Ley Ricarte Soto: Minsal admite que “nos faltó marcha blanca”

Transcurridos seis meses de la entrada en vigencia de la normativa que creó el Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, conocida como Ley Ricarte Soto, los principales actores involucrados en esta iniciativa expusieron sus reparos y críticas a la forma en que ésta se ha implementado.

Ad portas de que a fines de junio o principios de julio se dicte el segundo decreto que debiera incorporar nuevos diagnósticos y tratamientos para quienes necesitan terapias costosas y que debiera regir desde enero de 2017, el coloquio “Ricarte Soto: Cuando el costo duele más que la enfermedad” del Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS) de la Universidad San Sebastián, desmenuzó el funcionamiento de la norma legal que fue el resultado de la marcha de los enfermos que lideró el fallecido periodista en 2013.

Según el análisis de la directora de la Fundación Me Muevo, Cecilia Rodríguez, “los problemas más graves son de distintas índole: desde médicos que consideran que las terapias que fueron incluidas en la ley no son las adecuadas para iniciar los tratamientos con los pacientes, falta el registro de los médicos en el sistema informático, otros médicos que lo encuentran lento y complejo para hacer este registro, no tener la red de prestadores. Es multifactorial”.

Recalcó también a que sin una marcha blanca “la implementación ha sido compleja porque no todos están dialogando, lo que se ve en que hay patologías Auge que han entrado a la Ley Ricarte Soto”, a lo que sumó que en artritis reumatoide 3 mil personas necesitan terapia de alto costo, y sólo 180 están incorporados a la ley.

En este aspecto, la asesora jurídica del ministerio de Salud, Andrea Martones, destacó el carácter universal de esta normativa, al tiempo que recogió el guante en cuanto a que faltó un rodaje en la puesta en marcha de la iniciativa para medir efectos, cobertura, etc.

“Siempre es bueno en la implementación de políticas públicas una marcha blanca, pero la implementación en el sistema privado con los prestadores, puntualmente, es que dentro de los requisitos que estaban en la normativa y que tuvimos que cambiar, tenían que transparentar los conflictos de intereses, medida a la que éstos se negaron”, explicó.

Por esta razón la también precursora de esta legislación, dijo que “queremos los más altos estándares de transparencia, entonces siempre es bueno una marcha, pero puesto en la necesidad de satisfacer las necesidades urgentes de la población, está claro que preferimos pasar el chascarro en vez de postergarles a las personas el derecho al acceso a su medicamento”.

“NO HA CUMPLIDO LAS EXPECTATIVAS”

A su turno, la diputada independiente Karla Rubilar mencionó que la Ley Ricarte Soto no ha cumplido con las expectativas, por cuanto sólo ofrece una cobertura de un 47% de lo proyectado, y porque las terapias incluidas ya eran cubiertas por Fonasa.

“Hay muchas cosas que no están funcionando como debieran”, afirmó, subrayando que a penas hay 2.035 pacientes ingresados y se supone que iban a ser más de 4 mil. Asimismo, del total de $90 mil millones asignados para dar cobertura a las enfermedades de alto costo, se han gastado a penas $8 mil millones y hay $13 mil millones en proceso de pago.

“Entonces, cuando uno ve que hay pacientes que siguen esperando sus medicamentos, que sus enfermedades ingresen y vemos que se han gastado $13 mil millones de los $90 mil millones y que entraron sólo 11 patologías de la enorme cantidad que hay, uno dice que algo no está bien. No era el espíritu de la Ley Ricarte Soto”.

La legisladora enfatizó que tanto el fallecido periodista como las agrupaciones que llevaban muchos años luchando “pensaban en un fondo que permitiera acceder a pacientes que necesitaran medicamentos con alto costo, independiente de si era elegir una patología o no y, lamentablemente, terminó en un Auge II; con discriminación y diferencias”.

TRABAJO EN EQUIPO

Representantes de distintas asociaciones que asistieron a la  actividad, solicitaron que se los incorpore para trabajar en equipo, sino de lo contrario “es una falta de respecto a nuestra dignidad”.

Otro de los aspectos que plantearon en el panel de conversación fue la disminución de los ensayos clínicos en nuestro país, lo que se en palabras del director de la medicina de la U. San Sebastián, Víctor Zárate, es “porque la ley restringe libertades que existían antes y los investigadores tienen que ser responsables de los beneficios como de los problemas que pueden generar las terapias en investigación, y ante esas responsabilidades los investigadores prefieren no arriesgarse”.

TECNOLOGÍAS SANITARIAS

La decisión de incluir ciertos diagnósticos y terapias debe estar sujeta a estrictos criterios de evaluación de tecnologías sanitarias y de revisiones de costo efectividad que resguarden el valor científico, económico y social. Una definición que no ha estado exento de falta de transparencia señalaron en el panel.

Es así como para Cecilia Rodríguez el país se “está farreando una conversación de que no tiene que ver con el gobierno de turno, sino con procesos justos de la toma de decisiones de financiamiento en salud”, lo que para Zárate se traduce en que se necesita avanzar en un sistema más transversal “el actual gobierno ha tenido una postura clara: prefiere tener este análisis y toma de decisiones de forma interna”.

“Otros investigadores, asociaciones y universidades creen que tiene que ser de forma independiente y por lo tanto, tiene que ser externo al gobierno o parte de él, pero totalmente independiente”, recalcó el académico.

La ley en régimen explicó Martones, cumplió con criterios como la definición del umbral de alto costo, evaluación de impacto y recomendaciones priorizadas y ante la eventual competencia dentro de la ley, entre enfermedades raras y las de alto costo, adelantó que se esperaría estos tratamientos se traspasen al Auge.

“Son criterios Auge no Ley Ricarte Soto. Entonces, dejamos un mecanismo abierto y de conversación permanente entre ambos regímenes, de tal modo que si en algún modo algún medicamento que hoy día si lo hace competir en costo efectividad y prevalencia- porque esa es la lógica Auge- pueden entrar a Ricarte Soto y una vez que cumplan condiciones puedan pasarse al Auge. Por eso es que esta ley permite trasvasije y que todos los tratamientos van a quedar en el tiempo en la Ley Ricarte Soto, sino que también ser traspasado al Auge”.