El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017 – 2021) aceptó este viernes la petición hecha por el fiscal general, Merrick Garland, y, en un nuevo giro de guion, animó a la publicación «inmediata» de la orden de registro a su casa.

En dos mensajes publicados en la red social Truth, el exmandatario respondió a Garland, quien unas horas antes había solicitado autorización a un tribunal del sur de Florida para que hiciera pública dicha orden, algo a lo que Trump podría haber presentado objeciones si así lo hubiera deseado.

«No solo no me voy a oponer a la publicación de documentos relacionados con la redada impropia de EE.UU., injustificada e innecesaria de mi casa en Palm Beach (Florida), sino que voy un paso más allá y animo a su publicación inmediata», escribió Trump.

El exmandatario tildó lo ocurrido de uso político de la fuerza de la ley, sacó pecho por el supuesto apoyo que tiene en las encuestas y acusó la operación de estar orquestada por la izquierda radical y por sus enemigos políticos.

El registro en casa de Trump el pasado lunes tenía como objetivo encontrar documentos clasificados sobre armamento nuclear que el exmandatario sacó de la Casa Blanca, según publicó este jueves el diario The Washington Post.

El Post, que citó a fuentes anónimas cercanas a la investigación, indicó que la redada responde a la preocupación en el Gobierno estadounidense de que los documentos que Trump se llevó consigo al dejar la Presidencia y que contienen información sensible caigan en malas manos.

Las fuentes no aclararon si la información que supuestamente se encontraba en casa de Trump era referente a armamento nuclear en posesión de EE.UU. o de potencias extranjeras, y tampoco detallaron si efectivamente se encontró este material.

Por su parte, Garland reveló el jueves que autorizó personalmente la decisión de solicitar la orden de registro del pasado lunes a la residencia de Trump en Florida y pidió autorización a un tribunal del sur de este estado para que haga pública dicha orden.

En una breve declaración tras la cual no aceptó preguntas, Garland defendió la legalidad del registro y señaló que este tipo de decisiones no se toman «a la ligera».

Siempre que es posible, aclaró, se opta por medios «menos intrusivos» como alternativa.

Con esta investigación, que también incluye al exministro de Vivienda y actual titular de Transportes, Genier Alvarado, la Fiscalía ya suma seis pesquisas contra Castillo, pese a que la Constitución peruana solo permite acusar al mandatario en funciones por traición a la patria y por impedir elecciones.

Esta es la quinta vinculada a su gestión y la tercera que parte de la presunción de que él es la cabeza de una organización corrupta que presuntamente actúa dentro del Ejecutivo.

Para el mandatario, estas investigaciones, que también salpican a su entorno familiar, forma parte de operación golpista, orquestada presuntamente por quienes ya trataron de arrebatarle el poder cuando se impuso en las urnas en junio del año pasado mediante acusaciones de un inexistente fraude electoral.

El martes, tras las diligencias del Ministerio Público en el Palacio de Gobierno para detener a la cuñada del mandatario Yenifer Paredes, quien se entregó el miércoles a la Justicia, Castillo afirmó ser víctima de una «confabulación entre el Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático» y «tomar el poder de manera ilegal».

La misma insinuación hizo ayer, cuando calificó el arresto de Paredes, a quien crió y se refiere como una hija, como «parte de la lucha» y «de la vida política en el Perú».