente a los partidos que formaron la Concertación, en cuyas filas hay figuras que ya han expresado la necesidad de recuperar la paz social.

Entre ellos, mencionan como ejemplo la postura proclive del presidente de la DC, Fuad Chahín, y las posiciones del senador del PS, José Miguel Insulza, recordando que se trata de un debate que se ha venido dando en la oposición y que esta vez esperan se traduzca en acciones concretas.

En el Gobierno aseguran que es de vital importancia que se entienda que hoy está en juego «el buen funcionamiento de nuestras instituciones democráticas» y que con violencia «no va a ser posible» concretar las demandas sociales y menos el plebiscito constitucional del 26 de abril.

El plan del Ejecutivo Según comentan desde La Moneda, la idea de impulsar un acuerdo de esas características se viene desarrollando desde hace varias semanas, luego de llegar a la conclusión de que el acuerdo político firmado el 15 de noviembre y que permitió el inicio del proceso constituyente no se estaba concretando correctamente.

En el Ejecutivo dicen que mientras la ruta hacia una nueva Carta Fundamental acordada esa jornada está siendo cumplida cabalmente, el compromiso de los actores políticos que suscribieron el documento con la paz y el orden público no ha sido asumido con fuerza en la oposición.

De acuerdo a fuentes de Gobierno, en las últimas semanas ya ha habido diálogos con algunos de los líderes de la oposición y de Chile Vamos, los cuales pretenden reactivar y ampliar durante marzo a otros actores económicos y sociales, las cuales serán conducidas por los ministros de Hacienda y Desarrollo Social, respectivamente.

El objetivo no es suscribir un nuevo documento, sino que se respalden las estrategias que han planteado para enfrentar la violencia, como sacar adelante la reforma de seguridad, los cambios a Carabineros, concretar la reforma previsional y asegurar que el plebiscito se desarrolle de manera normal. Todo ello será coordinado por el ministro del Interior, Ignacio Briones, y el resto del comité político.

Uno de los objetivo es conseguir una condena «sin matices» a la violencia y que se aísle a quienes la justifican, apuntando con ello a sectores como el PC, desde donde se ha defendido el actuar de la «primera fila».

El segundo es «generar convicción» en el mundo político sobre ese punto, para que de esa forma la condena se transmita de manera clara y firme hacia la opinión pública. Y el tercero, llegar a acuerdos en los temas clave en el Parlamento, sobre todo en pensiones y en seguridad.

Fuente: Emol.com