Contraloría realizará auditoría nacional a transferencias del Minvu a fundaciones desde 2021
La Contraloría General de la República (CGR) ha anunciado el inicio de una auditoría a nivel nacional para examinar todas las transferencias realizadas desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacia fundaciones en el período comprendido entre 2021 y la fecha actual. Este anuncio se produce después de que se descubrieran millonarios convenios entre la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda en Antofagasta y la fundación Democracia Viva, vinculada a militantes de Revolución Democrática.
El equipo especial de investigadores de la CGR se ha instalado en las oficinas de la Seremi de Vivienda en Antofagasta para llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Sin embargo, el alcance del caso se ha ampliado a otras regiones del país, como Atacama, el Maule y Biobío, debido a hechos similares que involucran contratos con fundaciones y traspasos directos de grandes sumas de dinero. Paralelamente, el Ministerio Público también ha iniciado varias investigaciones al respecto.
La Contraloría ha anunciado que se realizarán acciones de fiscalización en otros servicios, en respuesta a las denuncias presentadas por parlamentarios y ciudadanos, así como al análisis de datos masivos realizados por la institución. Las auditorías abarcarán áreas como asignaciones directas, rendición de gastos, ejecución presupuestaria, otorgantes, receptores y otros aspectos relevantes.
En respuesta a estas revelaciones, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, ha declarado que los gastos cuestionados provienen del gobierno anterior y que el presupuesto para 2022 ya estaba establecido antes de que asumiera su cargo. Por su parte, el presidente Gabriel Boric, durante su visita a la Región del Maule, ha enfatizado que los verdaderos afectados por estas irregularidades son los ciudadanos y que los recursos públicos deben destinarse a mejorar la calidad de vida de todos los chilenos.
Estas investigaciones y auditorías reflejan la preocupación por garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos y salvaguardar los intereses de los ciudadanos, así como el compromiso del gobierno actual de abordar cualquier irregularidad detectada en la gestión de recursos en beneficio de la población.
