Magistrados tras polémica por «primera línea»: La ley no nos impone obligación de dictar prisión preventiva
La presidenta de la agrupación que reúne a los jueces, Soledad Piñeiro, indicó en Cooperativa que «no podemos aplicar algo que no se nos ha pedido». Esto luego de la decisión de dejar en libertad a 43 de los 44 detenidos en medio de manifestaciones en Plaza Baquedano.
La presidenta de la Asociación de Magistrados, Soledad Piñeiro, se refirió a las críticas del Gobierno de dejar en libertad a 43 de los 44 detenidos que fueron acusados de pertenecer a la «primera línea» en las manifestaciones. La jueza afirmó que «la ley no nos impone» la obligación de dejar imputados en prisión preventiva.
La polémica nació luego de que se dejara en prisión preventiva solo a uno de los detenidos en medio de las protestas e incidentes en las cercanías de Plaza Baquedano, mientras que 27 de ellos quedó con firma bimensual y los demás -menores de edad- fueron dejados en libertad. Ante ello el Gobierno anunció que apelará a la decisión.
En conversación con Cooperativa, Piñeiro detalló que hay un problema de conceptos en el proceso: «Lo que se ha resuelto por el tribunal es una medida cautelar, no es una sanción; la sanción se aplica al final del proceso penal donde está la sentencia definitiva, entonces no estamos aplicando los conceptos y podemos estar confundiendo respecto de que es lo que se está resolviendo».
La magistrada detalló que una medida cautelar se aplica al inicio de un proceso penal y que tiene como finalidad que la persona «no vuelva a cometer algún tipo de delito» y que generalmente los jueces están «limitados por la petición de las partes».
«No podemos aplicar algo que no se nos ha pedido. Menos aún algo que es más grave de lo que se está pidiendo por las partes. Entiendo, y desconozco el detalle, que la Fiscalía no pidió la prisión preventiva, salvo en un caso. Y se concedió en ese caso», sostuvo.
Piñeiro cuestionó al Gobierno por sus críticas y dijo que «quiero pensar que hay algún tipo de error en el sentido de hablar de sentencia en circunstancias que estamos en etapas preliminares del proceso penal».
«Esto hay que tomarlo con cierto mesura: todas las partes involucradas en una investigación penal tienen derecho, por ejemplo, a recurrir y apelar en este caso, como lo ha anunciado el Gobierno a través de sus autoridades, y están en su derecho a apelar«, señalo.
La jueza acotó que «otra cosa es que algún tipo de comentario atenta directamente contra la independencia de los jueces al momento de resolver, pidiendo cuestiones (…) como que siempre que hay un detenido debiera de dictarse la prisión preventiva. No, no es así, la ley no nos impone esa obligación, por el contrario».
Blumel llamó a «la colaboración de las instituciones públicas»
«El ministerio del Interior, Gonzalo Blumel, señaló que «no quiere polemizar» con esta decisión, pero llamó a las instituciones públicas a trabajar a colaborar en conjunto.
«Yo no quiero entrar a polemizar, porque el orden público en lo que respecta a Carabineros y las policías depende fundamentalmente del Gobierno, pero también el resguardo del orden público requiere la colaboración de todos los poderes y de todos los actores estatales como la Fiscalía, el Ministerio Público y el Poder judicial», puntualizó Blumel.
«Convoco a la colaboración de las instituciones públicas que tiene responsabilidades en materia de impartir la justicia y el orden público», añadió el ministro del Interior.
Fuente:cooperativa.cl
