La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó este viernes la fallida ratificación de José Morales como fiscal nacional en el Senado, asegurando que el foco del Gobierno seguirá siendo el mismo para elegir una nueva alternativa: la persecución al crimen.

«Todavía no podemos entrar en ninguna negociación porque hay un plazo en que la Corte Suprema debe reformular la quina. Pero desde el punto de vista del objetivo del Gobierno, el foco no va a cambiar: buscar la persona más apropiada para encabezar la persecución del crimen en nuestro país, ese es el rol de la Fiscalía Nacional«, explicó la jefa de gabinete.

En esta línea, afirmó también que «podrá haber muchas consideraciones y aspectos que mirar, pero ninguno puede hacer perder de vista esto, que es lo fundamental y que le importa tanto a los chilenos, y a las autoridades debe ser lo que más nos importe también«.

Cabe recordar que para aprobar su nombramiento, la Cámara Alta necesitaba el acuerdo de al menos dos tercios de sus miembros en ejercicio, es decir, 33 senadores; sin embargo, el fiscal jefe de Santiago Norte obtuvo sólo 31 apoyos, además de seis votos en contra y ocho abstenciones.

Hay tres posibles caminos para retomar este proceso. Uno de ellos es que la Corte Suprema designe a un nuevo candidato en reemplazo de Morales; la otra es que se designe a dos nuevos candidatos -sumando el reemplazo también de Rodrigo Ríos, quien renunció ayer a la postulación-; y la tercera opción es que se arme de cero la quina con una nueva votación en el Pleno de la Corte Suprema.

OFICIALISMO PIDE QUE SUPREMA «FUNDAMENTE MEJOR» LOS VOTOS

Ante la necesidad de elegir una nueva alternativa para fiscal nacional, el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, solicitó que desde el máximo tribunal haya mayor argumento en la votación.

«Soy muy respetuoso de la independencia de los poderes del Estado. Lo que sí me gustaría, como proceso de nominaciones, que la Corte Suprema pueda fundamentar de mejor manera, no solo votando, por qué le da más votos a uno y a otros no les da ningún, teniendo perfiles muy buenos», advirtió el parlamentario.

«La Suprema puede elegir entre los 12 restantes para completar la quina, y el Presidente tendrá que elegir un nombre que genere consenso en el Gobierno para el liderazgo institucional de la Fiscalía y para los acuerdos en el Congreso«, profundizó el representante RD.

Desde la oposición, en tanto, esperan una mayor coordinación por parte del Comité Político en esta materia y así lograr los votos necesarios.

«Me parece que el comité político de La Moneda y el propio Presidente cometieron un error de apreciación. Creo que simplemente hicieron cuentas para intentar obtener los votos justos», señaló el senador RN Rodrigo Galilea.

Según explicó, en el Ejecutivo «tenían la información de todas las bancadas, y en todas había dudas. Y en un cargo tan importante como el de fiscal nacional, jugarse simplemente a llegar a los votos justos es un error de apreciación».

«Este tipo ojalá estén cerca de la unanimidad«, cerró.

Cuando aún no terminan los coletazos de la dura negociación colectiva que Latam sostuvo con su mayor sindicato de pilotos de vuelos de largo alcance (SPL), ahora es el sindicato de pilotos de Latam Airlines Chile (Siplach) el que iniciará negociaciones que apuntan a recuperar las condiciones salariales existentes antes de la pandemia, cuando la compañía despidió a 240 pilotos y redujo los salarios en 30 por ciento.

Esta vez, se trata de un sindicato que agrupa a 50 pilotos, pero que presenta dos particularidades: se trata de pilotos que cubren principalmente rutas de cabotaje (vuelos nacionales) y regionales y cuya eventual paralización se votaría, de no haber acuerdo, justo a partir del 31 de diciembre, en plena temporada alta, situación que dificultaría cubrir la totalidad de las rutas.

Los otros 72 pilotos de Latam Airlines Chile pertenecen a una organización interempresas creada en 2021.

«Nuestra propuesta es de total justicia: recuperar condiciones de trabajo equivalentes a las que teníamos en 2020, antes de la crisis, que golpeó con particular fuerza a nuestro sindicato. Nosotros pagamos gran parte del ajuste que impuso la empresa, pasamos de 197 pilotos a 106 y luego de la formación del SIEP recién creado en pandemia, a 50, pero, además, nos redujeron los sueldos en 30 por ciento», afirmó el presidente del Siplach, Maximiliano Alcayaga.

En esta línea, indicó que «durante el año y hasta ahora, la empresa no nos ha recibido como directiva y recién el 6 de diciembre nos juntaremos. Nosotros deberíamos votar la huelga, en caso de no haber acuerdo, el 31 de diciembre, justo en el peak de la temporada alta de viajes».

NORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Los severos ajustes que afectaron a los pilotos de Latam Airlines están detrás de la compleja interna laboral que afecta a la empresa. Pese a la normalización de la actividad –con todos los estamentos de la compañía, incluyendo a la alta gerencia, con sus condiciones laborales prepandemia ya recuperadas– los pilotos apostaban a que este fin de año sería el turno de ellos y que volverían a una situación parecida a la que tenían antes de la crisis.

Según Alcayaga, esta aspiración tiene sólidas bases de realidad: en octubre, el tráfico nacional de pasajeros superó por primera vez su nivel prepandemia, según el informe estadístico que elabora mensualmente la Junta de Aeronáutica Civil (JAC). Mientras que para el 2026, la compañía prevé un ebitda acumulado superior a los 10.000 millones de dólares.

OTRAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS

La reactivación que se presentó a partir de este año coincidió con tres negociaciones colectivas. Primero, Latam negoció anticipadamente con el Sindicato Inter Empresas de Pilotos de Latam (SIEP), creado en mayo de 2021 y que agrupa a gran parte de los pilotos que tienen facultades disciplinarias de la compañía. Aquí se obtuvo un rápido acuerdo, que no supuso alterar en lo sustantivo el ajuste de 2020, dice Alcayaga.

En tanto, en agosto se inició el turno de SPL, el sindicato más grande de la compañía, pero las cosas fueron distintas. La empresa le hizo la misma propuesta que al Inter Empresas, pero se encontró con la negativa de los trabajadores, quienes optaron por ir a un proceso reglado (con derecho a huelga).

Luego de cuatro meses de duras negociaciones, el 8 de noviembre, el SPL anunció la primera paralización de actividades en dos décadas. Al día siguiente, y a pocas horas del inicio de la huelga, los representantes de la empresa cedieron a parte importante de las peticiones de los trabajadores y el conflicto se desactivó.

El Ministerio de Salud se reunirá este viernes con la Asociación de Isapres, dos días después de conocerse el nuevo golpe de la Corte Suprema, que les ordenó aplicar la nueva tabla de factores -dictada en diciembre del 2019 por la Superintendencia- a todos sus afiliados y, además, restituirles los cobros en exceso tras implementar la adecuación.

En la previa, el superintendente de Salud, Víctor Torres, resaltó que el fallo «viene a resolver una controversia de años sobre la utilización de cientos de tablas de factores de riesgo que tenían las isapres para calcular el precio final de los planes de salud de las personas: se hecho, hoy existen 995 tablas vigentes distintas«.

El máximo tribunal instruyó un plazo de seis meses para que el regulador determine el modo en que se concretará la adecuación.

Torres puntualizó que deberán analizar los más de 42 mil planes individuales que se encuentran vigentes, de los cuales «más 35 mil todavía mantienen las tablas antiguas, para determinar cuáles de ellos usaron tablas que no correspondían».

«No sería extraño que nos encontremos en los próximos días con alguna decisión quizá drástica de algún grupo propietario de isapres, en el sentido de ya comenzar un cierre de la operación«, opinó ayer el exsuperintendente Patricio Fernández, durante cuya gestión se fijó la nueva tabla. A su entender, la adecuación podría dejar muchos contratos de salud en una situación deficitaria permanente para las aseguradoras y «pone en riesgo la continuidad del sistema privado de salud».