Pedro Castillo elevó a la OEA la crisis política peruana
La Organización de los Estados Americanos (OEA) analizará este jueves la «situación en Perú», después de que el presidente Pedro Castillo acudiera al organismo regional para «defender la democracia y evitar la ruptura constitucional» en el país que, en su opinión, atraviesa por una «modalidad de nuevo golpe de Estado».
El mandatario peruano explicó en un mensaje a la Nación que su decisión de elevar la crispada coyuntura política del país a la OEA responde a la existencia de una serie de «actos lesivos que socavan la institucionalidad democrática, el Estado de derecho, la gobernabilidad y el desarrollo económico» de Perú.
Castillo explicó que apeló a los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana «como mecanismo preventivo para la defensa de la democracia y para evitar la rotura constitucional».
A los ojos del mandatario, hay una suerte de «complot» entre ciertos sectores de la oposición política, el Poder Judicial y la prensa para «quebrantar el orden constitucional y democrático» del país y sacarlo del poder mediante una «modalidad de nuevo golpe de Estado«.
La petición de Castillo ante la OEA se conoció este miércoles pero se formalizó el pasado 12 de octubre, después de que la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, presentara en el Congreso una denuncia constitucional en su contra por supuestamente encabezar una mafia corrupta que tiene el supuesto propósito de amañar contrataciones para obtener ganancias ilícitas de obras públicas.
El jefe de Estado, que negó todas las acusaciones en su contra, dijo que la solicitud al organismo busca que se inicie un proceso de consulta con todas las fuerzas políticas del país, con los diferentes poderes del Estado y las fuerzas sociales «para encontrar un camino que impida una grave alteración del orden democrático en el Perú».
El Ejecutivo y la defensa de Castillo sostienen que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes.
La denuncia constitucional contra el mandatario ahora debe ser revisada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, que también ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que interprete la Carta Magna del país para determinar si se puede proseguir con la acusación contra el gobernante.
