La tutela de interés público y el Consejo de cuencas ( Patricio Urquieta Garcia, ex Intendente de Región de Atacama )

El Gobierno ha declarado que la problemática social se soluciona llamando a la gente a participar en la toma de decisiones, dotando así de legitimidad a la actuación pública. Lo anterior fundado en que la tutela del interés público corresponde a todos, y no solo a quienes ejercen una responsabilidad pública (estatal o no).   La izquierda señala que una decisión sería legítima (y por tanto correcta) si es aprobada por la gente, y por tanto el Estado sólo puede resolver correctamente los problemas si aquella participa. Eso significa que el Estado sólo funcionaría bien si la gente se involucra activamente en la discusión pública. En consecuencia, si no hay participación ciudadana, el Estado no puede funcionar bien. No podemos compartir esa posición.

¿Es la gente la responsable de las decisiones del Estado? Para lograr un actuar consistente del Estado, primero debiéramos enteder qué quiere la ciudadanía. La gente vive una experiencia individual en la que quiere escoger su proyecto, y por cierto cumplir sus anhelos; y participa de una vida colectiva eligiendo a quienes tomarán las decisiones que afecten a todos. En este aspecto, quiere que el mundo político haga su trabajo, y que las instituciones funcionen. No quiere que la responsabilidad de las decisiones caiga en sus hombros, ni asumir el costo de ella, porque para eso existe la función pública.

El Consejo de Cuencas es una expresión de la visión de la izquierda, que pretende alcanzar una gobernanza (ideas con aceptación transversal) a partir de la participación de la ciudadanía en una instancia mixta (no técnica) que reúne personas con y sin conocimiento de los desafíos del agua, con y sin aceptación de la ley, y con y sin interés en la mejor gestión del agua.  Desde luego, no reúne a toda la gente sino a quienes más influyen (en esta época, quienes más gritan). La experiencia mexicana (un modelo latino de lo que se pretende en Chile) ha sido calificada por la OECD (2013) y la UNESCO (2017) como una que no logró su objetivo por una deficiente conformación velada por el clientelismo. En síntesis, no funciona si el Estado escucha a una minoría con interés electoral que se atribuye la representación de la ciudadanía, y si a sabiendas de esta situación se reúne “por cumplir”.  Para que funcione en forma aséptica una instancia participativa, su conformación debiera privilegiar el genuino interés de sus integrantes por alcanzar el bien común, lo que no acontece cuando una persona encarna exclusivamente uno o varios intereses particulares.

El Gobierno del Presidente Boric es parte de una generación inspirada en la corrección política, cuyo origen en la década de los 70 significó la censura de las razones divergentes con las minorías.  Su necesidad de aprobación por los demás (aún con una profunda diferencia) le brinda una impronta cambiante e irreflexiva en cada asunto público. En definitiva, él y quienes lo acompañan viven del oportunismo político, y cada vez que enfrentan una situación de conflicto le dan la razón a quien presiona por prevalecer. En ese estado de cosas, reparten aprobaciones a diversos intereses incompatibles entre sí (como respaldar a Carabineros y al mismo tiempo indultar a los delincuentes que intentaron destruirlos), haciendo irreconocible la naturaleza política de sus posiciones. Así, la izquierda nos lleva deliberadamente a un escenario generalizado de decepción con la política, creando artificialmente la ocasión para refundar la institucionalidad del país y terminar con la democracia, aún cuando declaren lo contrario. Yo los invito a participar de las elecciones, defender la democracia y elegir mejores gobernantes.