PAÍS

Cinco de las siete isapres informaron nuevas alzas en sus planes

La Superintendencia de Salud informó este viernes que cinco de las siete isapres abiertas del país comunicaron la decisión de subir al tope máximo (2,6%) el precio de sus planes en 2023.

Se trata de Colmena, Cruz Blanca, Vida Tres, Nueva Más Vida y Banmédica.

Consalud, por su parte, anunció que no realizará ajuste este año, mientras que Esencial, al tener menos de un año de antigüedad, no puede aplicar incrementos.

«Hay que aclarar que esta es un alza sobre el valor de la UF Recordemos que los planes de salud de las isapres están en UF, por lo tanto, es un alza real», señaló el superintendente de Salud, Víctor Torres.

Los resultados de la verificación arrojaron porcentajes de variación de costos interanual entre un 12% y un 2,9%, por lo que las isapres que obtuvieron verificaciones por sobre el indicador sólo podrán aumentar hasta en 2,6% el precio base de los planes de salud, que es el tope máximo del alza establecido por la Superintendencia.

«La Ley 21.350 (que regula el alza de los precios base de las isapres) establece que se genere un indicador por parte de la Superintendencia con elementos objetivos que permitan contener las alzas y no traspasar todos esos costos a los usuarios; si no, aquella (isapre) que informó (un incremento de un) 11% tendría que haber habilitado el aumento de ese porcentaje en los planes de salud de las personas. El efecto de este indicador que crea la ley, entonces, tiene la importancia de que aquellos que sobrepasan (el tope) tienen que bajar (su intención de alza) al 2,6%, porque tienen que hacer más eficiencia en sus costos», explicó Torres.

Las isapres tienen hasta el próximo viernes 31 de marzo para informar la adecuación a sus cotizantes a través de un correo electrónico o una carta certificada. De no hacerlo, el alza no podrá aplicarse.

Además, si el afiliado no está de acuerdo con el alza de su plan, puede recurrir a su isapre, la cual está obligada a ofrecerle otros planes que se ajusten a su cotización pactada o a la cotización legal. Para ello, los usuarios tienen hasta el 31 de mayo para pronunciarse, ya sea aceptando el alza, alguno de los planes alternativos ofrecidos o desahuciando el contrato de salud.

MINISTRA DE SALUD, «COMPLACIDA» POR EL REGRESO DE LAS ISAPRES A LA MESA DE TRABAJO

Después de 54 días, la Asociación de Isapres volvió ayer a sentarse a la mesa de trabajo con el Ministerio de Salud, que aborda la crisis financiera de la industria en medio de la próxima implementación del fallo de la Corte Suprema que ordena a las aseguradoras privadas aplicar la nueva tabla de factores a sus afiliados y restituir los cobros en exceso.

Fue el 27 de enero cuando el gremio anunció la decisión de congelar su participación en la instancia, al constatar «con alerta y preocupación que el Gobierno no tiene a la fecha medidas concretas ni propuesta alguna» para hacer frente a la situación.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, dijo hoy que está «complacida de que las isapres hayan solicitado retomar la mesa de trabajo».

«Nosotros hemos avanzado durante el verano en propuestas y en delinear cuáles son los principios de la propuesta de solución a la crisis de las isapres, que es lo que me pidió el Presidente en el cambio de gabinete, sin ‘perdonazos’ y sin descuidar los derechos de los afiliados», indicó la secretaria de Estado.

«Las isapres tienen que ser parte de las soluciones, así que me parece muy bien que hayamos retomado el trabajo», agregó.

En cuanto a plazos, la ministra especificó que seguirán trabajando con la mesa durante los próximos dos meses y, en caso de necesitar una prórroga para cumplir el fallo, ésta será solicitada a la Suprema de manera formal y con el tiempo suficiente para que pueda ser respondida.

La sentencia del máximo tribunal les ordena aplicar la tabla de factores dictada en 2019 por la Superintendencia y a restituir los cobros en exceso, una cifra que el Ministerio de Salud estima inicialmente en 1.400 millones de dólares, un monto que «sería la lápida del sector» pues -según la Asociación de Isapres- «equivalen a la utilidad total reportada por el sistema en 33 años y son cuatro veces mayores al patrimonio» de la industria.

El dictamen, conocido a inicios de diciembre, dio un plazo de seis meses -hasta mayo- para que la Superintendencia de Salud instruya el mecanismo para implementarlo.

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