La ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, que recientemente entró en vigencia, considera a las y los menores de edad como verdaderos sujetos de derecho, dejando atrás la concepción adulto centrista que objetivizaba a personas con una opinión, con intereses, pero consideradas incapaces para algunas actuaciones de la vida adulta.

La judicialización de niños, niñas y adolescentes (NNA), sea en contexto proteccional por vulneración grave de sus derechos o por disputas de sus padres o adultos custodios, ha hecho necesario visualizarlos y sobre todo enfocar el proceder y decisiones que los afectan, desde una perspectiva de respeto y protección que garantice su desarrollo integral; y para eso el Estado ha debido desplegar sin limitaciones, el máximo de los recursos para cumplir ese mandato legal.

A partir de lo anterior, se ha establecido en la Ley Nº 21.430, que todo NNA debe ser representada (o) por un abogado (a) especialista en materias de familia, infancia y adolescencia, bajo sanción de declarar nulo el procedimiento si este requisito no se cumple.

Lo anterior se ha vuelto un verdadero desafío, teniendo en consideración que la formación académica y profesional de los abogados y abogadas se enfoca – desde la litigación-  a la defensa de intereses de adultos desde una postura generalmente controversial donde se disputa la pretensión del cliente.

En el caso del abogado de un NNA debe defender los derechos e intereses de su cliente menor de edad, que se enfrenta a situaciones familiares complejas, que indudablemente generan ansiedad, angustia miedo, conflictos de lealtades, entre tantos otros sentimientos, de manera que la perspectiva profesional ya no es controversial, sino más bien objetiva con un fin único que no es otro que defender el interés manifiesto de su cliente, en la medida que no afecte su interés superior. Tarea no menor.

Después de cuatro años de tramitación -y de incertidumbre- la discusión sobre el Royalty Minero sigue entrampada en el Congreso. Luego de las últimas indicaciones que presentó el Ejecutivo, se abrió una discrepancia entre las cifras de carga efectiva presentadas por el gobierno y aquellas que expone la industria minera, centros de estudios y académicos.

Según los datos presentados por Hacienda, la carga efectiva de la minería nacional actualmente oscila entre 33% y 35%.  De aprobarse la actual propuesta, se aumentaría hasta un 43% la carga total.

Las estimaciones de la gran mayoría de especialistas distan mucho de estas apreciaciones. El último estudio que hemos conocido fue presentado por la prestigiosa consultora Deloitte, donde se indicó que los impuestos que paga actualmente la minería son de un 38% a un 40% en promedio. Con el proyecto actual de royalty, podría haber tasas de hasta 50%. Cifras similares han publicado organismos de gran reconocimiento en el análisis de economía minera como la consultora con sede en Reino Unido, CRU, o el Centro de Estudios del Cobre (Cesco) en Chile, además de una lista de académicos.

Con cargas tributarias de esa naturaleza, Chile cobraría impuestos muy por sobre competidores mineros como Perú, Australia y Canadá, haciéndonos menos atractivos.

A lo anterior se suman naciones que hasta ahora no tenían una participación relevante en el mercado del cobre, pero que han comenzado a ganar terreno en el horizonte de los inversionistas. Es el caso de la República Democrática del Congo, cuya mina Kamoa Kakula -controlada por capitales chinos, canadienses y locales- alcanzará por sí sola una producción comparable al 14% de la producción total de nuestro país.

En ese contexto, nos parece urgente cambiar el rumbo e incentivar la inversión en Chile que alguna vez tuvo un 36% de la participación mundial de la producción cuprífera y que hoy es solo de un 26%.

En la Región de Atacama, nos importa proteger la cartera de inversiones mineras. De acuerdo con datos de Cochilco recientemente actualizados, en Atacama se invertirán US$19.515 millones en proyectos mineros hasta 2031.

Esperamos que el 2023 entrante pueda reenfocar la conversación, a reconocer el contexto actual y volver a poner a Chile en la senda del liderazgo minero internacional, despejando de una vez este proyecto de royalty y abriendo mejores perspectivas para nuestro ecosistema minero.

En la industria minera los trabajadores son lo más importante. Sin ellos no habría producción. Cada persona juega un rol fundamental en la operación y, si falta uno, se generan problemas de incumplimiento de contratos, o la falla en especialistas y técnicos certificados pueden detener la faena. Pensemos ahora, ¿qué pasa cuando ocurre un accidente? No solo te quedas sin la persona para seguir operando, sino que, además, se necesita un reemplazo y si el accidente se produjo en el lugar de trabajo, puede detenerse la operación para investigar y hallar las causas. El impacto es enorme, para el trabajador, su familia, su cuadrilla, la empresa y la operación.

Varios intentos de uso de Inteligencia Artificial (IA) para la predicción de accidentes se han realizado en Chile y el mundo. Un ejemplo es el uso de las cámaras de tránsito en autopistas para identificar patrones y variables. En aeropuertos, existen modelos para reconocer objetos desatendidos y olvidados como equipajes y maletas, e incluso, se utilizan patrones de comportamiento que permitirían identificar situaciones de riesgo. Algunas aseguradoras utilizan algoritmos para determinar un scoring y riesgo, considerando comportamientos e históricos del conductor para generar deducibles en seguros. Se pueden implementar cámaras que permitan alertar cuando una persona ingresa a zonas prohibidas o de alto peligro, o sin los elementos de protección personal (EPP).

Sin embargo, todas ellas son soluciones que permiten analizar las zonas donde se encuentren las cámaras y, en las faenas mineras, muchas veces la conectividad es un problema para la transmisión de datos a la nube.

Existe una enorme oportunidad en la analítica de datos históricos, que se han ido almacenando por años de acuerdo a las normativas de seguridad. En Chile particularmente existen numerosos protocolos y procedimientos que tienen como objetivo anotar conductas en las diferentes faenas, donde el propósito es identificar aquellos factores que influyen en la ocurrencia de accidentes.

¿Por qué no analizar todos esos datos de conductas, fichas diarias de observación, accidentabilidad y variables externas para así generar una matriz de riesgo 2.0? Sin mayor infraestructura, ni cámaras, ni dispositivos. Es posible, siempre y cuando la data sea suficiente determinar qué factores y variables son las que tienen mayor incidencia en un accidente. Determinar dónde y cuándo puede ocurrir es tener una bola de cristal a nuestro servicio.

Ciertamente hay que considerar que la predicción no es un 100% eficaz, ni ningún método dirá con total certeza qué puede ocurrir, pero podemos llegar a un nivel donde la herramienta permita tomar decisiones estratégicas enfocadas en acciones preventivas en capacitación, formación y prevención, para que así sigamos disminuyendo los accidentes en función de nuestros trabajadores.