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Contraloría cuestiona viajes de alcaldes y concejales por más de $100 millones

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Los funcionarios públicos viajaron a China, Ecuador, Cuba, Colombia y México, entre otros lugares, sin que las actividades hayan estado relacionadas con el quehacer municipal o contribuido a mejorar sus conocimientos o destrezas.

 

Fuente Información: 24 horas.cl

 

Durante 2018 y 2019 la Contraloría General de la República objetó una serie de viajes de alcaldes, concejales y funcionarios al extranjero en diversos municipios por un monto de $105.002.399. En la mayoría de los casos se cuestionó viáticos, compra de pasajes, reembolsos, gastos a rendir o improcedentes.

La Municipalidad de Hijuelas pagó inscripciones, viáticos y pasajes por $22.296.510 para la participación de concejales y funcionarios en una pasantía realizada en Quito, Ecuador, sin que se haya advertido una relación entre las materias abordadas y las funciones de quienes participaron.

Uno de los informes da cuenta que en los actos administrativos de la Municipalidad de Cauquenes en los que se aprobaron las capacitaciones internacionales no se fundamentó la necesidad de que concurrieran esos concejales, o las razones por las cuales fueron elegidos. Tampoco se constató de qué manera su participación habría incrementado sus conocimientos y destrezas para el buen desempeño de sus cargos en materias relacionadas con la gestión. En este caso la Contraloría objetó $22.249.517.

Con motivo de la participación de concejales de la Municipalidad de Cunco en una gira técnica de estudio a la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el municipio gastó $19.044.264. Sin embargo, según otro informe, no se acreditó la realización de las actividades planificadas mediante certificados u otro documento formal extendido por las autoridades visitadas.

 

La Municipalidad de Santo Domingo no acreditó que la participación de tres concejales en las pasantías “Turismo sostenible, instrumento para reducir la pobreza y proteger el ambiente” y “Desarrollo sostenible en planes municipales en medio ambiente y reciclaje”, efectuadas en Costa Rica y Perú,respectivamente, estén relacionadas directamente con el quehacer municipal. Tampoco se pudo comprobar que hayan contribuido a actualizar y mejorar los conocimientos y destrezas para el eficiente desempeño de sus labores y por cuyas actividades el municipio desembolsó $17.874.388. 

De acuerdo a otro documento, concejales de la Municipalidad de Concepción participaron en la “Conmemoración de los 206 años de la gesta libertaria del Departamento de Santa Cruz de la Sierra”, encuentro realizado en Bolivia. Sin embargo, no se pudo acreditar que dicha actividad tuviese relación directa con las funciones propias del concejo municipal. Por este motivo la municipalidad tuvo un gasto de $7.637.720.

Se comprobó que la Municipalidad de Quilicura pagó $15.900.000, por la capacitación “Encuentro entre funcionarios de Chile y Cuba, sistemas de educación, salud, tercera edad y poder popular” llevada a cabo en La Habana y Varadero, Cuba, sin que se advirtiera que tal actividad se relacione con las funciones de quienes fueron designados, pertenecientes a la planta administrativa y auxiliar del municipio, y no a las áreas de salud o de educación.

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Se destraba el Presupuesto 2023: Cámara aprobó informe de comisión mixta y lo despachó al Senado

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La comisión mixta finalmente resolvió las discrepancias parlamentarias en torno al proyecto de Presupuesto 2023, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados y, en consecuencia, despachado al Senado, el último paso que le queda para convertirse en ley tras una turbulenta tramitación.

La Sala de la Cámara Baja visó con 135 votos a favor y apenas uno en contra y dos abstenciones el informe de la comisión mixta, que se constituyó para destrabar los nudos por las modificaciones que ambas corporaciones legislativas le habían hecho al primer erario fiscal propuesto por el Gobierno de Gabriel Boric.

Ambas Cámaras habían aprobado una glosa que obligaba al Ministerio Secretaría General de Gobierno a informar los estudios de opinión que realiza 15 días después de que se han entregado. En la instancia mixta el Gobierno pidió eliminar aquel punto, lo que fue acogido por los diputados y senadores, sin embargo, a cambio de recortar los recursos de la cartera en 1.500 millones de pesos: 1.000 millones menos en bienes y servicios y 500 millones del trabajo de la Secretaría de Comunicaciones.

«Creemos que ya que con esta reposición es un avance significativo para el funcionamiento del Ministerio. No solo hay que ver el funcionamiento de un Ministerio en particular que se encarga de comunicar los distintos programas y servicios del Estado, campañas de interés nacional -ayer lanzamos una de donación de órganos-; sino que también ver las otras propuestas que estaban sobre la mesa, y se logra un sano equilibrio, un acuerdo de los que no son nunca fáciles, pero es un avance respecto a los intereses generales del país», comentó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC). 

La oposición logró también que el Ejecutivo se allanara a redestinar parte de esas platas para fortalecer el Servicio Nacional de Migración y para ayudar a las pequeñas y medianas empresas mediante un nuevo programa radicado en Sercotec, «Reconstruye tu pyme», que apunta a ayudar a víctimas de hechos de violencia enmarcados en el estallido social.

«Hemos introducido materias que para nosotros son muy relevantes, como el aumento de los presupuestos para las expulsiones de los inmigrantes ilegales, y un porcentaje importante de recursos para todas las empresas que están levantándose luego del estallido social y la pandemia», destacó el diputado Frank Sauerbaum (RN).

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Ingresan proyecto para declarar feriado el lunes 26 de diciembre

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El diputado de Renovación Nacional Eduardo Durán ingresó dos iniciativas con las que busca que se declare el lunes 26 de diciembre de 2022 como feriado, y así extender las celebraciones por la Navidad, considerando que el día 25 cae domingo.

Se trata de un proyecto de resolución con el que Durán busca llamar al Presidente Gabriel Boric a considerar que la festividad «es una fiesta familiar«, de acuerdo a un comunicado.

En tanto, el proyecto de ley busca modificar la norma 20.983 promulgada en 2017 durante el Gobierno de Michelle Bachelet, y que declara feriados los días viernes 17 de septiembre, cuando los 18 y 19 de dicho mes caen sábado y domingo, respectivamente. Además, cuando el 1 de enero sea un domingo, se declara feriado el lunes 2.

«He buscado ambas fórmulas porque me parece que el Gobierno podría considerar algunas de las dos alternativas«, dijo Durán de acuerdo el escrito, que sostiene que «el proyecto de ley podría ser perfectamente patrocinado por ellos porque es de sentido común que la navidad es una fiesta tan o más importante que la festividad de fin de año. Hace mucho rato que dejó de ser una fiesta solo de quienes somos cristianos«.

Finalmente, el parlamentario enfatizó que «contar con un feriado más puede ser beneficioso para muchas personas, especialmente para quienes cuentan con emprendimientos o pymes».

Lo anterior, apuntando a los rubros turísticos y gastronómicos, ya que «han sufrido las consecuencias de una inestabilidad económica que ha sido muy perjudicial para la sociedad chilena».

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Sernac y caso La Polar: las mismas marcas dicen que la ropa es falsificada

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El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) cuestionó la versión de La Polar ante las denuncias de Adidas, Under Armour y Columbia por la presunta venta de ropa deportiva falsificada en la multitienda.

La empresa del retail se defendió la semana pasada asegurando que los productos «son originales y cuentan con la documentación de respaldo», al tiempo que acusó que «algunas marcas que hoy denuncian acciones delictivas, sin fundamento, se han negado sistemáticamente a vender sus productos a La Polar, lo cual nos ha obligado a buscar vías directas para importarlos y hacerlos accesibles a todos los consumidores».

En ese sentido, apuntó a Adidas y sostuvo que «se trata de prendas adquiridas directamente desde las fábricas con las que la marca trabaja, y que la misma autoriza para ser vendidos en otros mercados».

El director nacional del Sernac, Andrés Herrera, comentó al medio nacional de radio Cooperativa que «la situación que invoca La Polar la estamos investigando, en el sentido de que ellos están adquiriendo los productos a productores en el extranjero, autorizados por las propias marcas, y por lo tanto, sostienen, hay una trazabilidad y estándares de calidad».

Sin embargo, enfatizó, «más allá del discurso de La Polar, llama poderosamente la atención que sostenga que hay una trazabilidad del ingreso al país de las prendas, cuando son las propias marcas -Adidas, Columbia y Under Armour- las que sostienen que no son productos originales y, de hecho, han accionado en contra de La Polar».

«Quien determina en definitiva si un producto es original o no, es la propia marca«, subrayó el abogado.

Herrera remarcó que «la venta de productos y bienes falsificados, que no cumplen con ciertos estándares de calidad, particularmente en el comercio formal y establecido, es una situación gravísima e inaceptable«, y expuso que en esos casos «la principal responsabilidad en relación con los productos que se comercializan hacia el consumidor es de las propias empresas, que tienen el deber de hacer controles de calidad».

Y La Polar «tampoco ha sido profesional en la información que entrega a los consumidores», reprochó Herrera.

El Sernac está realizando una investigación y llamó a declarar a los representantes legales de la multitienda y también citó a los representantes en Chile de Adidas y Columbia. «Por de pronto, hemos requerido antecedentes a La Polar para que acredite la originalidad de los productos y compruebe lo que ha sostenido públicamente», señaló

«Si se confirma la venta en La Polar de productos no originales o falsificados sería un caso gravísimo que defrauda la confianza de los consumidores, y vamos a tomar todas las acciones dentro de nuestras competencias», sentenció.

El caso estalló la semana pasada, luego de que Carabineros allanó ocho tiendas de La Polar tras recibir una denuncia de la marca Under Armour.

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