En Maray : Declaración pública federación de medios
A travez de «Rdio Maray» la federación de Medios de Comunicación Social de Chile.
Siendo la defensa y promoción de la libertad de expresión la misión fundamental de la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile, estimamos oportuno contribuir al debate público mediante la presente declaración.
La publicación de una pieza judicial de dominio público por parte de la Revista «Qué Pasa» en que un inculpado incrimina a terceras personas, la posterior reedición de la nota periodística y las disculpas públicas ofrecidas por este medio y, finalmente, la interposición de una querella criminal por parte de la Primera Mandataria en contra de cuatro periodistas de esta revista, han ocasionado un importante debate público derivado de las implicancias que cada uno de estos hechos acarrea para el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa en nuestro país.
Reconocemos y respetamos el derecho de todo ciudadano a ejercer acciones judiciales cuando se considere afectada su honra, incluyendo a las autoridades y altos funcionarios públicos, aun cuando quienes ejercen tales funciones deben estar necesariamente dispuestos a un mayor nivel de escrutinio público y al consiguiente menor umbral de protección de su honra y privacidad.
En tal sentido, el ejercicio de este derecho por parte de quien ejerce la primera magistratura del país, puede tener un grave efecto inhibitorio sobre los medios informativos y el periodismo, que debe ponderarse junto al legítimo derecho de la persona afectada, por cuanto en este caso, es inseparable de su alta investidura.
La interposición de una querella criminal por injurias graves con publicidad en contra de cuatro periodistas de un medio de comunicación, supone que los querellados tuvieron el ánimo de injuriar, lo que en la literatura especializada se conoce como real malicia. En este caso, supone el propósito o intención de la Revista «Qué Pasa» de enlodar deliberadamente la honra de la Señora Presidenta de la República, supuesto que a la luz de los hechos conocidos no parece plausible.
Cualquier posible vulneración de estándares de procedimientos y de normas editoriales que pudiere haber ocurrido, corresponde al ámbito de la ética y de la autorregulación. Para tales efectos, en nuestro país existe el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación el cual es un organismo autónomo, con 25 años de experiencia y trayectoria, integrado por prestigiosos académicos y especialistas calificados para evaluar y ponderar situaciones como esta.
Sus resoluciones -independientemente de las eventuales sanciones a que pudieren dar lugar- tienen el mérito de contribuir a un ejercicio responsable de la libertad de expresión mediante el estudio y análisis reflexivo por parte de los medios y de la ciudadanía interesada, de conclusiones emanadas de un órgano altamente calificado y especializado en la materia.
Estimamos que radicar este debate en el ámbito judicial -solicitando penas de cárcel para periodistas- constituye un mal precedente y un grave retroceso en materia de libertad de expresión e instamos a recurrir a un órgano calificado como es el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación para extraer de este episodio conclusiones que enriquezcan el debate público y contribuyan a un mejor ejercicio del rol informativo de los medios.
