Contraloría propone sanciones para 11 funcionarios por la muerte de Lissette Villa
El sumario indica la destitución de las dos educadoras imputadas por los apremios ilegítimos que sufrió la menor
En un extenso sumario administrativo, la Contraloría General de la República propuso sanciones para 11 personas implicadas en la muerte de Lissette Villa en el Cread Galvarino del Sename a inicios del 2016.
Cabe recordar que el Ministerio Público anteriormente formalizó a cuatro funcionarias por apremios ilegítimos en contra de la menor de 11 años, quien falleció por «asfixia por sofocación producto de compresión mecánica externa», según el Servicio Médico Legal.
La Tercera remarcó que en las conclusiones de la investigación de 21 tomos también se recomienda absolver a tres funcionarios indagados en este caso, entre ellos la psicóloga que atendía a Lissette.
Respecto a las educadoras Thiare Oyarce y Conne Fritz, responsables directas de su muerte, la Contraloría indica su destitución por la «grave situación de maltrato, específicamente de perjuicio o abuso físico, que implicó un trato cruel, inhumano y degradante para la niña L.V.P., en absoluto desmedro de sus derechos fundamentales».
Si bien ninguna de las dos trabaja en el Cread hoy en día, si se aplicara esta sanción quedarían inhabilitadas para realizar cualquier trabajo en el servicio público por cinco años.
Existe la posibilidad de apelar a esta resolución una vez que se les notifique, pero por la gravedad del caso y la profunda investigación, es improbable que no se sigan las instrucciones del ente contralor.
Los altos mandos
Por otro lado, la Contraloría propuso una suspensión de su empleo por dos meses para la ex directora metropolitana del Sename María José Montero, acusada de un reprobable manejo del excesivo número de residentes en Galvarino, lo que implica una falta a los deberes de su anterior cargo administrativo.
La investigación también plantea reducir su salario a un 50 por ciento en dicho periodo, además de imponer un demérito de seis puntos en su calificación.
En tanto, se acusa a Patricia Monje Lutjens, entonces directora del Cread Galvarino, de faltar a sus deberes funcionarios al no cumplir con los protocolos existentes para tratar las crisis de los menores, y por lo tanto, también se sugiere para ella una suspensión de dos meses con la mitad del sueldo y un demérito en su calificación.
Finalmente, la Contraloría absuelve a la ex directora del Servicio Marcela Labraña, pues no se determinó que fuese responsable de las vulneraciones que sufrió la menor. La Fiscalía tampoco perseveró la indagatoria contra ella.
