En prisión preventiva quedó imputado de cometer diversas estafas en Copiapó
Fiscalía lo consideró un peligro para la seguridad de la sociedad por su modo de operar, por lo que solicitó al Juez de turno la internación del detenido a la cárcel de la capital regional.
La Fiscalía de Atacama, formalizó la mañana de este viernes a un detenido por su responsabilidad en los delitos reiterados de estafa, los cuales cometió durante los días de Fiestas Patrias en Copiapó.
La audiencia en que se comunicaron los hechos fue asumida por el fiscal adjunto de la capital regional, Sebastián Coya González, quien argumentó en la comunicación de cargos que el imputado actuaba de manera preparada en cada una de sus ilícitas acciones. Valiéndose para ello de un supuesto cargo de jefatura de una conocida empresa minera, lo cual le permitía ganarse la confianza de sus víctimas.
“El imputado utilizaba ropa con el logo de esta empresa y decía ser supervisor de la misma, además de tarjetas y un número de RUT para poder comprar mediante factura. A juicio de la Fiscalía el detenido constituye un real peligro para la sociedad, ya que si bien la estafa es un simple delito y no se califican como crímenes, el carácter de éstos y la reiteración con que los cometía dejó de manifiesto que el imputado de dedica a cometer este tipo de hechos. Argumentando el Ministerio Público que esta persona mantiene antecedentes por acciones similares desde el año 1985 en distintas ciudades del país”, dijo el fiscal.
En la audiencia el fiscal Coya formalizó la investigación por seis delitos de estafa y un hurto, todos cometidos en Copiapó y cuyas denuncias de las personas afectadas, llevaron a solicitar al Tribunal una orden de detención en contra de esta persona, procedimiento que fue concretado por personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.
Luego de los argumentos aportados por la Fiscalía y tras la audiencia que se extendió por más de una hora, el Juez de turno accedió a la solicitud del fiscal y ordenó el ingreso del detenido a la cárcel de Copiapó, determinando además un plazo de tres meses para el cierre de la investigación. Agregando el persecutor que el imputado arriesga una sanción efectiva de cárcel, ya que sus antecedentes penales, frente a una futura condena, le impedirían acceder a una pena sustitutiva.
