Tulio Arce acusó al subsecretario Ignacio Suárez y a asesores de la titular de Justicia de pedirle contratar al ex presidente de la Anfup, Pedro Hernández, militante de la DC, como jefe de la Unidad de Participación Ciudadana.

El ex director nacional de Gendarmería, Tulio Arce, acusó al entorno de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, de ordenarle ascensos de funcionarios en determinados puestos de la institución.

En entrevista a CNN Chile, el ex gendarme acusó al subsecretario de la cartera, Ignacio Suárez, y a asesores de la ministra de pedirle contratar al ex presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), Pedro Hernández, militante de la Democracia Cristiana, como jefe de la Unidad de Participación Ciudadana.

“Le advertí al subsecretario de lo poco viable y poco transparente que podía ser nombrar a una persona que era dirigente sindical y que además asumiera un cargo de jefe de departamento, que históricamente nunca se había dado en la unidad, a pesar de que era facultad del director nacional de poderlo nombrar”, expresó.

Agregó que “me insistieron con que lo nombrara jefe de ese departamento” y que obedeció “pues como director de Gendarmería estoy subordinado al Ministerio de Justicia”.

Al ser consultado si creía que este ascenso tenía el objetivo de abultar la pensión de dicha persona, Arce respondió que “siempre pensé que a este funcionario asignarle la jefatura de este departamento, que era de Participación Ciudadana, era realmente para poder desarrollar una labor y un desafío dentro de la institución”.

Añadió que “creo que fue incorrecto éticamente y también procedimentalmente. Dentro de los gremios existen ciertos códigos en que no deben asumir o no deben pedir algunos favores o tampoco algunos cargos ni aumentos de sueldo (…) aquí en esta situación, esta persona percibió un mejor sueldo y se fue en un momento inesperado”.

Aclaró que Blanco no le pidió directamente ascenso, “porque la ministra no me daba instrucciones directas sino que a través de sus asesores o su gabinete” y señaló que debe ser la secretaria de Estado quien debe responder si esta medida se debió a un “criterio técnico”.

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