Fiscales en paro acusan «menosprecio» del Gobierno al no incluirlos en reajuste del 12%
La Asociación Nacional de Fiscales inició este lunes su paralización de funciones en rechazo a la decisión del Gobierno de no incluirlos, al igual que a otros gremios, en el reajuste del 12% que acordó con la Mesa del Sector Público.
La iniciativa, resistida por fiscales, defensores penales y médicos, reajusta en 12% los salarios de los funcionarios públicos que tienen un sueldo de hasta 2,2 millones de pesos; en tanto que contempla un aumento fijo de 264 mil pesos fijos para quienes reciben entre 2,2 y 4 millones mensuales; mientras que no aplica incrementos sobre los 4 millones de ingreso.
Debido a que sobre 2,2 millones de pesos de remuneraciones el incremento será fijo y no proporcional, distintos gremios han acusado sentirse discriminados.
«No podemos entender aún que el Gobierno, en una señal de menosprecio, no considere a los fiscales en el reajuste del 12% en que se consideró al 89% de los trabajadores del Estado», reprochó Francisco Bravo, presidente del gremio de los persecutores este lunes, en el comienzo del paro.
Puntualizó que «no es sólo un menosprecio a los fiscales, sino también a los defensores que hoy se suman a este paro, también a los jueces y a todos los profesionales del sector público, esta señal de menosprecio no la podemos aceptar».
Aseguró asimismo que su postura «no tiene que ver con aumento de remuneraciones como señaló falsamente la ministra de Justicia (Marcela Ríos) ayer, sino que con simplemente exigir un trato igual para rodos los trabajadores del Estado».
«Así no se cuida a la fiscalía«, fustigó Bravo.
Producto de la paralización, se estima que no podrán llevarse a cabo hasta el 85% de las audiencia agendadas. Una de ellas era la formalización del exconvencional Rodrigo Rojas Vade, quien iba a ser imputado este lunes por el delito de estafa y otras defraudaciones contra particulares, pero la instancia fue reagendada para el próximo 13 de febrero.
Solo se realizarán audiencias consideradas urgentes, como aquellas sobre casos de violencia intrafamiliar, de abuso sexual u otros que involucren a niños, niñas y adolescentes.
El proyecto de reajuste fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputadas y Diputados y fue despachado al Senado.
