MINERÍA

Juan Ignacio Guzmán (GEM): “Queda mucho camino para tener un sistema de permisos realmente moderno”

El académico y gerente general de la consultora minera le toma el pulso al conjunto de las reformas diseñadas para enfrentar la permisología, que hoy se están discutiendo en el Congreso.

En entrevista con MINERÍA CHILENA, el consultor internacional y CEO de GEM, Juan Ignacio Guzmán, analiza el avance de estas reformas que hoy están en discusión, junto con relevar algunos de sus aspectos críticos.

Llamaría a las autoridades a entender muy bien y revisar las experiencias internacionales de aquellos países que son considerados mineros de clase mundial, y ver de qué forma podemos adaptar esas legislaciones en Chile”, asegura.

Reformas en la dirección correcta

¿Cómo analiza el estado actual de las reformas a la permisología que están en discusión? (Reformas al Sistema de Evaluación Ambiental, Concesiones Marítimas, Ley de Patrimonios del Consejo de Monumentos y la tramitación de Permisos Sectoriales)

Actualmente, obtener una evaluación de impacto ambiental puede tomar dos a tres años de preparación y luego dos a tres años de aprobación, por lo tanto, vamos a estar hablando de entre cuatro a seis años. Pero ese es un permiso, el principal, el cual requieren las empresas mineras para poder tomar la decisión de si van a invertir o no.

En general, si bien el proyecto del gobierno busca reducir el número de permisos, tan o más importante como lograr este objetivo, es también simplificar los procesos de obtención de tales permisos. En ese sentido, creo que todavía hay bastante camino por delante, pero definitivamente las reformas planteadas van en la dirección correcta.

Valorar las experiencias internacionales

 ¿Cree usted que estas reformas puedan llegar a buen puerto en su tramitación, cumpliendo con los plazos establecidos?

Soy optimista respecto a que algunas de estas reformas van a llegar a reducciones en los plazos, y creo que todavía queda mucho camino por delante para realmente tener un sistema de obtención de permisos que sea moderno y que eventualmente también se otorgue un poco más de responsabilidad a las empresas respecto a su forma de realizar la explotación. Por lo mismo, cualquier daño ambiental que llegara a producirse, debe tener los castigos que realmente amerita.

Además, considero que se debe tender hacia una legislación que regule mejor la operación de las empresas mineras para evitar que haya daños ambientales, con castigos que sean suficientemente altos, para que las propias empresas tengan el mayor incentivo a la hora de hacer las cosas bien.

¿Algún otro aspecto que desee destacar?

Es importante resaltar que no tenemos que partir inventando la rueda en relación a este tema de los permisos. Efectivamente, hay países que nos llevan la delantera en el ámbito de permisos ambientales y sociales, y desde ese punto de vista podríamos perfectamente copiar los modelos, haciendo los cambios que sean necesarios para poder abarcar bien la realidad que tenemos en Chile, como lo hacen aquellos países que son mineros, y que tienen que lidiar con la problemática de permisos y que hoy día lo enfrentan mejor que Chile. En particular me refiero a Australia, Canadá, y en alguna medida, Estados Unidos.

Una legislación moderna de obtención de permisos ambientales perfectamente puede mirar la experiencia de países que han sido más exitosos que Chile, por lo que no deberíamos tratar de inventar la forma de hacer esto en Chile.

Por lo tanto, llamaría a las autoridades a entender muy bien y revisar las experiencias internacionales de aquellos países que son considerados mineros de clase mundial, y ver de qué forma podemos adaptar esas legislaciones en Chile, haciendo los cambios que sean necesarios.

Respecto a este último punto, ¿Qué considera usted que tienen esos países que los hace más avanzados en la materia?

En primer lugar, que tienen menos permisos. Y, en segundo lugar, que el Estado confía más en las empresas, lo que hace que las mismas se autorregulen. Ahora bien, si cometen un daño ambiental o social, el Estado las castiga con todo el peso de la ley, imponiéndoles multas, entre otros castigos.

Entonces, al final del día hay una relación de mayor confianza entre las empresas y el Estado, por lo que se ponen los incentivos para que las cosas se hagan bien. Por el contrario, en Chile la relación parte desde la desconfianza.

Fuente:MCh.

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