Juzgado de Quillota liberó a banda de nueve imputados por trata de personas
Luego de siete horas de audiencia, el Juzgado de Garantía de Quillota dejó en libertad a nueve personas acusadas de conformar una banda, con vínculos internacionales, que se dedicaba a la trata de personas para su explotación sexual en Chile.
Tras más de un año de investigación, la «Operación SX», como fue denominado el procedimiento de la Policía de Investigaciones (PDI), logró esta semana la captura de los sujetos, quienes -según el Ministerio Público- reclutaban a las víctimas provenientes del norte de Sudamérica, como Colombia y Venezuela.
Además del delito de trata de personas, los nueve fueron formalizados este viernes por asociación ilícita y lavado de activos, por hechos presuntamente cometidos en dos inmuebles de Quillota, uno en La Calera y uno en San Felipe.
Durante la audiencia, la fiscal Gabriela Fuenzalida sostuvo que se formó una asociación estructura, con roles específicos para la comisión «reiterada, sistemática y permanente» de estos crímenes, cuyas víctimas eran principalmente mujeres colombianas y venezolanas, algunas de las cuales ingresaban a Chile vía aeropuerto y otras por pasos ilegales.
«(La banda) Tenía la finalidad central de promover y facilitar el ingreso al país de mujeres extranjeras para que ejercieran la prosutución. La captación se realizaba a través de terceras personas y de diversas páginas web dedicadas al comercio sexual, tanto nacionales como extranjeras, así como por los propios miembros de la organización criminal», señaló la persecutora.
«Las mujeres eran publicadas en una página que era administrada por la organización criminal, en otras páginas dedicadas al comercio sexual e, incluso, en medios de prensa escritos de la comuna de Quillota», comentó Fuenzalida.
Pese a estos antecedentes, la jueza de garantía Laura Catalán estimó que hay relatos de testigos que debilitan las figuras de los delitos, con versiones, por ejemplo, que decían relación con que las mujeres venían a Chile por sus propios medios y en conocimiento de las actividades.
Finalmente, todos los imputados quedaron con arraigo nacional y cuatro de ellos con arresto domiciliario nocturno.
La jueza Laura Catalán estimó que faltaron antecedentes para sustentar el delito base de trata de personas con el fin de ejercer la explotación sexual y la prostitución.
«Se desprende de la declaración de las testigos mujeres que estas ingresan por sus propios medios al país. Por otra parte, ellas con pleno conocimiento aceptar la oferta que se les realiza para trabajar y ejercer la prostitución -explicó- más aún, algunas deciden voluntariamente irse para posteriormente volver voluntariamente al mismo lugar«.
«Al debilitarse las dos figuras delictivas base, se desvirtúa la posibilidad de configurar el delito de asociación ilícita y de lavado de activos. Si bien el Tribunal pudo observar una serie indicios en forma aisladas, se requieren más y mejores antecedentes para poder arribar a la conclusión que ha expuesto el Ministerio Público«, cerró.
