Las claves para dimensionar el costo fiscal de la nueva Constitución
«Esta no es la única perspectiva ni la más importante para analizar la propuesta constitucional, pero es una arista que creemos relevante y que es importante que se considere».
Con esas palabras, Claudia Martínez, profesora titular del Instituto de Economía de la Universidad Católica, explicó que el objetivo principal del reciente estudio que elaboró junto a otros académicos e investigadores y que entregó una estimación del costo fiscal anual que tendría la implementación de la nueva Constitución, en caso de que sea aprobada por la ciudadanía en el plebiscito del próximo 4 de septiembre.
«No tenemos toda la verdad; lo importante que queremos dar es el orden de magnitud de cuánto podría salir esta propuesta», defendió la académica en una conversación con el medio nacional de radio Cooperativa
Aplicando una metodología similar a la que se utiliza cuando se estiman las implicancias fiscales de un proyecto de ley a través de informes financieros o cuando se estiman los costos de un programa presidencial, Martínez y Rodrigo Valdés, de la Escuela de Gobierno de la UC; Andrea Betancur, de la U. de Talca; Guillermo Larraín, de la U. de Chile; Gabriel Ugarte y Rodrigo Vergara, del Centro de Estudios Públicos (CEP), modelaron dos escenarios base para proyectar el gasto: uno bajo, más conservador en materia de provisión de servicios y gastos, y otro alto.
Según sus conclusiones, en el escenario bajo, el costo total anual es de 8,9% del PIB, lo que equivale a unos 28.500 millones de dólares, mientras que en el escenario alto (menos conservador) el monto se eleva a 14,2% del PIB, lo que corresponde a 45.000 millones de dólares anuales.
Con estos números en el horizonte, Martínez explicó que actualmente el fisco recauda en torno a un 20% del PIB en impuestos anualmente. Es decir, «tendríamos que recaudar 8,9 puntos más y pasar a 29% (en el escenario bajo), o 14 puntos más (en el alto), a 34%», para hacer realidad lo dispuesto por la nueva Carta, comentó.
Otra forma de medirlo, según Martínez, es con relación a la reforma tributaria que envió el actual Gobierno de Gabriel Boric al Congreso, que busca recaudar 4 puntos del PIB: en el escenario bajo, se necesitarían más de dos reformas tributarias, mientras que, en el alto, el financiamiento equivale a tres reformas tributarias y medias.
La académica de la UC detalló que en el análisis se distinguen tres tipos de gastos: el gasto anual recurrente directo, para satisfacer el mandato; gastos recurrentes en administración estatal (por ejemplo, la creación de una nueva institución); y gastos no recurrentes por ajustes de stock que, por una sola vez, son necesarios para cumplir ciertos estándares (por ejemplo, el déficit en vivienda digna).
Con base en lo anterior, la estimación baja apuntó un costo total anual de 7,1% del PIB de costos en régimen y 1,8% de costos por ajuste de stock en 10 años; mientras que la alta se descompone en 11,4% y 2,7%, respectivamente, de los tópicos mencionados.
«En el escenario bajo, si sumamos todos estos pequeñitos gastos administrativos, nos da un 1,1% del PIB y, en el escenario alto, un 2,2%», detalló Martínez.
La experta apuntó que «un punto del PIB cuesta harto recaudarlo. Otra forma de pensarlo en la misma reforma tributaria que mandó esta administración es que se dice que el impuesto a la riqueza va a recaudar 0,48 puntos del PIB. Entonces, necesitaríamos dos impuestos a la riqueza para financiar el gasto administrativo en el escenario bajo y cuatro en el escenario alto, de acuerdo a nuestras estimaciones», agregó.
